PROTECCIÓN SOCIAL IRRENUNCIABLE

Esta crisis económica ha permitido evidenciar dos formas de entender la acción política más allá de los discursos ideológicos que diferencian a conservadores y progresistas. Desde el principio, el debate político se planteó como una lucha entre la confianza que los socialistas hemos querido transmitir a la sociedad –algo fundamental para establecer las bases de la recuperación- y el catastrofismo sin paliativos con que la derecha ha querido y quiere jugar electoralmente. Porque no se trata de mero pesimismo, que ya de por sí sería censurable, es que el objetivo primordial del PP, no debemos olvidarlo, es gobernar España y Andalucía, y para ello utiliza, fundamentalmente, la estrategia de la exageración, la distorsión de la realidad e incluso, si se presenta la oportunidad, la mentira.


La otra diferencia clara en cuanto a la actitud frente a la crisis afecta a la piedra angular de la acción política del Gobierno socialista: la protección social. Y aquí el PP ha sido coherente, de eso no cabe duda, puesto que en el 2002 bastó un bache económico, apenas nada comparado con la situación internacional tan adversa en que nos hemos visto envueltos, para que el Gobierno de Aznar decretase –inconstitucionalmente, tal y como sentenció el alto Tribunal- el recorte de protecciones sociales, abaratando el despido, suprimiendo los salarios de tramitación y recortando las prestaciones de desempleo. Cuatro años antes, en 1998, siendo ministro de Trabajo Javier Arenas, el Gobierno del PP recurrió ante el Constitucional -que no le dio la razón- la decisión de la Junta de Andalucía de subir las pensiones no contributivas.

Produce escalofríos imaginar, ante estos antecedentes, y ante la propia posición que al respecto mantiene hoy el PP, lo que hubiera podido ser la respuesta a la crisis por parte de la derecha española. Desde el primer momento, criticó duramente la decisión de Gobierno socialista de mantener, e incluso aumentar, la protección social con el fin de que ningún ciudadano se viera abandonado a su suerte en un momento tan difícil. Porque cuando hablamos de desempleo, cuando hablamos de problemas económicos, en el PSOE hablamos fundamentalmente de personas que lo están pasando mal, de ahí que en 2009 hayamos aumentado un 17% el gasto social, que se haya incrementado en un 80% la financiación de la dependencia, que se haya mantenido el esfuerzo en becas de estudio, que se vayan a incrementar por quinto año consecutivo las pensiones mínimas o que se haya creado una medida extraordinaria y novedosa para apoyar a los desempleados que ya agotaron las prestaciones establecidas, y que tendrá efecto no desde el 1 de agosto, como se determinó inicialmente, sino desde el 1 de enero, tal y como el Gobierno ha consensuado con los agentes sociales y los grupos políticos.


Nada de esto es un despilfarro, como una y otra vez repite el PP. Es sensibilidad institucional, es solidaridad, es decencia política y es, también, inversión en futuro, en fortaleza como país, en cohesión social, en justicia. En el escenario para después de esta crisis no veremos el resultado de haber recortado la protección social –es decir, de haber procedido a una desprotección social- que tan duramente podría afectar a las familias más golpeadas por la adversidad económica. Y por cierto, no es en absoluto un desatino pretender que los ciudadanos menos afectados por la crisis, solidariamente, ayuden a que las necesidades de protección social sigan estando garantizadas, teniendo en cuenta que en cualquier caso la presión fiscal quedaría por debajo de la media europea y sería inferior a la que existía en el 2004. Quienes, desde posiciones de ventaja, se muestran contrarios a esta medida temporal, ¿podrían mirar a la cara a las familias que peor lo están pasando y decirles: ¿conmigo no contéis?