No al boicot a nuestra agricultura

La agricultura de Almería ha tenido que enfrentarse a diferentes campañas para desacreditarla en los medios de comunicación de países que constituyen nuestros principales mercados de exportación dentro de la UE.

Entre los asuntos en los que se han cebado estos medios se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores inmigrantes del campo, que han sido tachadas pocos menos que de explotación laboral, sin estar contratados legalmente, cobrando sueldos por debajo de lo habitual y sin disponer de una vivienda digna, según señalaban. 

Otro de los aspectos en los medios extranjeros que se ha cuestionado de nuestra producción hortofrutícola ha sido su salubridad, por el uso de productos fitosanitarios ilegales cuando el sistema de alerta sanitaria ha funcionado siempre bien detectando e impidiendo que llegara al mercado alguna partida que, de forma excepcional frente al inmenso volumen de la producción de nuestra provincia, ha contenido este tipo de sustancias.

Y en estas últimas semanas nuestro campo ha padecido las acusaciones injustificadas del Gobierno alemán de ser el responsable de la puesta en el mercado germano de productos contaminados con una bacteria que se ha cobrado ya más de una quincena de víctimas mortales.

Esta acusación es, sin duda, la más grave de las que nuestro campo ha tenido que encarar. La pérdida de vidas humanas por el consumo de productos contaminados es un asunto de suma gravedad, más aún teniendo en cuenta que hay además más de 300 personas afectadas por dicho consumo. 

Es lógico que una administración pública quiera tomar medidas para frenar en seco la contaminación de más personas con esta bacteria, pero la forma en que el Gobierno alemán ha actuado, señalando culpables sin pruebas y cerrando sus mercados a las producciones hortofrutícolas españolas no tiene ningún sentido.

Hubiera sido suficiente, simplemente, con que el Gobierno germano advirtiera y concienciara a sus compatriotas de que las frutas y hortalizas que van consumir, para evitar riesgos, deben previamente estar cocinadas o bien deben ser desinfectadas con lejía.

La primera reacción del Gobierno alemán ha sido desacertada, irresponsable, insolidaria e ilegal y tendrá que responder de la misma ante la UE, esa es la exigencia que ya ha expresado el Gobierno de España. Quizá incluso tenga que hacerse responsable de su actuación en los tribunales, ya que se ha anunciado por parte de los productores españoles que llevarán el asunto ante la Justicia y el propio Ejecutivo se lo esté también planteando.

Los productores de frutas y hortalizas almerienses, junto a los Gobiernos de Andalucía y de España, exigen que se restituya el daño económico ocasionado con la irresponsabilidad del Gobierno alemán. No sólo están aún por calcularse las pérdidas millonarias que han supuesto las acusaciones y el cierre de fronteras de Alemania a nuestros productos, también hay que calcular la pérdida de jornales de trabajo en la recogida y la manufactura de nuestros productos, así como del sector del transporte. Además, el daño en la imagen de nuestra agricultura ha sido ingente y costará años su recuperación.

Un país como Alemania, que ha dado ejemplo de seriedad y de responsabilidad dentro de la UE, ha actuado en esta crisis del pepino de forma unilateral, saltándose el sistema de alarma y de actuación establecido en el marco comunitario para las alertas sanitarias, por ello esperamos que ahora que ha reconocido ya su error actúe con la seriedad y responsabilidad de la que venía haciendo gala para devolver a nuestra agricultura y a nuestro mercado de trabajo lo que injustamente le ha robado.

CON LA AGRICULTURA ALMERIENSE

La irresponsabilidad y precipitación con que las autoridades alemanas atribuyeron a las hortalizas españolas el origen de un brote infeccioso en su propio territorio, provocando con ello una alarma innecesaria, ha ocasionado un enorme daño económico y de imagen al sector hortofrutícola de Almería; enorme pero -al menos quiero creerlo así- no irreparable. Más allá de las compensaciones que fije la Unión Europea, en defensa de las cuales el Gobierno español peleará con uñas y dientes; más allá de las medidas que se adopten para difundir la realidad de una producción impecable y avanzada como pocas en el mundo y en apoyo de las demandas individuales o colectivas que puedan presentar los agricultores, España exigirá que quienes actuaron con una mezcla de torpeza y malicia, los que han provocado esta agresión comercial sin precedentes en Europa, asuman su responsabilidad y contribuyan de manera clara y decidida al restablecimiento de la confianza en nuestros productos.

Gracias a la determinación y prontitud con que las autoridades españolas actuaron, el Gobierno alemán tuvo que admitir no sólo que los pepinos españoles no eran los causantes del brote de bacteria E.coli, sino que no saben, hasta el momento en que escribo estas líneas, dónde pueda estar la causa. Un gobierno tan poderoso como el alemán dando palos de ciego, precipitándose, despertando falsas sospechas que tal vez han desviado la atención de los científicos que investigan el caso y les ha hecho perder un tiempo muy valioso, para acabar admitiendo que el origen habrá de estar, más que probablemente, en su propio territorio.

Es decir, que es su falta de control sanitario la responsable, no el proceso que con todas las garantías se lleva a cabo en nuestro país y, más concretamente, en nuestra provincia; por algo somos referentes mundiales en innovación, un ejemplo de buenas prácticas agrícolas, modernas, controladas, con plenas garantías en todo el proceso: plantación, recolección, manipulado, envasado y transporte desde origen. Es en la comercialización en el punto de destino, cuando éste está fuera de nuestras fronteras –y en el transporte una vez que los compradores se hacen cargo de la mercancía-, donde la UE tiene que exigir más rigor. Ésta es una ocasión inmejorable para hacerlo, porque, más allá del resultado de las investigaciones, y sin ánimo de actuar con la ligereza con que lo han hecho los alemanes, parece claro que el foco de la infección que ya se ha extendido a Suecia, Dinamarca, Holanda, Austria, República Checa, Francia, Rusia y tal vez España, está dentro de las propias fronteras germanas. También esa responsabilidad habrán de asumir.

¿Por qué ese ataque injustificado e injustificable a España? Probablemente habrá varias razones, y yo apunto una: el Gobierno alemán sabía perfectamente que incluso en un caso de tanta trascendencia para nuestro país, el principal partido de la oposición iba a apartase de nuestro Gobierno tratando de sacar tajada. El PP se suma a todas las causas contra los intereses de España, no importa de dónde procedan ni cuánta malicia las mueva. El PP está dispuesto siempre a ponerse de parte de cualquiera que diga que España está en bancarrota, no paga sus deudas, despilfarra en bienestar o exporta verdura en mal estado, pues su objetivo único e irrenunciable es convencer a los españoles para que le entreguen todo el poder político e institucional, absolutamente todo, un poder omnímodo que abarque municipios, provincias, comunidades autónomas y Estado: todo. Pero, ¿a tan alto precio?

El mensaje de las urnas

Las urnas han hablado. Su mensaje, quizá cada uno lo interpretamos de forma diferente pero, a buen seguro muchos coincidiremos en señalar las mismas variables que han entrado en juego en el conjunto formado por el resultado electoral del 22-M.

Hemos leído en estos días análisis electorales de diferentes articulistas, algunos de ellos criticando a quienes apuntamos el ingente peso que en el resultado electoral ha tenido la lacra del desempleo. Intentar tapar el sol con un dedo nunca ha sido útil.

Todos los cargos de nuestro partido y todos nuestros candidatos y candidatas somos responsables de los resultados electorales cosechados el pasado domingo, pero eso no impide que también hayan influido otros factores en los mismos de forma determinante.

Es de sentido común que una persona que no tiene cubiertas, o no tiene asegurada la cobertura de sus necesidades básicas de alimentación o de vivienda, ni las de su familia, por carecer de empleo, vote pensando única y desesperadamente en lograr  tener trabajo, antes que pensando en otras mejoras de su bienestar o de su calidad de vida y las de su entorno familiar.

En primer lugar, hay que destacar la subida que se ha producido en cuanto a participación, un elemento que, si bien parece no haber beneficiado en esta ocasión al Partido Socialista, nos alegra en calidad de demócratas. En los días previos a las elecciones, se ha hablado mucho de la salud democrática de este país, por ello saludamos que haya crecido el número de almerienses que han decidido votar en estas elecciones y comprometerse activamente con el gobierno de su pueblo o de su ciudad.

Los resultados que ha obtenido el Partido Socialista en el conjunto de España son muy similares en unas zonas y en otras, aunque por supuesto hay excepciones. Los ciudadanos y ciudadanas han votado más pensando en clave nacional, como pretendía el PP, que en clave local.

En la provincia, hemos perdido votantes, pero desde el PSOE de Almería no nos conformamos con los resultados obtenidos. No estamos satisfechos en absoluto y vamos a trabajar para obtener la confianza de más ciudadanos y ciudadanas.

Es el momento también de hacer un especial esfuerzo para centrar toda nuestra atención en abrirnos más a los ciudadanos y ciudadanas, en escucharlos y en conocer lo que puede ayudarles en su día a día.

Estamos convencidos de que las políticas de la derecha no son la respuesta a los que necesitan los ciudadanos y ciudadanas. Los socialistas de Almería defenderemos, como hasta ahora, los derechos sociales con un proyecto político, como siempre, al servicio de los ciudadanos, defendiendo los pilares del Estado del bienestar.

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Lejos de buscar matices a la derrota electoral sufrida en las pasadas elecciones municipales y autonómicas, los socialistas hemos asumido que existe un evidente malestar en la sociedad como consecuencia de la crisis económica, malestar que se tradujo en un voto crítico, una abstención crítica y, en definitiva, una clara victoria por parte del principal partido de la oposición, que, no teniendo que afrontar la responsabilidad de combatir los efectos de esta crisis, tampoco ha experimentado desgaste alguno por su negativa a colaborar en ese esfuerzo.

Ya antes de la cita electoral éramos conscientes de los profundos efectos que la dura situación económica por la que atravesamos está teniendo en el ánimo de los ciudadanos. Si algo nos caracteriza a los socialistas es que llevamos a cabo nuestra acción política a pie de calle, pegados a la realidad de los ciudadanos. Por eso sabemos que detrás de las cifras de desempleo hay personas con nombres y apellidos, españoles muy preocupados, pequeños y medianos empresarios que cada noche tratan de ajustar las cuentas, que deciden continuar un mes más o, en el peor de los casos, cerrar su negocio. Son ciudadanos a quienes no hemos sabido trasladarles el porqué de las necesarias reformas que hemos emprendido y cuya confianza hemos perdido.

Y lejos de ensimismarnos en las posibles consecuencias de esta derrota, desde el PSOE queremos seguir centrando nuestro esfuerzo en la situación económica. Las prioridades del Gobierno siguen siendo las mismas: conseguir la recuperación, crear empleo, preservar la cohesión social y los servicios públicos universales, mantener la estabilidad financiera de nuestro país y cambiar el modelo de crecimiento mediante reformas estructurales y una clara apuesta por los emprendedores y la investigación.

El PSOE es un gran partido que tiene hondas y fuertes raíces en la sociedad española, y son muchos los ciudadanos que, temiendo que la derecha pueda llegar a acumular tanto poder como pretende, desean que volvamos a darles motivos para confiar en nosotros en las próximas elecciones. Muy por encima de las decisiones que adoptemos para renovar nuestro proyecto político está el interés de los españoles, los problemas a los que debemos poner solución. Por eso los socialistas vamos a seguir trabajando en cada municipio de acuerdo con la responsabilidad que los electores nos hayan adjudicado, la de gobernar o la de controlar la acción de gobierno, vigilantes siempre ante cualquier tentación que pudiera tener el PP de recortar derechos sociales.

Que el PP haya obtenido una victoria indiscutible en estas últimas elecciones no significa que su modelo de sociedad sea el que España necesita. Esos resultados no hacen menos cierto que allí donde gobiernan se recorta el número de becas de estudio, se tiende a privatizar los servicios sanitarios y la atención a los dependientes no cubre las demandas de los ciudadanos. La derecha que ganó el día 22 de mayo es la misma que en Valencia va a ser investigada por el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad en relación a cuestiones tan graves como son el delito electoral, el cohecho y la prevaricación, es decir, mucho más que dos trajes. Es la misma derecha que en Murcia, a través del director general de Promoción de la Cultura y el Libro, ha llamado “nazis” a los “indignados” de los movimientos del 15-M, “nazis de manual”, “nazis de cojones”.

Desde nuestra responsabilidad de gobierno, en España y en Andalucía, nuestra prioridad sigue siendo la misma, crear empleo; como partido, nuestro objetivo es volver a conectar con los que desean una sociedad más justa y más avanzada.

LA LIBERTAD DE ELEGIR

Estamos en jornada electoral. Cada cuatro años los españoles ejercitan un derecho recogido en la Constitución Española, derecho que ha posibilitado vertebrar un sistema democrático y libre. 

Éste es posible con el apoyo de los ciudadanos, que son los protagonistas de las elecciones, algo que se tiende a olvidar, lo que va empobreciendo la democracia, creando un sistema endogámico, donde la política se nutre de la política mientras la sociedad discurre dispersa por un sendero diferente. Hay que fomentar el acercamiento de la ciudadanía a la política, no sólo en momentos puntuales sino constantemente.

Los ciudadanos tienen que sentirse parte activa de las elecciones, puesto que es uno de los pilares en los que se basa la democracia. Es importante alentar la participación ciudadana, dándole a ésta la relevancia que tiene. Son muchos los ciudadanos que viven unas elecciones como si se tratara de un circo mediático que no les incumbe, entendiéndolo como una jugada política más, y pensando que nada de lo que suceda después de éstas les afecta en absoluto. Esa idea, cada vez más extendida, trae como consecuencia un desánimo general que va minando el sistema democrático que sustenta. 

La educación, académica y familiar, es también una parte destacable de este engranaje político-social, porque con ella es posible hacer comprender lo valioso de la participación en las elecciones para el enriquecimiento y perdurabilidad de la democracia y el ejercicio de las libertades individuales.

No es momento de buscar culpables de ese cambio en la percepción de la política por parte de la sociedad. Algunos apuntarán a los propios políticos. No seré yo quien rebata esa afirmación, pero no hay que olvidar que también nosotros somos ciudadanos que en este día ejercemos libremente nuestro derecho al voto, ciudadanos que queremos solucionar los problemas de nuestra ciudad, de nuestros barrios, y hemos optado por hacerlo desde los órganos de representación ciudadana que son los escaños, cada cual trabajando por un programa en el que cree y con el que solo quiere mejorar su alrededor y el de sus conciudadanos. Pero ese trabajo queda en agua de borrajas cuando no se recibe el respaldo de los compatriotas, aunque estos compartan gran parte de las ideas y expectativas recogidas en sus programas. Por lo dicho, cuesta creer que los políticos estén interesados en fomentar la abstención sino que, más bien, son los primeros interesados en que los ciudadanos se acerquen a las urnas y dejen oír su voz.

Fue Aristóteles quien dijo que el hombre es un animal político; yo añado que la mujer, también. Y si no lo somos, deberíamos serlo para potenciar la democracia y que siga encaminada a salvaguardar los derechos y libertades de los ciudadanos, sin obviar sus responsabilidades.

Por ello hay que instar a los almerienses a que acudan a votar. Es un ejercicio de responsabilidad cívica que en ocasiones se desprecia, pero lo que se olvida es que votar es decidir, ejercer la soberanía que se conquistó con la Transición, es mejorar lo que no nos gusta. La abstención es un indicador de la salud de una democracia; y en nuestro país ésta se encamina a una enfermedad crónica de la que todos somos responsables.

Quiero animar hoy a los ciudadanos a ir a las urnas, dejar oír su voz en un derecho innegable que les permita transformar su realidad para elegir la ciudad que ellos quieran, el barrio que ellos deseen, el pueblo que les guste. Y los políticos trabajaran para hacerlo realidad, con su permiso.

TODOS A VOTAR

Hoy es el día en que los españoles decidimos con nuestro voto, voto que es también una expresión de nuestro estado de ánimo y, sobre todo, de nuestra voluntad de participar, de no quedar al margen. No es difícil entender que tantas personas se sientan enojadas como consecuencia de la situación económica, y que de ese enojo surja, quizá, la tentación de no acudir a votar. No obstante, no es menos cierto hoy que hace treinta años que los cambios sociales se llevan a cabo en función de los deseos expresados mayoritariamente en las urnas, no de los que se expresan al margen de ellas.

La plena madurez democrática que España ha alcanzado no puede traducirse en abstención, es decir, en desinterés hacia lo que es, precisamente, la esencia del sistema: el hecho de que podemos decidir, de que tenemos no sólo ese derecho, sino ese poder, el de elegir a quienes impulsarán un modelo de sociedad u otro, un modelo de ciudad u otro, el que nosotros queramos, el que la suma de nuestros votos decida. Aunque pudiera parecer otra cosa, la indignación que no se expresa en las urnas es silencio y renuncia. En la abstención no cabe interpretar el deseo de una democracia alternativa, aun cuando ése fuera el propósito de quien se abstiene: de la abstención sólo se beneficia la alternativa a la democracia, y, hasta el momento, como alternativa a la democracia sólo se conoce la falta de ella.

El voto también ayuda a perfeccionar la democracia, ése es parte de su poder. Por razones puramente biológicas, a medida que nuestra democracia cumplía años han ido desapareciendo muchos de aquellos españoles que sufrieron la opresión de no tenerla, de no ser escuchados, de no poder elegir a sus representantes políticos. Pero muchos viven aún, son nuestros mayores y saben lo que costó alcanzar el sueño de vivir en libertad. Sin democracia, escribió Octavio Paz, la libertad es una quimera. Los partidos políticos tienen que mejorar su interlocución con los ciudadanos, sin duda, y sobre todo con los movimientos sociales, también con los que surgen espontáneamente, como los que estos días han ocupado las portadas de los periódicos. A todas esas personas, jóvenes desencantados muchos de ellos, hay que decirles que es votando como se cambian las cosas, como se transforma un país o se dibuja la ciudad y el pueblo en que queremos vivir. Si nos abstenemos, serán otros los que decidan por nosotros.

Por eso quiero hacer hoy un llamamiento al voto. Votar al que votamos la última vez o a otro, al que nos ha convencido de que es necesario un cambio o al que nos ha pedido que renovemos nuestra confianza en él, votar desde la indignación o desde la esperanza, votar en libertad, convencidos de que nuestro voto podrá ser sólo uno pero es fundamental, votar para avanzar juntos, para fortalecernos. Votar para decidir.

VOTAR EN POSITIVO

Impresionados aún por la tragedia ocurrida el pasado miércoles en la vecina Lorca, y tras la suspensión de un día de campaña electoral en señal de duelo por las víctimas del terremoto, los socialistas nos lanzamos el viernes de nuevo a las calles de nuestros municipios para explicarles a los ciudadanos nuestro programa y pedirles su voto. Un voto en positivo, de quienes desean que en su Ayuntamiento haya un alcalde o una alcaldesa que defienda de verdad, con realidades, los derechos sociales y a la gente más humilde, la que peor lo está pasando con la crisis económica. Un alcalde o alcaldesa apoyado en un equipo de gobierno que trabaje con honestidad y transparencia por sus vecinos y esté comprometido con los barrios, no sólo centrado en el centro. Un equipo que apueste por una forma de gobierno austera, clara, transparente, donde los ciudadanos sepan en qué se invierte, cuánto cuesta, de dónde viene ese dinero. 

En un ejercicio de cinismo electoral, el PP ha pretendido apropiarse de la bandera de los derechos sociales, aunque con la misma boca que los defiende sabe igualmente cuestionar la sostenibilidad del Estado del Bienestar. Sus hechos evidencian las intenciones que ocultan: si durante los ocho años que gobernaron en una España con bonanza económica –bonanza basada en buena parte, como se vio luego, en la especulación inmobiliaria-, si en ese tiempo, digo, no subieron el Salario Mínimo Interprofesional ni apostaron por las becas ni tampoco ayudaron a las personas dependientes o a los pensionistas, ¿qué cabría esperar de la derecha en tiempos de crisis?

Esa derecha que aspira a alcanzar el gobierno de nuestros Ayuntamientos es la misma que trata de socavar la confianza en España, usa el terrorismo en clave electoral y critica al Tribunal Constitucional con una irresponsabilidad que provoca escalofríos en todo demócrata de bien. Pero es también la derecha que, sin haber apoyado las políticas sociales impulsadas por el Gobierno de España, asegura ahora que como ellos nadie para ponerlas en práctica. Pero la verdad sabe siempre abrirse paso entre la mentira, por persistente que ésta sea: nunca ha habido tanta protección social como hoy, nunca se habían invertido tantos recursos públicos en becas, nunca habían recibido tanta atención las personas dependientes y quienes se ocupan de su cuidado, nunca se había apostado tan decididamente por la igualdad, nunca hasta ahora el autónomo había podido optar a una prestación por desempleo ni, en caso de ser mujer, tener una baja por maternidad, y sólo ahora las prestaciones del Régimen Agrario están equiparadas a las del Régimen General de la Seguridad Social.

Nadie como el Partido Socialista para impulsar el bienestar general cuando las cosas van bien, y nadie como el Partido Socialista para defender las conquistas sociales cuando las cosas van mal. Es evidente que mucha gente está enfadada como consecuencia de la crisis, pero lo que no imagina el PP es que, si ese enfado se traduce en voto de castigo, no serán los que pusieron todo su corazón y toda su capacidad para superarla los castigados, sino los que no ayudaron, los que aguardan sin más a que el Gobierno socialista se desgaste, de brazos cruzados y en compañía de quienes provocaron lo más duro de la crisis.

No hay más triunfo electoral que el que resulta de sumar un mayor número de papeletas cuando se abren las urnas. Desde el PSOE estamos convencidos de que ese triunfo ha de ser, sobre todo, el de una ciudad, el de un pueblo, el de todos y cada uno de sus vecinos, y ese triunfo sólo está asegurado en nuestro programa.

LA CAMPAÑA DEL CIUDADANO

Estamos en campaña electoral. Es un momento de de ilusiones, esperanzas y búsqueda de apoyos para poder plasmar los proyectos que tenemos sobre el papel en la realidad de nuestras ciudades y pueblos. Desde la oposición o desde los gobiernos municipales, los socialistas estamos exponiendo los diferentes programas que creemos que serán la clave para los próximos cuatro años. Pero en ocasiones olvidamos que esos proyectos no son sólo ideas que nacen del candidato o de la candidatura en cuestión. Son, o deben ser, un reflejo de lo que los ciudadanos quieren para su ciudad y sus pueblos.

No debemos dejarnos arrastrar por la vorágine de una campaña electoral, de tal modo que olvidemos quiénes son los verdaderos protagonistas de unas elecciones y del posterior gobierno de la ciudad. Y esos protagonistas son los ciudadanos, sin duda alguna.

Por ello, los socialistas abogamos por impulsar la participación ciudadana, por mantener un diálogo permanente con el tejido social, para que los almerienses se sientan parte del proceso democrático y no tengan la tentación de alejarse, por sentirse ajenos a él. Es muy importante poner en marcha los cauces participativos institucionales necesarios. Para los socialistas no es un proceso nuevo ni desconocido. Ya en muchos lugares donde gobernamos se han creado un Consejo de la Ciudad o una Dirección General de Participación Ciudadana, como es el caso de Aragón. Mientras esto sucede, en la Comunidad de Madrid, el PP ha eliminado el Consejo Regional de la Mujer y el Consejo Regional de la Juventud.

Es vital para Almería que se creen órganos institucionales que regulen esa participación ciudadana que haga crecer la confianza de los ciudadanos en su soberanía, puesto que, en ocasiones, política y sociedad toman caminos diferentes. Esa participación ciudadana forma parte también del eje central de nuestro programa, porque posibilitará uno de los puntos clave para los socialistas: la transparencia en la gestión de los ayuntamientos. 

Esa transparencia será posible en el momento en que la sociedad esté más próxima a la política, se informe fidedignamente de las diversas actividades que se programen, impulse la rendición de cuentas y la evaluación de las políticas públicas.

Esa transparencia obliga al esfuerzo de todos los grupos políticos, y más concretamente del que ostenta el poder en ese momento. Si mejoramos nuestros pueblos y ciudades y exponemos ideas realistas que generen resultados satisfactorios para la sociedad, conseguiremos generar confianza en la política por parte de los ciudadanos, una confianza que en los últimos años ha ido cayendo en picado, también porque en ocasiones el interés general se ha visto arrinconado por intereses partidistas e incluso personales.

Debemos salir de la burbuja de cristal, empaparnos de la realidad que nos rodea, de lo que le interesa realmente a la ciudadanía para que la democracia no se convierta, como predica la derecha, en aquel despotismo del “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Todos los ciudadanos, sin importar el barrio en el que vivan, tienen derecho a conocer la vida política de la ciudad y participar en ella. La discriminación que algunos barrios han sufrido durante estos últimos años debe acabarse por un principio de igualdad y solidaridad que busque la integración de los colectivos con riesgo de exclusión. 

Por todo ello, los socialistas consideramos que los ciudadanos necesitan formar parte de la campaña electoral porque sin ellos la política deja de tener sentido.

MODELOS CONTRAPUESTOS

Detrás de unas siglas políticas hay una propuesta de modelo de sociedad, y eso es lo que, en definitiva, se le plantea a los ciudadanos en cada cita electoral, elegir no tanto entre un partido u otro sino entre maneras de entender la convivencia. Ante las elecciones del próximo 22 de mayo, el PSOE vuelve a defender un modelo social basado en la igualdad de oportunidades y en el crecimiento equilibrado y sostenible, pero ¿quién pude decir realmente cuál es modelo de sociedad que propone el PP?

Sabemos que en opinión de la derecha el Partido Socialista es siempre culpable de todos los males, lo es en tiempos de crisis pero también en los de bonanza, pues en ambos casos su reacción inmediata a un resultado electoral desfavorable a sus intereses es pedir elecciones anticipadas. Nunca oirán a un representante del Partido Popular hablar abiertamente de qué harán en caso de obtener un respaldo mayoritario de los ciudadanos, de tal modo que tienen las manos libres para aplicar políticas que promueven un desarrollo económico coyuntural, a corto plazo, y que en el fondo acaban favoreciendo siempre la desigualdad.

En el ámbito municipal lo tienen claro: el crecimiento urbanístico es lo que determina que una ciudad sea grande. De más está decir que es ésta una verdad puramente física, en la cual, sin embargo, las personas juegan un papel secundario, a menos que estén en condiciones de participar en el negocio. Claro que a medio plazo nada más insostenible en el tiempo que una burbuja inmobiliaria, pero, con un poco de suerte, para cuando estalla esta burbuja gobierna ya la izquierda y se le puede culpar de una crisis que se fraguó junto con los ladrillos.

Frente a este modelo, el PSOE está convencido de que una ciudad crece cuando sus habitantes reciben un trato adecuado a sus necesidades sociales. Un alcalde “popular” está siempre dispuesto a encontrar emplazamiento para una nueva urbanización, aunque sea en detrimento de zonas verdes; un alcalde socialista apostará sobre todo por fortalecer los servicios públicos esenciales: la educación, la sanidad o el desarrollo pleno del sistema de dependencia. Nada ejemplifica mejor estas posturas contrapuestas que los planes del actual equipo de gobierno municipal de Almería para La Molineta o el hecho de que este Ayuntamiento sólo gastase en el primer semestre del 2010 la mitad de los más de cinco millones de euros que la Junta de Andalucía le transfirió para atender las solicitudes de atención a la dependencia.

Así se entiende que una de las bazas con las que pretende contar siempre la derecha es la de que los ciudadanos, preferentemente los que tienen una sensibilidad progresista, no adviertan diferencia alguna entre un modelo y otro, y vean a los políticos como un “todos revueltos”, desconfíen de ellos y no acudan a votar. Y si para ayudar a la confusión es necesario decir, como recientemente ha hecho una destacada dirigente del PP, que su partido es “pionero en igualdad”, se dice, aunque apenas se les conozca iniciativa alguna en esta materia y a pesar de haber recurrido la Ley de Igualdad que impulsó el Gobierno socialista o las listas paritarias en Andalucía. Por eso llevan tan mal las derrotas electorales: cuando pierden, no piensan que han sido incapaces de convencer de la bondad del modelo social que proponen, sino que los ciudadanos no se han dejado engañar acerca del modelo que ocultan.

UN ENTORNO URBANO SOSTENIBLE

Resulta obvia, hoy en día, la necesidad de buscar soluciones al cambio climático, una realidad a la que todos debemos enfrentarnos. No es menos cierto que, si bien la protección del medio ambiente es una causa común para todos los ciudadanos, los políticos tenemos una gran responsabilidad a la hora de conseguirla.

De esa responsabilidad nace la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía esta semana. Ésta viene a apoyar los diferentes programas que desde el Gobierno andaluz se han venido llevando a cabo para la protección del medio ambiente y la búsqueda de un sistema de sostenibilidad urbana viable en la sociedad actual.

La estrategia se centra en aspectos tan importantes para un desarrollo urbano sostenible como pueden ser la gestión de los residuos urbanos, el uso racional y eficiente de la energía, la protección contra la contaminación acústica, entre otras. Aspectos todos que vienen a mejorar nuestra calidad de vida, trazando un nuevo modelo urbano que sea respetuoso con el medio en el que se inserta.

La estrategia refuerza los diferentes programas que desde la Junta de Andalucía se han llevado a cabo, como es el caso del programa Ciudad 21, que hace hincapié en aspectos como el carril bici, zonas verdes…; y el Pacto de los Gobiernos Locales frente al Cambio Climático, donde se propuso la reducción de las emisiones de CO₂.

Esta estrategia, junto a los programas arriba mencionados, va a aportar una mejora en la calidad de vida en tanto en cuanto se busca una ordenación del territorio más acorde con la sociedad actual. Ejemplo de ello es la incorporación del derecho a la vivienda como objetivo central de la actividad urbanística, buscando un aprovechamiento útil de los espacios existentes.

Igualmente cabe señalar la importancia que en esta estrategia se da a la construcción bioclimática de nuevos edificios, con lo que se pretende aprovechar el entorno natural para lograr unos espacios más respetuosos con el medio ambiente y más saludables para aquellas personas que los habiten.

Un punto esencial para Almería es el impulso de la agricultura ecológica y la obtención de productos locales de producción sostenible en las zonas periurbanas, puesto que la agricultura es el sector económico con más peso en la provincia. Proteger ese suelo cultivable, mejorando la calidad de los productos, respetando el medio ambiente y garantizando una explotación a largo plazo, incide en la consecución de los objetivos de dicha estrategia.

Con la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana se da un nuevo paso para la protección del medio ambiente, una muestra más del compromiso de la Junta de Andalucía por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, así como para la sostenibilidad urbana, algo imprescindible para el aprovechamiento útil de los recursos disponibles en el entorno que nos rodea, encaminado a alargar la vida de una sociedad dinámica y cambiante como es la nuestra.

UNA ESTRATEGIA INCOMPRENSIBLE

La proximidad de cualquier consulta electoral consigue hacer visible la peor cara del PP, ésa que se complace en transmitir a los ciudadanos una imagen de crispación generalizada que favorezca el desapego de éstos hacia la política y radicalice a los votantes más conservadores. El reto al que se enfrenta la derecha española es siempre el mismo y se basa en los mismos cálculos: puesto que no es probable que mejoren sus resultados en las urnas, su tarea se centra en provocar la abstención entre los votantes naturales de la izquierda mediante el procedimiento de apartar del debate político aquellos problemas que verdaderamente preocupan en la calle.

Podría pensarse que una crisis económica bastaría por sí sola para armar la estrategia de un partido en la oposición. De hecho, esto es exactamente lo que ha estado haciendo el PP durante lo que va de legislatura: no ayudar pero sí utilizar. ¿Por qué entonces cuando estamos llamados a decidir quién es el mejor candidato para gobernar un ayuntamiento o determinadas comunidades autónomas la vieja guardia del PP vuelve a poner en el centro del debate la lucha antiterrorista?

Es evidente, por un lado, que los conservadores no quieren hablar de determinadas cuestiones: no quieren hablar de Empleo, Educación, Sanidad y Dependencia, y en cierto sentido es lógico: el Gobierno regional de Madrid va privatizando paulatinamente la sanidad, el murciano eleva las tasas universitarias y el valenciano es el que menos presupuesto por habitante destina a la educación pública. Mientras el PSOE propone educación y sanidad de calidad, el PP quiere "copago", donde el PSOE habla de innovación y energías renovables, el PP se guarda aún la carta del ladrillo y de las nucleares.

Pero tengo la impresión de que seguir ocultando su programa no es la única razón para que Aznar haya sacado su resentida vara de mando o para que Mayor Oreja y Acebes hayan vuelto a tirar de calumnias en materia antiterrorista, animando en su partido el que cargos intermedios de menor relevancia caigan en el más absoluto y abyecto despropósito al decir, por ejemplo, que Zapatero y otros destacados socialistas “tendrían que estar en Auschwitz”, como ha hecho un dirigente “popular” de Martorell, o que “votar al PSOE es votar a quienes están pactando con la banda ETA”, tal y como ha afirmado uno de sus diputados. No soy capaz de recordar cuándo empezó el PP usar el dolor de las víctimas de ETA como arma electoral para atacar al PSOE, pero sí que no fue en la trágica mañana del 11 de marzo del 2004, que venía de antes. Lo que resulta incomprensible para la mayoría de los españoles es que la derecha siga empeñada en algo tan inmoral incluso cuando estamos más cerca que nunca del fin de la banda terrorista, cuando los éxitos de este Gobierno en la lucha contra ETA son abrumadoramente evidentes.

¿Qué ánimos buscan excitar y con qué objeto? ¿Debemos pensar que el PP no está seguro de las encuestas, y por eso vuelve a recurrir a un asunto que por su propia naturaleza debiera estar siempre al margen de los enfrentamientos partidistas, o bien que está tan crecido que no tiene inconveniente en mostrar su verdadera cara? Sean las que sean las respuestas a éstas y otras preguntas parecidas, lo cierto es que la derecha no conoce a los ciudadanos de este país, al menos no a esa inmensa mayoría que espera de sus representantes políticos cercanía, sensibilidad hacia sus problemas reales y determinación inequívoca de resolverlos, exactamente lo que no encuentran en el Partido Popular.

Para una mayor seguridad en el campo

Esta semana comparecían ante los medios de comunicación la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, y el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, para dar a conocer el Plan contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas que el Gobierno va poner a poner en marcha.

Esta actuación pretende dar respuesta a las demandas trasladadas por los agricultores y ganaderos de España ante un incremento de los robos en sus explotaciones.

El Plan de seguridad especial que el Gobierno socialista va a desarrollar en el campo contempla reforzar la vigilancia en zonas agrarias, con más de 1.170 agentes de las Unidades de Reserva.

Para mejorar la seguridad en el ámbito rural las Unidades de la Guardia Civil encargadas de tareas de protección de seguridad ciudadana concentrarán su esfuerzo principal en la lucha contra los robos en instalaciones agrícolas y ganaderas a partir del día 2 de mayo, que es cuando se activa este Plan de seguridad.

Además este operativo especial contempla también la conformación de Unidades ideadas específicamente para luchar contra estos delitos en todas las Compañías territoriales de la Guardia Civil. Colaborarán también con este plan de las Unidades de Tráfico y el propio SEPRONA. Así como también recibirán apoyo las Unidades territoriales de la Guardia Civil de las Unidades que los mandos pueden destinar allí donde considera necesario en cada momento para atender mejor las necesidades del servicio.

En definitiva el Ejecutivo ha dispuesto efectivos y ha planteado una estrategia de coordinación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con otros dispositivos de trabajo en el campo para dar respuesta a una demanda de los trabajadores agrarios y ganaderos.

La prevención es las tareas de seguridad es fundamental. La Guardia Civil se centrará en la intensificación de los servicios preventivos en las franjas horarias de mayor incidencia de estos robos, en la detección de vehículos sospechosos y de señales de forzamiento en instalaciones, en el incremento de los controles de carreteras y nudos de comunicación y en la puesta en marcha de dispositivos específicos sobre establecimientos de compra-venta de material agrícola usado.

Asimismo la Guardia Civil intensificará las relaciones y el trabajo conjunto con el sector agrícola y ganadero para evitar los robos.

Los problemas de nuestra economía y el crecimiento del desempleo en nuestro país no han ido acompañados de un aumento del número de delitos y de faltas, al contrario, estos se han reducido en el último año. Sin embargo la Guardia Civil sí que ha detectado un repunte en los robos a las instalaciones agrícolas y ganaderas a finales de 2010. Estas instalaciones son especialmente difíciles de atender en cuanto a su seguridad por su extensión territorial, por la dispersión de las instalaciones y por su ubicación normalmente en lugares donde no residen vecinos.

Los agricultores y ganaderos merecen que se proteja sus explotaciones, los lugares de los que depende su trabajo, de los amigos de lo ajeno porque aunque los robos en este tipo de instalaciones no suelen ser de elementos cuyo coste sea muy elevado sí que alteran negativamente el trabajo de los productores y ganaderos.

El compromiso del Gobierno de España con el primer sector de nuestra economía se ha vuelto a poner de manifiesto de nuevo con este Plan contra los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas.

 

Santa Semana

Despedimos la Semana Santa de 2011 con una noticia religiosa al margen de la actividad de las Hermandades y Cofradías de nuestra provincia: la sentencia del Tribunal Constitucional amparando a la profesora de Religión de Almería despedida por el Obispado hace 10 años por contraer matrimonio civil con un divorciado.

Su nombre, Resurrección, no podía ser más apropiado para resumir lo que supone este fallo del Alto Tribunal y para la época en que se ha emitido.

En primer lugar quiero expresar a Resurrección Galera mis felicitaciones porque su lucha en los juzgados, y estoy seguro de que también sus plegarias, tras una década han sido recompensadas por la Justicia española.

Como bien ha señalado Resurrección Galera este proceso judicial sienta jurisprudencia y transciende más allá de su caso personal. Los medios de comunicación nacionales así lo han interpretado también y han dado cobertura a la noticia de esta histórica sentencia que reconoce en cierta forma el derecho de los profesores de religión a no ser apartados de su trabajo por su estado civil, ni por otras situaciones que tengan que ver con su vida personal, su familia o su intimidad.

Esta sentencia no se puede interpretar como una condena contra nadie, todo lo contrario, es una sentencia en favor de los profesores de religión en España, en favor de sus derechos fundamentales y laborales, en favor de que sean tratados en igualdad al resto de educadores que ejercen en nuestro país e incluso al resto de trabajadores y trabajadoras amparados por la Legislación española.

No es el momento de buscar culpables, ni de echar balones fuera, hay que asumir esta sentencia y reconocer los derechos a los profesores de religión. No hay que hacer penitencia por el pronunciamiento del Constitucional sino ejercer el arrepentimiento y tener propósito de enmienda con ella y con quienes se hayan visto en una situación similar o se vean en ella en un futuro.

Diez años son demasiados en la carrera de cualquier profesional. Afortunadamente Galera durante esta década ha encontrado otra salida laboral al margen de su actividad docente como profesora de religión, pero seguro que tras su despido ella padeció el drama de quedar desempleada y sin posibilidad de reinsertarse, por su estado civil, en el sector laboral en el que había estado trabajando. 

Enfrentarse a un proceso judicial que se prolonga en el tiempo por una década requiere mucha paciencia, mucha convicción en lo que se hace y mucho empeño y mucha fuerza para no tirar la toalla. Resurrección Galera ha aunado todas estas cualidades y ha sido capaz de llevar ese largo procedimiento judicial sin darse por vencida ante los fallos del Tribunal número 3 de lo Social de Almería y de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Hoy todos conocemos muy de cerca el drama que provoca el desempleo en las familias, ya que por desgracia hay muchas personas que lo padecen. Emprender la batalla judicial de esta profesora de religión en situación de desempleo merece que se le reconozca aún más mérito. 

 A todas luces parece de sentido común que el estado civil de una persona no le lleve al paro, ni que nadie se vea en el brete de decidir entre mantener su puesto de trabajo o contraer matrimonio civil con quien estime oportuno, sea una persona divorciada o no.

La Iglesia sigue teniendo el bastón que guía al redil de los profesores y profesoras de religión en España, sigue siendo quien selecciona a las personas que ejercen la labor docente de la asignatura de religión, pero los criterios que la guíen en esta elección no pueden chocar frontalmente con los derechos fundamentales que vienen recogidos en nuestra Constitución Española. Todos somos iguales ante la Ley y ante los ojos de Dios.

VIGENCIA DE GINER DE LOS RÍOS

El rondeño Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) ha sido la figura andaluza elegida por la Consejería de Cultura como “Autor del año”, iniciativa enmarcada dentro del Plan Integral para el Impulso de la Lectura en Andalucía con la que se persigue difundir la obra de un escritor y realzar, de este modo, nuestro patrimonio intelectual y literario por toda la geografía andaluza.

Si en años precedentes se les dedicó esta especial atención a destacados poetas y narradores, en 2011 le llega el turno a una personalidad absolutamente determinante dentro del campo de la pedagogía. Filósofo y ensayista, Giner de los Ríos ha pasado a la historia fundamentalmente por ser uno de los principales renovadores del sistema de enseñanza en España. Bajo la influencia de la doctrina krausista, que propugnaba la tolerancia académica y la libertad de cátedra frente al dogmatismo moral y político, Francisco Giner de los Ríos fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza, cuyo antecedente inmediato es el Colegio Internacional que el almeriense Nicolás Salmerón abrió en Madrid diez años antes. El krausismo, como señaló su introductor en España, Julián Sanz del Río, se basaba en un “racionalismo armónico”, lo que conllevaba sacar al alumno de las aulas y acercarle a la naturaleza y a todo espacio de conocimiento, bien fueran museos, bibliotecas o fábricas. Frente a un modelo centrado en lo memorístico y en la estricta autoridad de un docente privado de libertad de cátedra, el aprendizaje en la Institución Libre de Enseñanza se fundamentaba en las clases experimentales.

La idea era formar, desde postulados ilustrados liberales, hombres íntegros y realmente útiles a la sociedad, abiertos a todo el saber humano, capaces de pensar por sí mismos, de dar forma a un ideal, de reconocer la igualdad de la mujer, todo ello dentro de una escuela activa, imparcial, en la cual los docentes influyeran en el alumno no mediante su autoridad sino por su sabiduría y su tolerancia. Convencido de que el país debía someterse a una profunda modernización, Giner de los Ríos consideraba que las reformas no las hacen las leyes sino los maestros. Fue objeto de la máxima consideración por parte de quienes le conocieron, y de la altura personal e intelectual de su figura nos quedad testimonios que, como el de Machado, apuntan una austeridad y un ascetismo que lo acercan a la “santidad” laica, con una delicadeza en el trato que no obstante se volvía determinación cuando combatía la zafiedad cultural y moral.

Como ha señalado el catedrático de Historia Julián Ruiz Berrío, todo era innovador en su proyecto: su concepción, su estructura, sus medios, su administración, sus técnicas, “siendo motor de una intensa regeneración de la sociedad”. A la Institución Libre de Enseñanza están vinculados nombres como los de Leopoldo Alas “Clarín”, Ortega y Gasset, Machado, Juan Ramón Jiménez, Unamuno, Lorca o Dalí (bajo su influencia nació, por cierto, la Residencia de Estudiantes). La labor impulsada por Giner de los Ríos continúo tras su muerte, pero la Guerra Civil y la Dictadura dieron al traste con tan apasionante aventura. Habrían de pasar casi cincuenta años para que, en la década de los ochenta del pasado siglo XX, se retomaran sus principios pedagógicos: la idea de una educación libre, progresista e igualitaria –a veces tan denostada por sectores ultra conservadores- es la que sirve de sustento a la pedagogía actual. Estamos, pues, ante una personalidad y una obra plenamente vigente, que gracias a la iniciativa de la Consejería de Cultura, podrá ser mejor conocida por los jóvenes de hoy.

VERDADES Y MENTIRAS

Nada define mejor la actitud de la derecha española que la sonrisa con que sus dirigentes recibieron la noticia de que nuestro vecino Portugal se había visto obligado a solicitar el rescate financiero de la Unión Europea. Cuando el rechazo de la oposición portuguesa a respaldar las medidas de austeridad planteadas por su Ejecutivo provocó la caída de éste, hubo algún destacado miembro del PP que llegó a afirmar sentir “envidia de que Portugal tenga la oportunidad de cambiar de Gobierno”. Pero antes de que los “populares” pudieran hacer valer su dañina idea de que la caída de Portugal es “lo que podría pasarle a España”, lo que quedó en evidencia es que se trata de “lo que podría haberle pasado a España”: para ello hubiera bastado con lograr que las medidas de ajuste económico impulsadas por el Gobierno Zapatero, en contra de las cuales votó el PP en mayo del pasado año, no llegaran a aplicarse. Tal vez entonces los conservadores españoles hubiesen obtenido el premio de esas elecciones anticipadas de las que se han declarado sedientos, pero a costa de la ruina de nuestro país.

El caso Portugal, pues, lejos de respaldar esa falsa imagen de una España débil, que tan insistentemente intentan los “populares” transmitir al exterior, lo que retrata es una derecha capaz de cualquier cosa por alcanzar el poder, arrogándose para ello el papel en el que siempre se han sentido más a gusto: el de salvapatrias. No obstante, los organismos internacionales  (FMI, Comisión Europea, Banco Central Europeo, OCDE) han coincidido en que las medidas que tomó el Gobierno español, y que afectaban a los cuatro problemas principales de nuestra economía (déficit, mercado laboral, pensiones y sistema financiero) han alejado toda posibilidad de ser una ficha más del dominó de países comunitarios rescatados (Grecia, Irlanda y Portugal) y nos han convertido en un dique infranqueable ante la crisis y en una garantía de seguridad para la zona euro. El diario Financial Times aseguraba a comienzos de este mes que “Zapatero se despide cuando España está encarrilada”, y alababa “las valientes reformas estructurales y de otros tipos” llevadas a cabo por el Gobierno Español. Dos días después, el mismo prestigioso periódico se mostraba así de contundente: “Mientras Portugal está KO, España parece ir OK”.

Pero intentar despertar la desconfianza hacia nuestro país, con ser de una escalofriante irresponsabilidad, no es la mayor vileza en la que puede incurrir la derecha española para tomar los Gobiernos central y andaluz. La cacería política y personal a la que están sometiendo a Manuel Chaves, usando a su familia para tratar de desgastar políticamente al PSOE y al Ejecutivo del que es vicepresidente tercero, cuestionando su intachable honradez a sabiendas de que los argumentos que esgrimen contra él son falsos y justificando esta deleznable maniobra en los pasillos del Senado diciéndole que “la política es así de canalla”, va más allá de lo tolerable. Se trata también, claro está, de intentar tapar mediante una estrategia como ésta el hecho de que fuera el principal artífice de la modernización de Andalucía durante los años en que fue presidente de la Junta. No se conoce en Europa un caso igual de acoso y derribo a un Gobierno, de causa general contra un partido político, buscando herir en el corazón de aquello que nos es más preciado a todos y cada uno de nosotros: nuestra familia. Más tarde, cuando todo haya pasado, vendrán las disculpas, o quizá ni siquiera eso, qué más les da. Curiosamente, los mismos que emponzoñan con mentiras la trayectoria de Manuel Chaves confeccionan sus listas electorales con gente que está imputada en casos de corrupción, y lo hacen con cierta actitud desafiante, con insolencia, sacando pecho, como diciendo “sí, imputados, qué pasa”, y todo eso produce vergüenza.

Tal vez para algunos la política sea así de canalla, pero no lo es para todos. Tal vez haya quien encuentre justificada cualquier cosa que se haga para echar a un Gobierno que no le gusta, pero no es la manera más digna de pasar por la vida.

Las confesiones del PP

Con la excusa de la crisis, hay quienes se están atreviendo a hablar en público de ese retroceso en los derechos sociales que tanto tiempo llevaban deseando y que no se atrevían a confesar. En las últimas semanas, hemos podido escuchar la confesión del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sobre la conveniencia de establecer el copago para la sanidad y la educación. Parecidas señales se han producido en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre ya lo tiene todo listo para implantar el copago sanitario.

Lo del copago, que suena a fórmula solidaria, es en realidad una manera educada de llamar a lo que todos conocemos como la ley de la selva: que sobreviva el más fuerte. En términos prácticos, el copago supone que los ciudadanos pagarán dos veces por lo mismo: la primera a través de sus impuestos y la segunda cuando utilicen la sanidad o la educación. Así, todos los contribuyentes destinaremos una parte de nuestros impuestos a estos dos servicios, pero a la hora de la verdad, sólo podrán disfrutar de una buena educación o de una atención sanitaria adecuada quienes puedan aflojar más dinero.

Contra toda lógica, quien se enferme más tendrá que pagar más. Y quien no pueda pagar una educación de primera deberá conformarse el resto de su vida con puestos de trabajo de segunda.

La sanidad y la educación son dos pilares fundamentales del Estado de Bienestar, y el acceso universal y gratuito a estas prestaciones favorece la igualdad de oportunidades y la justicia social, dos términos que algunos líderes de la derecha no han conseguido asimilar todavía en estos treinta años de democracia.

Gracias a las políticas desarrolladas por los distintos Gobiernos socialistas en las últimas décadas, el sistema sanitario público de salud se ha consolidado como el garante del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, de forma universalizada, sin que nadie se vea discriminado por razones económicas, sociales, raciales o geográficas. El esfuerzo realizado ha contribuido a una mejora indudable y comprobada de los niveles de salud de la población, alcanzando estándares comparables e incluso superiores a otros países de nuestro entorno político y socioeconómico.

Por lo que respecta al ámbito educativo, en Andalucía sólo tenemos que comparar el nivel de analfabetismo previo al primer Estatuto de Autonomía, superior al 14% de la población, con el que se registra hoy día y que es prácticamente residual. Este enorme avance se ha conseguido con medidas tendentes a la democratización del acceso a la educación como ha sido el aumento del número de becas, la gratuidad de los libros de texto o el transporte escolar gratuito.

La crisis no puede servir de excusa para esta reducción de los límites del Estado que plantea la derecha y que supondría, inevitablemente, un enorme retroceso en los derechos ciudadanos que tanto trabajo ha costado conseguir. Los Gobiernos socialistas de España y de Andalucía han demostrado que se pueden aplicar medidas de austeridad económica, de contención del gasto y de reducción del déficit público sin dar ni un solo paso atrás en políticas sociales. Por el contrario, han demostrado la viabilidad de un nuestro modelo, que incluye como elemento fundamental el mantenimiento del carácter universal y gratuito de los servicios públicos esenciales.

Lo más peligroso de las propuestas de la derecha es que se están lanzando disimuladamente. Pocos líderes nacionales han tenido la gallardía de reconocer que, aunque no lo digan, planteamientos como el del copago son la columna vertebral de sus programas. Por ello, el ciudadano debe estar más vigilante que nunca.

ES LA HORA DE LAS MUNICIPALES

Casi oculto por el ruido y la furia con que algunos se han empeñado en asfixiar todos los ámbitos de la política, existe la evidencia de que en las próximas elecciones municipales del 22 de mayo nos jugamos el futuro de nuestros pueblos y ciudades, nos jugamos el mantenimiento de la cohesión social y la igualdad de oportunidades como elemento fundamental para el progreso. Eso es ahora lo fundamental: que frente a quienes aspiran a regresar a un modelo especulativo de economía local, que genera un cierto tipo de riqueza a muy corto plazo pero que, como se ha visto, resulta absolutamente quebradizo, existe un modelo sostenible de municipio, que es el que propugnamos los socialistas, que está tan atento al hoy como al mañana, tan preocupado por nuestra propia generación como por las venideras; de ahí, por ejemplo, que vayamos a insistir tanto en medidas para garantizar el aire limpio en nuestras ciudades.

 

Es hora de hablar de igualdad. Nos jugamos el mantenimiento de la cohesión social y la igualdad de oportunidades como elemento fundamental para el progreso de nuestros municipios. Y frente a quienes sólo pueden aportar buenos propósitos nunca cumplidos, es más que evidente que en este terreno la cuenta de resultados arroja un saldo notablemente favorable al Partido Socialista: todo  lo que significa un compromiso con la igualdad lleva la firma de un gobernante socialista, ya sea Felipe González o José Luis Rodríguez Zapatero, desde la ley que estableció la sanidad universal, a la ley del derecho a la educación o la ley de igualdad. Ésa es nuestra seña de identidad de cara también al ámbito local.

Es hora de hablar de empleo en nuestros municipios, de emprendedores y de cambio de modelo productivo. El PSOE quiere hacer de los ayuntamientos piezas esenciales al servicio de la recuperación económica y la creación de empleo, y se presenta, tanto desde el Gobierno nacional como desde el autonómico, como el gran aliado de éstos: ahí está, de un lado, la creación de los Fondos Estatales de Inversión Local (el Plan E), que ha supuesto una inversión de 13.000 millones de euros, la mayor que un Gobierno haya destinado a los Ayuntamientos en la historia de la democracia local. Estos Fondos han permitido crear más de 700.000 empleos y mantener la actividad de más de 37.000 empresas, y con ellos los ayuntamientos han podido peatonalizar más calles, construir nuevos equipamientos públicos y espacios verdes, aumentar el número de centros sociales, bibliotecas, escuelas infantiles, centros de día y de atención a la dependencia. Ahí está igualmente el Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), una iniciativa única entre todas las comunidades españolas, que, gracias a una fuerte inversión económica, ha generado o mantenido decenas de miles de puestos de trabajo en obras que desarrollan los municipios.

Es hora, también, de hacer efectivo el compromiso con el impulso del municipalismo, de avanzar en la segunda descentralización , la de lo local, y hora de recordar que el municipio es el espacio de convivencia de la gente y el punto de partida de las acciones que llevamos a cabo los socialistas, el espacio donde el político participa con el resto de ciudadanos -con sus vecinos, en definitiva- en la construcción de lo público. Y en esa distancia corta los socialistas entendemos mejor que nadie a la gente, sin populismo: todo cercanía, complicidad, comprensión, capacidad de diálogo entre iguales.