lunes, 28 de junio de 2010

Con los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz


Los andaluces y andaluzas escuchamos, lamentablemente, comentarios de responsables públicos que desconocen lo que es y lo que ha sido Andalucía.
Hablan del Plan de Empleo Rural (PER) insultando a todos los ciudadanos que lo perciben o que lo han percibido alguna vez, y de paso al resto de ciudadanos y ciudadanas de Andalucía, que ellos creen que también vivimos de este Plan.
Tras esas declaraciones se esconde un desprecio a todos y cada unos de los andaluces que son considerados como seres sin inteligencia, que se venden al mejor postor.
Es imperdonable que personas que sólo han conocido la vida en zonas en las que no ha faltado el empleo se refieran a los andaluces como a seres subsidiados. A buen seguro estas personas se creen mejores que los ciudadanos de Andalucía y se creen mejores gestores públicos que los del Gobierno andaluz y extremeño. Pues no lo son, ni andaluces, ni extremeños, ni nuestros Gobiernos hacemos valoraciones tan a la ligera, por ejemplo, de los madrileños, o de las políticas de empleo del Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Desde el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, conscientes del agravio que supone las críticas que se vienen haciendo por parte de políticos del PP, y de otros grupos a los programas de empleo rural de nuestra Comunidad se ha propuesto al resto de Grupos una Declaración Institucional en Defensa de los Trabajadores y Trabajadoras del Campo andaluz.
El PP de Andalucía tímidamente, no por boca de su máximo dirigente, parece a favor de la Declaración Institucional socialista, aunque dice que “no comparte” los motivos que la justifican. Lógico, para ellos sólo justifica el mantenimiento del PER no perder el voto de quiénes lo están percibiendo. Si realmente creyeran que es un fondo que está ayudando a equilibrar el medio rural andaluz y el urbano lo dirían alto y claro a la sociedad y a sus compañeros de partido.
En Andalucía los planes de empleo agrícola han permitido el desarrollo de nuestro medio rural y de una parte de la población que cada vez es más reducida. El mundo agrario andaluz se ha transformado a lo largo de los años. Nuestra provincia es un buen reflejo de este avance. Sin embargo también en Almería existen zonas rurales donde se ha continuado cultivando con técnicas que no permiten mantener el empleo durante todo el año. Aquí sigue siendo necesario el PER para garantizar la protección social de los trabajadores y trabajadoras de este sector.
No puede caer en el olvido que la población de las zonas rurales de Andalucía se vio obligada a abandonar sus casas y salir fuera de nuestra comunidad, e incluso de España, para buscar un trabajo con el poder mantenerse.
Los programas de empleo rural han sido unos de los factores que han frenado el éxodo de andaluces fuera de nuestra Comunidad, y dentro de Andalucía, del campo a la ciudad. Gracias a ellos muchos andaluces han podido ofrecer a sus hijos e hijas un futuro mejor, con más oportunidades y más igualitario.
Utilizar la crisis económica para pedir que el PER se elimine es hacer pagar la crisis a quienes más la padecen, a los que no la han generado y a quienes tienen menos herramientas para encararla. Los trabajadores eventuales agrarios tienen derecho a la protección social, ellos también cotizan a la Seguridad Social como el resto de empleados.
El PSOE de Andalucía ha impulsado planes de empleo agrarios para un sector que lo necesitaba y que sigue requiriendo este apoyo, aunque cada vez menos.
Los socialistas vamos a seguir apostando por el PER y por cualquier otro fondo necesario para lograr el equilibrio territorial, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Los socialistas estamos con los trabajadores y trabajadoras del campo andaluz.

EN LA MUERTE DE JOSÉ SARAMAGO

En la espléndida novela “El año de la muerte de Ricardo Reis”, escribe José Saramago que el compromiso es la libertad que nos negamos a nosotros mismos. Cabe entender, habida cuenta de la trayectoria personal del autor –y sin olvidar que tal afirmación está puesta en boca de un personaje- que no es de una libertad en su sentido más amplio de la que habla, sino de la libertad de mostrarse indiferente frente al dolor humano, la libertad de volver la mirada ante la injusticia, ensayando una ceguera que es atributo de la deshumanización, la libertad de resignarnos a ceder nuestra libertad habitando en futuros centros comerciales donde no se ejercerá más libertad que la del consumismo, la libertad de seguir avanzando por un camino equivocado que no trazamos nosotros y que no conduce a la mejor versión del hombre como especie. Esa dudosa libertad nos negamos mediante el compromiso. 

He leído buena parte de la obra de Saramago. Admiro al escritor y a la persona, que en estricto sentido son una sola entidad, puesto que en el Nobel portugués se dan por igual la preocupación de índole social y la excelencia literaria: admiro doblemente, por tanto, a quien, como se ha escrito estos días, fue poeta antes que novelista de éxito y antes que poeta pobre. Su última novela, “Caín”, criticada por algunos, es un duro alegato contra el uso del poder sin razón ni justicia y con un sometimiento de los seres humanos al margen de sus sentimientos, es decir, la traslación al mundo de la ficción de lo que no era sino una manera de entender su actividad pública y su actitud vital frente a las tropelías que sufren los débiles. 

Su universo narrativo está íntima y conscientemente conectado a las alegorías de Kafka, sobre todo a partir de “Ensayo sobre la ceguera”, de ahí que en sus libros abunden los hombres y mujeres inmersos en situaciones que tienen un cierto aire de sueño terrible y en las que a menudo el destino colectivo que no supimos evitar se convierte de golpe en un presente extraño. Es entonces cuando el individuo se ve abocado a cierta forma de soledad, no la soledad de vivir solo, como dice también en el “Ricardo Reis”, sino la soledad de “no ser capaz de hacer compañía a alguien o algo que está en nosotros”: ¿el que fuimos? ¿el que podríamos haber sido? ¿el que deberíamos haber sido? ¿el que en realidad somos? 

A través de una prosa hipnótica, entretejida con destellos de poesía y unos diálogos indisociables de la propia narración, el lector de Saramago se ve a la vez intrigado por la trama y convocado a una toma de conciencia social e histórica. De este modo, el novelista admirado era a la vez el admirable ciudadano que con cierto quijotismo hizo propias todas las causas en las que la razón es atropellada, desde la guerra de Irak a la impunidad de los crímenes del franquismo, y también, pera esto ya sólo para las mentes más estrechas, el intelectual polémico, lo que sin duda le hacía aún más admirable. Era, en su significado más noble, un hombre comprometido, es decir, un hombre que renunció a la libertad de no indignarse.

lunes, 21 de junio de 2010

OBJETIVO: MÁS Y MEJOR EMPLEO

En el espacio limitado de un artículo de opinión no es posible, obviamente, explicar la reforma laboral aprobada por el Gobierno la pasada semana, fundamentalmente porque se trata de la reforma más importante, la de mayor calado, llevada a cabo en España en los últimos veinte años, lo que determina no su complejidad, como se ha dicho, si no su alcance. Por cierto, que es fácil entender la absoluta necesidad que nuestro país tenía de adaptar el modelo laboral y el modelo productivo a una realidad que es hoy muy distinta a la de hace dos décadas, mucho más cambiante y competitiva. 

Esta limitación de espacio, pues, no permite otra cosa que resaltar las líneas maestras de esta reforma, sus objetivos prioritarios, que no son otros que reducir las tasas de desempleo y mejorar la productividad, estimular la contratación indefinida y situar el despido como la última solución y no la primera, introduciendo la necesaria flexibilidad para que una empresa pueda afrontar situaciones de dificultad optando por otras salidas; en este sentido, nos encontramos con una de las principales novedades, la de favorecer la reducción de jornada como alternativa al despido (el llamado modelo alemán): el trabajador mantiene su empleo y sus ingresos, la empresa paga la parte de la jornada trabajada y el resto se cobra con cargo al desempleo. 

Se habla mucho de la “dualidad” como uno de los grandes problemas del mercado laboral español, concepto que, en definitiva, hace referencia a la alta tasa de precariedad en el empleo. El noventa y dos por ciento de los contratos que se firman mensualmente en España es de duración determinada, siendo ésta una de las principales razones por las cuales el presidente Zapatero ya habló en la primera legislatura de reformar el mercado laboral y por la que hace dos años promovió un diálogo social entre patronal y sindicatos que, lamentablemente, no llegó a cuajar en acuerdo. La reforma aprobada de forma urgente (pero que será tramitada más adelante como proyecto de Ley para buscar un consenso político) supone que lo quince millones de trabajadores con contrato indefinido conservan íntegramente sus derechos, y que son los cuatro millones de temporales y los más de cuatro millones de parados los que ganan en oportunidades, pues se limitará la contratación temporal hasta reducir su utilización únicamente a aquellos casos en que esté justificada por la naturaleza del trabajo. 

Pero como ya he señalado, son muchos los aspectos que desarrolla esta reforma, muchas las novedades y las dudas que, lógicamente, les surgen a trabajadores y empresarios, y muchas también las informaciones intencionadamente erróneas que están siendo divulgadas desde aquellos ámbitos en los que la prioridad no es dinamizar el mercado laboral y salir de la crisis, sino cambiar el Gobierno. Seremos quienes creemos que ésta es la reforma que necesita España los que nos acerquemos a los ciudadanos para explicársela. Mientras, para la prensa europea empieza ya a ser clamoroso el empeño del PP en sacar tajada de esta situación tan difícil: un importante periódico alemán, el Süddeutsche Zetung, aseguraba el pasado miércoles que “el Partido Popular se ha vuelto insoportable por su política de obstrucción, que denota una falta de patriotismo”. 

Lo he escrito otras veces: es en ocasiones tan difíciles como la que atraviesa Europa y, por tanto, también España, donde cada cual queda retratado en su responsabilidad o en su ambición, en su compromiso con los intereses generales o con los propios, en su altura de miras o en su pequeñez moral.

Por un trabajo digno

El Gobierno ha aprobado esa semana una reforma laboral que es buena, necesaria y sobre todo muy equilibrada, que va a abordar los problemas que tiene nuestro mercado laboral y va a situarnos en la senda del crecimiento.
Uno de los objetivos que esta reforma pretende es la de ayudar a las empresas a adaptarse al contexto económico de la crisis que estamos viviendo, para que tengan la capacidad y facilidad de tomar decisiones, antes de llegar al ultimátum de tener que despedir a alguien.
Asimismo se pretende contribuir a la reducción del desempleo e incrementar la productividad de la economía española. A estos efectos, la reforma se dirige a corregir la dualidad de nuestro mercado de trabajo, promoviendo la estabilidad en el empleo, e incrementando la flexibilidad interna de las empresas en la negociación colectiva para que ésta pueda adaptarse a las circunstancias específicas que atraviese.
Se trata, pues, de establecer que las condiciones que faciliten la contratación, lo hagan en favor, de la indefinida y que, para ello, las empresas cuenten con la certeza de poseer instrumentos que les permitan adaptarse a las circunstancias cambiantes de un mercado crecientemente competitivo.
Además, el Gobierno va a enviar al Parlamento esta reforma pidiendo que sea tramitada como Proyecto de Ley, para consensuarla con los grupos políticos y enriquecerla.
Esta reforma es necesaria porque el modelo laboral que hay en España, es prácticamente el mismo que hay desde hace 20 años y eso ha hecho que se quede antiguo y que se ineficaz puesto que crea problemas para los trabajadores, para las empresas y para la economía. No podíamos seguir con el mismo modelo laboral, ni el mismo modelo productivo porque la realidad de hoy es muy diferente a la de años atrás.
También nos va a servir para dinamizar el mercado de trabajo y crear empleos más estables y de mayor calidad mediante más contratos indefinidos y menos temporales e introduciendo la flexibilidad necesaria para que las empresas puedan afrontar situaciones de dificultad sin tener que recurrir al despido o al cierre.
En España nos encontramos con 15 millones de trabajadores con contrato indefinido, casi 4 millones de trabajadores con contrato temporal y más de 4 millones, en desempleo cuya expectativa de contratación en la salida de la crisis será, en un 90% de los casos, es temporal.
Las respuestas que aporta esta reforma es que una gran parte de esos 4 millones de trabajadores con contrato temporal, que tiene establecida una indemnización de sólo 8 días por año, pase a tener un contrato indefinido, con una indemnización de 33 días por año.
Además se ha propuesto que los nuevos contratos temporales que se hagan, y que ahora tienen una indemnización por despido de 8 días, aumenten paulatinamente hasta alcanzar una indemnización de 12 días por año, que el uso de los contratos por obra y servicio limiten su duración y que se extiendan las medidas para evitar el encadenamiento sucesivo de contratos temporales.
Con ello, las expectativas de estabilidad en el empleo de los que ahora están en desempleo van a mejorar sustancialmente respecto a las actuales.
Se trata pues de dar las mayores facilidades para reducir el empleo precario y convertirlo en empleo indefinido y estable, sin pérdida de derechos para los trabajadores.
Tenemos que adaptarnos a esa realidad cambiante, si queremos aprovechar la recuperación para volver a crecer y crear empleo más estable y si queremos mantener el Estado de Bienestar que tanto nos ha costado conseguir.
 

lunes, 14 de junio de 2010

LA REFORMA NECESARIA

Finalmente, la reforma laboral que tanto necesita España será aprobada este miércoles en Consejo de Ministros mediante decreto y sin que haya sido posible el acuerdo entre los agentes sociales. No era ésta, desde luego, la fórmula que contemplaba el Gobierno como primera opción, pues la experiencia demuestra el excelente resultado que siempre ha dado el diálogo social, pero todos los plazos se han agotado ya: el sentido de la responsabilidad exige una modernización del mercado de trabajo que suponga un impulso a la creación de empelo y contribuya decisivamente a reducir las tasas de paro. La reforma estará sujeta, pues, a aquellas medidas que el Gobierno estime más convenientes y beneficiosas para los intereses de todos, de unos y de otros; medidas que no menoscaben los derechos de los trabajadores y que al mismo tiempo permitan a las empresas aligerar sus costes, que hagan más accesible y menos gravosa la contratación indefinida y más rígida la temporal, y que, de cara al exterior, transmitan señales de calma y confianza desde nuestro país a los mercados financieros.  

Las circunstancias han hecho que nuevamente los españoles y nuestros socios europeos vayan a poder evaluar el grado de seriedad, de coherencia y de compromiso del principal partido de la oposición. El voto en contra de las medidas de ajuste económico aprobadas por el Ejecutivo para reducir el déficit público supuso un enorme error político por parte del PP, que prefirió desgastar al presidente Zapatero antes que proteger los intereses no sólo de nuestro país sino de toda Europa. El discurso que aún sostienen sus dirigentes de que somos un país “intervenido” y “aislado”, tan extremadamente demagógico y tan dañino con nuestra imagen, ha quedado demolido por el durísimo ajuste económico llevado a cabo por Alemania (recorte de ayudas a la familia, eliminación de subvenciones para los parados de larga duración, supresión de 15.000 empleos en la Administración y reducción de un 2,5% de los sueldos de los empleados públicos) y por el no menos duro que se avecina en Reino Unido, cuyo Gobierno, en manos, como el alemán, de un partido hermano del PP, ya ha anunciado a sus ciudadanos que será un ajuste “que va a afectar a nuestra economía, a nuestra sociedad y a nuestra forma de vida”.  

Afirmar, como hace el PP, que el Gobierno español está aislado recuerda a esa actitud un tanto pintoresca con que algunos conductores británicos sostienen que somos nosotros, el resto del mundo, los que circulamos al revés. En realidad, es la derecha española la que ha quedado fuera de juego, y era a las orejas del señor Rajoy a las que el Coordinador del Partido Popular Europeo y ministro de Economía de Finlandia, Jirki Katainen, estaba dando un tirón cuando hace bien poco dijo lo siguiente: “Animamos a nuestros Gobiernos y partidos en la oposición a actuar de forma responsable. No es tiempo de buscar réditos políticos a corto plazo. Es nuestro mensaje a nuestros partidos hermanos”. 

No, no es tiempo de frotarse las manos, sino de arrimar el hombro. Veremos qué  ocurre ahora. Desde el PP han insistido reiteradamente en que la reforma laboral había que hacerla ya, con acuerdo o sin acuerdo. ¿Votará  también en contra de ella cuando se debata en el parlamento?

Creo en Andalucía

“Creo en Andalucía y en todo cuanto son capaces de hacer los andaluces y las andaluzas cuando se proponen metas importantes. Esta lo es. Y por eso sé que lo conseguiremos”.-Con estas palabras José Antonio Griñán, cerraba su primera intervención durante el debate sobre el Estado de la Comunidad que se ha celebrado esta semana en el Parlamento de Andalucía. La afirmación final del presidente de la Junta en este debate resume el sentir de los socialistas que, sin duda, compartimos también con muchos ciudadanos y ciudadanas.

La confianza se ha revelado como algo básico para enfrentarnos a la crisis en las distintas etapas que ha atravesado. La última de ellas la que ha marcado la UE con un objetivo claro para todos los países miembros. Durante el debate sobre el Estado de la Comunidad Griñán fue claro y tajante a la hora de implicar a Andalucía como parte responsable de este objetivo común de reducir el déficit público.

La vocación europeísta del presidente de la Junta está determinada porque Andalucía ha recibido importantes beneficios de la integración europea, además de haberse siempre revelado como una región comprometida, solidaria y responsable.

El presidente de la Junta en su discurso también puso en valor que la nuestra es una de las Comunidades Autónomas que tiene equilibrada su balanza por cuenta corriente. La economía andaluza ha crecido de nuevo en el primer trimestre del año un 0,5%, muy por encima de la media de España. Y el desempleo en Andalucía, aunque sigue siendo preocupante, ha mejorado levemente aumentando el número de ocupados en el último semestre en casi 7.000 trabajadores.

El Gobierno andaluz ha sido el primero en actuar ante los síntomas de la crisis, ya en febrero de 2008 adoptó medidas como la agilización de la licitación de proyectos de obra pública. Pero además el esfuerzo y la intensidad del trabajo de la Junta para encarar la recuperación se ha mantenido constante. Esto se puede apreciar con un simple vistazo a los datos globales de inversión en la lucha contra la crisis: 13.625 millones, un 9,3% del PIB, que han situado a la Junta de Andalucía como el Gobierno que más ha invertido para superar las dificultades económicas. Este trabajo lo ha realizado el Gobierno andaluz teniendo siempre que enfrentarse a la negativa y la crítica constante del PP, que no ha sido capaz de apoyar ni de plantear ninguna alternativa para salir de la crisis, en un ejercicio de irresponsabilidad y de falta de liderazgo que los ciudadanos tendrán que valorar.

Seguimos imbuidos en la crisis y con una hoja de ruta clara marcada por la UE. Para cumplirla Griñán ha planteado un conjunto de medidas enfocadas en tres líneas: la del incremento de ingresos de la Comunidad, la de la reducción del gasto público y una última encaminada a reestructurar el sector público para mejorar su eficiencia. 

Griñán abrió  su comparecencia ante el Parlamento solicitando la colaboración de todos los grupos políticos, pidiendo colaboración en la crítica y en las propuestas. El PP tiene ante él una nueva oportunidad para sumarse al esfuerzo colectivo de los andaluces y andaluzas para salir de la crisis, le invitamos a que no vuelva echar por tierra esta oportunidad como hizo en el debate sobre el Estado de la Comunidad, donde ni siquiera agotó el tiempo de su turno de intervención. 

Los ciudadanos y ciudadanas se merecen que cualquier partido político con representación parlamentaria les ayude a solventar los problemas económicos que les afectan y que crea en la capacidad de superación de nuestra tierra, de los andaluces y las andaluzas.

lunes, 7 de junio de 2010

TABACO O SALUD

No existe ninguna base sólida, ningún dato empírico, nada en absoluto, que avale la idea de que la prohibición de fumar en los locales de hostelería vaya a causar perjuicios económicos a este sector. Frente a esta verdad, sí está demostrado científicamente, sin embargo, que la acumulación de humo de tabaco en lugares cerrados causa enfermedades y muertes. La pregunta es: ¿por qué entonces la reforma de la Ley antitabaco encaminada a desterrar de los lugares públicos cerrados un hábito inequívocamente nocivo para la salud parece estar entorpecida por una afirmación no fundamentada, como es la del hipotético quebranto en los ingresos de bares y restaurantes? 

La semana pasada se celebró el Día Mundial sin Tabaco, y con tal motivo la OMS volvió a llamar la atención sobre la dramática incidencia de su consumo en la salud pública. Este año se ha querido subrayar la necesidad de proteger especialmente a las mujeres, por cuanto es en ellas y en los jóvenes en quienes la industria tabaquera se ha fijado como objetivo principal, relacionando el hábito de fumar con la igualdad de sexos o con el éxito profesional. El resultado de esta insana estrategia comercial es que la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres se ha duplicado en los últimos diez años, ya es la tercera causa de muerte por cáncer en ellas y se estima que en 2020 podría desplazar al de mama. Hoy por hoy, las jóvenes españolas fumadoras de entre dieciséis y veinticinco años ya superan en número a los chicos fumadores de esa misma franja de edad. Es necesario transmitir a las mujeres, pues, y muy particularmente a las adolescentes, que la igualdad que favorece la adicción al tabaco sólo es en cáncer, en graves y a menudo fatales dolencias cardíacas, en accidentes cerebro vasculares y en enfermedades respiratorias.  
 
Puesto que el daño que fumar le hace al cuerpo es tan evidente, ¿cómo es posible que se anteponga un supuesto perjuicio económico, sólo demostrado en lo que afecta a las propias tabacaleras y no a bares y restaurantes, que se anteponga, digo, a nuestra salud, la de todos, niños y mayores, hombres y mujeres, y muy particularmente a la salud de los profesionales de la hostelería? Cuando la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso dice que el proyecto de reforma de la Ley antitabaco va a hacer daño a bares y restaurantes, ¿en qué se basa? ¿De qué datos dispone? ¿O se trata simplemente de alimentar polémicas? Porque lo que sí se sabe es que en las Comunidades Autónomas en las que mejor se cumple la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, como en Cataluña, el gasto medio en hostelería de las familias ha crecido un cinco por ciento, en tanto que en Madrid, donde Esperanza Aguirre se lanzó a una cruzada en contra de esta normativa, tan solo lo ha hecho un uno y medio por ciento. Y si de datos se trata, está el de Irlanda, donde no se puede fumar ni en bares ni en restaurantes desde el 2004 y no obstante el número de personas empleadas en el sector hostelero ha crecido en casi un catorce por ciento. 

Recordemos que sólo un tercio de españoles fuman, y que no se trata de perseguir a una minoría, sino de animarles a que abandonen un hábito que muy probablemente reducirá su calidad de vida o incluso acabe con ella, de impedir, en cualquier caso, que ese daño se lo hagan a los demás y, fundamentalmente, de reducir de una manera importante la incorporación de adolescentes al consumo de tabaco. Y quien se empeñe en mantener el debate en el terreno económico, que calcule cuánto le cuesta al servicio público de salud, y por tanto a las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas, la atención de las enfermedades relacionadas con el tabaco.

domingo, 6 de junio de 2010

Avanzando en la protección social de los autónomos

Desde los Presupuestos Generales del Estado de 2005 se puede apreciar cuantitativamente que el  Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha trabajado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores autónomos. 

Así  se han ido aprobando anualmente cerca de 10 millones de euros para impartir formación continua; se han aprobado proyectos EQUAL del Fondo Social Europeo por importe de 37,2 millones de euros, en los que participan organizaciones de la economía social y de autónomos; se ha mejorado la medida de fomento del autoempleo de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único, entre otras medias e inversiones para este sector de trabajadores. 

Pero sin duda la iniciativa más decisiva en favor de la protección y cobertura social y laboral de los trabajadores autónomos, que responde también a las reivindicaciones históricas del sector, fue la aprobación en junio de 2007 por el Congreso de los Diputados del Estatuto del Trabajo Autónomo.  

Como en todos los avances en derechos de la sociedad española, tuvo que ser un Gobierno Socialista llevara adelante este Estatuto, mientras que la derecha ha utilizado las aspiraciones de los autónomos buscando el rédito electoral, pero sin concederles a éstos tres millones de personas los derechos de ciudadanía, como demostraron en la etapa de gobierno de Aznar. 

En el Estatuto del Trabajo Autónomo se reconoce por primera vez el derecho de los trabajadores autónomos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libre elección de profesión u oficio, a la seguridad y salud en el trabajo y a la conciliación de la vida familiar y profesional. 

Además en este Estatuto se mejoran las prestaciones sociales, se contempla una política de fomento del trabajo autónomo y se regula el trabajo autónomo económicamente dependiente. Cabe destacar igualmente de este Estatuto que recoge el reconocimiento para que los autónomos puedan contratar laboralmente además, de a los familiares que no convivan con él, a los hijos menores de 30 años que aún están en el hogar del titular de la actividad. 

Desde la aprobación en junio de 2007 del Estatuto de Trabajo autónomo el Gobierno socialista ha seguido dando pasos para atender las demandas del colectivo de los autónomos, como por ejemplo la aprobación en los PGE de 2008 de diversas actuaciones para favorecer el autoempleo en el trabajo autónomo, tales como el establecimiento de una base de cotización mínima al RETA de 700 euros al mes para autónomos que se dediquen a la venta ambulante o a domicilio y la devolución del 50% de la cotización al RETA que exceda al año de 10.440 euros en los casos de pluriactividad (pago por el Régimen General de la Seguridad Social y por el Régimen Especial de Trabajo Autónomo). 

También ha supuesto un paso fundamental la constitución de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y las asociaciones representativas del sector en el mes de marzo de 2009. Poco después, en mayo, el ministro de Trabajo firmó con ATA, CEAT y UPTA  un acuerdo de 18 medidas que se articulaban alrededor del fomento del desempleo, fomento de la contratación laboral y medidas de protección social y de mejora de la financiación de este sector. 

Fruto de este clima de diálogo con los agentes del sector, está el hito que se ha logrado con la aprobación hace un par de semanas por parte del Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley para la protección social por cese de actividad del trabajador autónomo, cuya medida más sobresaliente es que podrán acceder a una prestación de desempleo de 12 meses, lo que supone un mayor acercamiento de los autónomos a los derechos que disfrutan los trabajadores por cuenta ajena.