Retorno voluntario

El Gobierno ha aprobado una medida muy positiva dirigida a los trabajadores extranjeros no comunitarios, más aún teniendo en cuenta la situación económica que atravesamos.
Se trata del Plan de Retorno Voluntario de Inmigrantes, una iniciativa que permitirá cobrar de forma anticipada toda su prestación por desempleo a los trabajadores inmigrantes no comunitarios que decidan retornar a su país de origen. Acaba de ser aprobada en Consejo de Ministros y se tramitará en el Parlamento por vía de urgencia.
Los objetivos de esta medida son, por un lado, ayudar a los trabajadores extranjeros que han perdido su trabajo en España a que puedan volver a su país, pero con más posibilidades de futuro que cuando vinieron porque han adquirido formación y experiencia que les aporta ventajas para encontrar trabajo en su propio país, y porque el cobro acumulado de su prestación por desempleo les proporciona unos recursos económicos que favorecerán su reinserción laboral o también, por ejemplo, que puedan montar un negocio.
Esta medida tiene carácter voluntario y supone abrir una oportunidad para quienes han perdido su empleo en España y tienen el lógico deseo de volver a vivir y trabajar en su país originario. En nuestra provincia hay más de 7.000 inmigrantes potenciales beneficiarios de esta medida y ya pueden informarse en las oficinas del INEM o en su oficina virtual.
Se podrán acoger a este plan los trabajadores extranjeros de los 19 países con los que España tiene suscritos convenios bilaterales en materia de Seguridad Social (Marruecos, Ecuador, Colombia y Rusia, entre ellos). La cuantía de la prestación económica que recibirán dependerá de la que tengan reconocida, en función de las cotizaciones que acrediten.
El abono de la prestación por desempleo se realizará en euros y en dos plazos: el 40 por ciento en España, una vez reconocido el derecho, y el 60 por ciento restante en su país de origen.
Los trabajadores inmigrantes que decidan acogerse al plan deberán retornar efectivamente a su país de origen y comprometerse a no volver a España en un plazo de tres años. Esto es para contribuir a lo que se denomina “migraciones circulares”, que permiten a los trabajadores extranjeros decidir su estancia en España de acuerdo tanto a las oportunidades laborales de su país de origen como a las del nuestro.
Es decir, frente a la retórica insolidaria y antisocial de los representantes del PP, el Gobierno, con medidas como ésta, busca que los extranjeros no comunitarios tengan oportunidades en sus países de origen, con lo que sirve también a crear riqueza en esas zonas y, por lo tanto, a frenar la inmigración irregular.

Mármol de Macael

El senador Diego Asensio en la inauguración de la exposición 'Escultura', de Evaristo Bellotti, junto con el presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Benito Gálvez, el delegado del Gobierno de la Junta, Manuel Recio, el director-gerente de la Escuela del Mármol de Andalucía, Miguel Morilla, y la delegada de Empleo de Almería, Francisca Pérez.

Inmigrantes y vendimia

En su ansia por desprestigiar al Gobierno y por generar mayor incertidumbre entre los ciudadanos con el único objetivo de aumentar los efectos de la crisis, Mariano Rajoy ha realizado unas declaraciones en las que mezcla la situación económica, los inmigrantes desempleados y los andaluces que van a la vendimia que, a mi juicio, han sobrepasado el límite.
Rajoy, asesorado y respaldado por Javier Arenas, mintió en relación a los andaluces que trabajan en la vendimia francesa y también se coló cuando cuestionó el hecho de que haya desempleados extranjeros cobrando el paro.
En primer lugar, creo necesario recordar que la mejor forma de integración es la que se basa en la igualdad de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos que viven en España. Si nuestro país es tierra de acogida de inmigrantes es porque vienen buscando un futuro mejor y porque nuestro sistema productivo los necesita.
Rajoy, con sus declaraciones, no sólo cuestiona un derecho de todos los trabajadores, independientemente del país donde hayan nacido, sino que, además, actúa irresponsablemente ya que tales palabras pueden generar los recelos de la población de origen hacia el extranjero.
También es falso que el Gobierno socialista haya dado papeles para todos, como insiste permanentemente el PP. El Gobierno socialista llevó a cabo un proceso que vinculó la regularización del inmigrante que ya estaba en España a un contrato de trabajo, promoviendo una gestión de la inmigración ordenada y legal.
Quien regularizó a inmigrantes sin ningún tipo de documentación oficial fue el Gobierno del PP, y en Almería vivimos las impresionantes colas que se generaron en los alrededores de las oficinas de extranjería de la ciudad durante aquellos procesos.
Los inmigrantes no vienen a quitar el trabajo a los españoles, tal y como quiere dar a entender Mariano Rajoy, al contrario, los necesitamos y, de hecho, le recuerdo que los más de dos millones de extranjeros afiliados a la Seguridad Social contribuyen a pagar casi un millón de pensiones de todos los trabajadores.
Pero es que Mariano Rajoy también mintió cuando dijo que este año 20.000 andaluces, por la crisis, volvían a ir este año a la vendimia. En primer lugar, decirle al señor Rajoy que a la vendimia no sólo van andaluces, van también trabajadores de otras provincias y, en segundo lugar, que no son 20.000. Los datos reales son 12.000 (de ellos 8.800 andaluces).
Cuando Rajoy dice que “volvemos a tiempos pasados” en realidad lleva razón porque se refiere a los suyos: cuando él era vicepresidente del Gobierno en el año 2002 fueron a la vendimia 15.000 españoles, las cifras más altas registradas en España en los últimos siete años.
De modo que ya está bien de tratar de engañar a los ciudadanos con datos falsos. Es verdad que estamos en una situación económica muy delicada, que hay muchos ciudadanos que se han quedado sin empleo, pero hay que trabajar de forma rigurosa y responsable, con medidas que verdaderamente contribuyan a reactivar la economía, no con una ristra de mentiras e imprecisiones que lo único que aportan a esta situación es mayor incertidumbre y desconfianza.

Facultad de Medicina

Desde que en los últimos meses se viene hablando de la creación de un número considerable de facultades de Medicina en nuestro país, en nuestra provincia se ha suscitado un movimiento educativo, político y social muy positivo que reivindica que uno de esos centros se ubique en la Universidad de Almería (UAL).

En PSOE de Almería hemos expresado desde el primer momento nuestro interés por que la UAL pueda albergar una Facultad de Medicina, por las consecuencias tan positivas que dichos estudios pueden tener para nuestra provincia no sólo en materia educativa, también a nivel social y económico.
El PSOE de Almería ha promovido en este sentido varias iniciativas políticas. En primer lugar aprobamos en nuestro Comité Provincial una Resolución para instar a las distintas instituciones a que inicien los trámites y gestiones necesarias para que la UAL aloje los estudios de medicina. A continuación, dicha Resolución se materializó en mociones distribuidas en todos los ayuntamientos (tanto en los gobernados por el PSOE como en los que no) y también en la Diputación Provincial de Almería, así como en la elaboración de una Proposición no de Ley para que sea tenida en cuenta en el Parlamento andaluz.
De otro lado, hemos mantenido diversas reuniones con los agentes más involucrados en este proyecto, como son los representantes de la Universidad de Almería o la dirección del Colegio de Médicos de Almería. Por tanto, creo que desde el PSOE también hemos contribuido a alimentar las posibilidades que nuestra provincia tiene para conseguir dicha Facultad.
En la actualidad no hay nada decidido en relación a qué universidades contarán finalmente con la Licenciatura en Medicina, estamos en un periodo en el que se está definiendo el nuevo mapa de titulaciones y su ubicación en cada uno de los campus universitarios.
Sin embargo, creo que no debemos renunciar a recibir uno de los centros proyectados para los próximos años, si bien se trata de una decisión que no sólo compete a la Junta de Andalucía, puesto que quien define las necesidades de formación en esta materia es la Consejería de Salud junto con el Ministerio de Sanidad y Consumo.
En todo caso, desde el PSOE de Almería vamos a trabajar para que ese centro se cree aquí y para ello contamos no sólo con un gran respaldo social, también con infraestructuras hospitalarias, con una importante planificación de edificios sanitarios a medio plazo y con una base en esta materia en la UAL como son las titulaciones de Fisioterapia y Enfermería, entre otros muchos requisitos que creo que nuestra provincia puede satisfacer sobradamente.
Que la UAL cuente entre su oferta con la Licenciatura en Medicina no es una fantasía, es un objetivo real que nos hemos marcamos entre todos, y desde el PSOE de Almería nos comprometemos a trabajar con rigor para conseguirlo.

El Gobierno está actuando

Interpretar los datos de paro es siempre una tarea compleja en la que entran en juego diversas variables como el aumento de población, de los afiliados a la Seguridad Social, el aumento de las personas ocupadas y el cambio del modelo de medición de los datos de paro tras la entrada en vigor del SISPE. En cualquier caso el Gobierno está actuando con medidas concretas para generar empleo como el Plan de Recolocación de trabajadores, con 201 millones de presupuesto, que busca mejorar la formación profesional, con ayudas a la movilidad geográfica para los trabajadores en paro con más dificultades, y poniendo en contacto a los trabajadores con las empresas.

Es un dato destacable que en junio se han registrado en España un total de 1.419.348 contratos, de los que 153.986 han sido contratos indefinidos, casi un 11% del total de los contratos firmados. Este indicador refleja la confianza en la recuperación económica que existe en las empresas.

En Almería el paro registrado en el mes de junio tiene especial incidencia entre las mujeres, como es habitual cada año por estas fechas, por el parón en el sector del manipulado de productos agrícolas. En cambio, los datos nacionales reflejan que el desempleo crece menos entre las mujeres, ya que ha aumentado tan sólo en un 0,93% en este sector poblacional.

Tanto el Gobierno central como la Junta de Andalucía han impulsado la licitación de obra pública, también están promoviendo la construcción de Vivienda protegida, se han ampliado los beneficios fiscales a las empresas para la rehabilitación de edificios, se van a simplificar los trámites para la actividad empresarial, y además de gestionarse la devolución mensual del IVA a las PYMES.

El objetivo prioritario es transformar el sistema productivo a medio y largo plazo haciendo hincapié en la innovación, el conocimiento y el progreso sostenible.

Continuamos también apoyando la mejora laboral de los trabajadores, continua el compromiso del Gobierno para proporcionar un salario digno a los trabajadores, se va a elevar el Salario Mínimo Interprofesional hasta los 800 euros en esta legislatura.

La lucha contra la siniestralidad laboral es otra de las actuaciones promovidas por el Ejecutivo socialista, se va a mejorar la labor de Inspección de Trabajo. Entre los proyectos del Gobierno está incrementar la plantilla de la Inspección de Trabajo a nivel nacional hasta los 3.000 inspectores y subinspectores al final de legislatura, una plantilla que se verá respaldada por la creación de una Escuela de Formación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En materia de empleo, seguiremos trabajando en el desarrollo del Estatuto del Trabajador Autónomo a través de diversas medidas como la creación de un registro de estos profesionales y la constitución de un Consejo del Trabajo Autónomo que funcionará como órgano consultivo del Gobierno.

En definitiva el Gobierno va a seguir haciendo su trabajo, poniendo en marcha medidas que incentiven el empleo, un empleo de más calidad, con más contraprestaciones sociales, con más atención a los colectivos que encuentran más difícil para acceder a un puesto de trabajo, y todo ello, contando como siempre con los agentes sociales, consensuando sus decisiones.

Nueva tarifa eléctrica social

Para proteger a los consumidores más vulnerables y a quienes tienen menos recursos, el Gobierno, en la revisión de la tarifa eléctrica, va a crear una nueva tarifa social que conllevará el coste de línea gratis. Es decir, sólo se pagará por el consumo eléctrico que se haga. Podrán acogerse a este sistema quienes tengan menos de 3 KW de potencia contratada en su vivienda habitual y supondrá un ahorro del 16 por ciento sobre la factura actual. Más de 60.000 hogares de nuestra provincia se verán beneficiados por esta medida.

Por otro lado, también se va a incentivar el ahorro de energía estableciendo un consumo mínimo gratuito y a través de la tarifa ahorro, que sustituirá a la actual tarifa nocturna. Los primeros 12,5 KWh consumidos al mes serán gratis para todos los consumidores domésticos. Esta medida responde a la política del Gobierno de primar a quienes consuman menos. Así, los ciudadanos que ahorren energía pagarán menos y quienes despilfarren pagarán más cara la electricidad que consuman.

En general, la revisión de la tarifa va a conllevar un aumento del 5,6 por ciento de media, sin embargo, habrá usuarios –los de la tarifa social—con un consumo tan bajo que no sólo no van a pagar ninguna subida, sino que les va a salir completamente gratis el coste de línea, si bien quienes hagan un consumo de electricidad superior a la media de una familia tendrán que pagar más de ese 5,6 por ciento.

La revisión se produce para ajustar las tarifas a la evolución real que ha tenido el coste de los carburantes en los primeros seis meses del año y a la mejor estimación para el segundo trimestre. Pese a que desde la Comisión Nacional de la Energía se propuso que la tarifa eléctrica aumentase en julio un 11,3 por ciento para adecuarla a esos costes reales, se ha decidido que el incremento sea del 5,6 por ciento. El Gobierno también se ha comprometido a que no haya más subidas este año, ya que no se prevé una nueva revisión hasta 2009.

Por tanto, la revisión de la tarifa no es una medida económica que perjudica a las familias, como se ha criticado desde el PP, sino al contrario, el Gobierno aprovecha el proceso para tratar de beneficiar a los hogares con menos recursos y promover el ahorro energético, haciendo que paguen más quienes derrochen en el uso de la electricidad.

Todos los consumidores van a tener un consumo mínimo gratuito, con lo cual, si ahorran energía, podrán ver reducida su factura. Esta posibilidad nunca había estado al alcance de los consumidores.

Hola Mundo

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