No bajan las pensiones

Los pensionistas almerienses y españoles han de saber que el Gobierno no ha aprobado que se bajen sus pensiones ni que las vayan a perder, como incluso he llegado a escuchar estos días.

El Gobierno lo que ha propuesto es que los pensionistas con una pensión mínima, o con una pensión no contributiva, o con una pensión del SOVI que no concurran con otras, sigan como hasta ahora ganando un poco más cada año, según el IPC. Y el resto de pensionistas tampoco van a cobrar menos que hasta ahora, cobrarán la misma pensión que tienen ahora pero no cobrarán la subida del IPC a partir de 2011.

Si ya de por sí  es difícil dar a conocer a la ciudadanía las decisiones que un Gobierno va adoptando, en el caso de cuestiones de índole económica es mucho más complejo, y más aún al tratarse de asuntos que interesan sobre todo a personas que habitualmente no están acostumbrados a manejar la terminología económica que empleamos la clase política y los medios de comunicación.

A fecha 1 de mayo el número de pensiones contributivas en Almería se situó en 91.151, el dato más numeroso hasta la fecha. El importe medio de una pensión se situó en 631,47 euros, un 3,60% más que mayo de 2009.

En Andalucía hay 140.530 beneficiarios de prestaciones no contributivas, estos continuarán cobrando un incremento en su pensión.

El Pacto de Toledo estableció como principio “la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del índice de precios al consumo”. Sin embargo, durante 2009, por ejemplo, las pensiones experimentaron una revalorización del 2%, mientras que la inflación real, de noviembre sobre noviembre, fue del 0,3%. Esto refleja que el Gobierno socialista ha incrementado las pensiones por encima de lo acordado en el Pacto de Toledo. Así en 2004 la inversión en pensiones en España era de 71,6 millones de euros y en 2010 asciende a 108,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento de la inversión en pensiones del 51,2%. Así los pensionistas en España han ganado poder adquisitivo, además el Gobierno de España ha triplicado el esfuerzo presupuestario para financiar el complemento de las pensiones mínimas.

Volviendo a las medidas actuales es también importante que los pensionistas conozcan que el Gobierno se subirá a todos y a todas las pensiones según el incremento del IPC de noviembre de 2010 frente a noviembre de 2009. Esto ocurrirá si el IPC sube más del 1%, si no el Gobierno no va a bajar las pensiones, sino que mantendrá el incremento. El compromiso de los Gobiernos socialistas con los pensionistas sigue en pie.

Desde 2004 las pensiones mínimas han crecido con el PSOE más que la pensión media. Con el PSOE cada año el número de pensionistas que se sitúan en España por debajo de la denominada “línea de pobreza relativa” viene bajando continuamente y continuará haciéndolo pese a la crisis, algo que destaca sobre frente al resto de países europeos.

Durante la etapa de Gobierno de Zapatero las pensiones mínimas se han subido en un 49% y así por ejemplo, una pensión de jubilación de 65 años con cónyuge a cargo en 2004 era de 6.788 euros al año y ahora es de 10.152 euros anuales. Una persona con este tipo de pensión disfruta de un incremento en su pensión del 50% y de una ganancia de poder adquisitivo del 25%.

El Gobierno socialista ha destinado ha aumentado el gasto social en 6 años en un 58% y las medidas económicas que acaba de aprobar supondrán únicamente una reducción el gasto social del 1,5%. Es el Gobierno que más ha apostado por el gasto social dedicando más de 50% de los Presupuestos Generales del Estado en todos los años desde 2005 y en el Presupuesto para 2011 continuará destinando 1 de cada 2 euros a gasto social, por lo que es y sigue siendo el Gobierno que más ha invertido en mejorar las prestaciones sociales de todos los ciudadanas y ciudadanas, donde también están incluidas las pensiones.

MÁS ALLÁ DEL CÁLCULO ELECTORAL

Si queremos analizar con propiedad la actual situación política en nuestro país, conviene no olvidar un dato fundamental: lo que nos diferencia del resto de los países de la Unión Europea no es que el Gobierno haya tenido que adoptar una serie de duras medidas para combatir la crisis, apoyar la estabilidad del euro, reducir el déficit público y defender el Estado del Bienestar, pues planes de ajuste económico similares han sido aplicados o anunciados por nuestros socios europeos; lo que de verdad nos singulariza hoy por hoy es que aquí, en España, sobre el principal partido de la oposición sobrevuelan los fantasmas del cohecho, la financiación ilegal y la irregularidad electoral, delitos todos ellos recogidos en el auto del juez que investiga la trama corrupta que afecta al PP valenciano, baluarte del PP nacional.  

Un reflejo de esta situación fue la algarada parlamentaria que los “populares” provocaron el pasado martes en el Senado, donde más allá de toda responsabilidad política respondieron con una bronca desmesurada a los planes de austeridad aprobados por el Gobierno de Zapatero, planes que, repito, han adoptado ya, o están a punto de hacerlo, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Irlanda o Reino Unido, y que tienen como principal punto en común –tal y como todos hemos podido seguir a través de los medios de comunicación- el recorte en el gasto público. Los “populares” pidieron por ello la dimisión del presidente, pero mantienen en su cargo, contra toda lógica, a un Camps bajo sospecha; pidieron elecciones anticipadas, pero sin aclarar si en su pretensión de ganarlas está también la de dar luego la espalda a Europa, si renunciarían a actuar conjuntamente con otras economías para salvar nuestra moneda, si están o no de acuerdo con los organismos internacionales que han defendido el ajuste planteado por nuestro Gobierno. 

Que la derecha española trate ahora de erigirse en defensora de las políticas sociales es un sarcasmo muy difícil de digerir. Durante estos seis años no han apoyado ni una sola de las medidas impulsadas por el Ejecutivo socialista, y desde luego no el progresivo y sustancial incremento de las pensiones, la multiplicación de las becas de estudio o las ayudas al alquiler, de las que se benefician doscientos mil jóvenes. Criticaron duramente la aplicación del llamado cheque bebé, pero ahora que ha sido inevitable suprimirlo se desgarran las vestiduras. Han retrasado en Madrid y Valencia la aplicación de la Ley de Dependencia, de la que ya están beneficiándose más de medio millón de personas, y parece como si consideraran un despilfarro el hecho de que más de tres millones de españoles sin empleo estén recibiendo una prestación. Porque a pesar del ruido y la furia del PP, lo cierto es que el recorte en gasto social recientemente aprobado ha sido de un uno y medio por ciento si tenemos en cuenta que lo incrementamos un cincuenta por ciento en los últimos cinco años. 

Todo en el PP es estrategia –electoral, se entiende-, y parte de esa estrategia consiste en minimizar el carácter global de esta crisis económica y exagerar su incidencia en España, al tiempo que rechaza todas y cada una de las medidas que han venido siendo adoptadas para salir de ella. Pero lo cierto es que se trata de una coyuntura mundial extraordinariamente compleja, no conocida hasta ahora, una crisis que no supieron detectar ni las instituciones financieras ni los analistas, que no es uniforme e invariable, sino que va cambiando, de ahí que sea necesario también ir cambiando la forma en que se la combate. Eso sí: todo se está haciendo de forma coordinada con el resto de países, también a la hora de pedir un gran esfuerzo de solidaridad a los ciudadanos. El objetivo para la inmensa mayoría es recuperar la senda del crecimiento; para el PP, el objetivo es ganar las próximas elecciones. Raro será que en las urnas no le digan los ciudadanos: gracias por nada.

Por una Seguridad Vial mejor

Unas 100 millones de personas han muerto en todo el mundo desde que el coche se empezó  a usar como medio de transporte. En nuestro país los accidentes de tráfico siguen siendo uno de las principales causas de muerte, por ello, el Gobierno de España se está esforzando por paliar esta situación.

Desde el 1 de julio de 2006 se puso en marcha en España el carnet por puntos, implantado por la DGT, que perseguía la reeducación vial y el castigo a los conductores reincidentes, dejando de ser la autorización para conducir vitalicia y convirtiéndose en crediticia.

Desde ese año ha habido un cambio de conducta entre los conductores que se ha visto reflejado en una reducción significativa de la mortalidad en las carreteras y además se ha visto la necesidad de llevar a cabo una reforma integral del procedimiento sancionador de modo que sea más eficaz, más justo y sencillo para el ciudadano.

Basándose en esta tónica, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentaba esta semana pasada la nueva Ley de Seguridad Vial, que fue aprobada en noviembre y que entrará en vigor el próximo martes 25 de mayo afectando a los más de 25 millones de conductores censados en España. Una Ley que se presenta como más sencilla, más justa y que ahorrará dinero a la mayoría de los conductores que pagan sus multas y, sobre todo, acabará con la impunidad de aquellos conductores que constantemente incumplen las normas. 

Esta Ley tiene una máxima marcada y es la de favorecer a los conductores que quieran pagar la multa, que son la mayoría de los ciudadanos, por tanto, quienes la paguen pagarán menos y de forma más sencilla y quienes no lo hagan lo van a tener más difícil. Esto se traduce en que se eleva del 30 al 50% el descuento de las multas por pronto pago y se crea un expediente sancionador abreviado a quien no lo haga.

La nueva norma, aprobada por el Congreso de los Diputados, también reduce de 27 a 20 las infracciones que acarrean la pérdida de puntos con el fin de sancionar únicamente conductas graves y muy graves. 

Otra novedad es que se amplían de 4 a 6 los puntos que un conductor pueda recuperar cuando ha perdido parte del crédito inicial, al realizar el curso de recuperación de puntos.

También esta norma establece una cuantía única y fija para cada infracción que será de aplicación obligatoria para todas las administraciones. Ahora las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100 euros, las graves, con multa de 200 euros y las muy graves con multa de 500 euros.

En el texto además se contempla la creación del Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico y que el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destine íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, a la prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.

Otro de los cambios más importantes que contempla la Ley se refiere al Procedimiento Sancionador. Se establecen tres  novedades importantes como son la creación de un procedimiento abreviado, la terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte del infractor y el diseño de un nuevo protocolo de notificaciones en donde se incluyen los nuevos sistemas telemáticos de comunicación.

Para que la sociedad conozca los cambios que se recogen en la nueva Ley, se ha preparado una campaña de información con el mensaje Cambiamos para mejorar dirigida a los ciudadanos en general y a los conductores en particular.

MIGUEL HERNÁNDEZ

En una hermosa canción de los años setenta escrita por Patxi Andión en recuerdo de Federico García Lorca hay un verso que estremece por su sensitiva mezcla de sencillez y hondura: “Tú poeta y ellos tantos...”. Esa misma imagen de vulnerabilidad poética frente a la sangrienta barbarie del rencor y la tiranía viene también a la mente cuando se piensa en Miguel Hernández y en el desolador desenlace de una vida dedicada a las letras y a la encendida defensa de la justicia y de la dignidad del pueblo.

Hernández hubiera cumplido cien años este 2010, pero murió con apenas treinta y uno en una prisión de Alicante, enfermo sin tratamientos, conmutada hacía poco una condena a muerte que había sido dictada “por escribir versos y ser el poeta del pueblo”. Los españoles de entonces ni siquiera supieron de su fallecimiento, porque además de a muerte y, luego, a treinta años de prisión, las autoridades franquistas le habían condenado al olvido. Dejaba, a pesar de su juventud, un legado literario imperecedero y un ejemplo personal de compromiso, pero su familia hubo de vivir durante décadas en la oscuridad, procurando no llamar la atención de los opresores, “amargaicos”, como dijo recientemente alguien que los conocía bien. Él poeta y ellos tantos y durante tanto tiempo y con tanta crueldad acumulada.

Miguel Hernández será para siempre ese retrato a carboncillo que de él hizo Antonio Buero Vallejo en la celda que compartieron, y los versos arrebatados y arrebatadores que cantó Serrat en la primera mitad de los setenta, aquel “Para la libertad” que vibraba en la garganta de Joan Manuel y era un apasionado aviso a navegantes: “Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, /ella pondrá dos piedras de futura mirada / y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan / en la carne talada”.

Coincidiendo con la conmemoración del centenario de su nacimiento –que ha salpicado de actos de homenaje toda la geografía española-, el Gobierno español ha rehabilitado oficialmente la memoria y el nombre del escritor mediante una Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal aprobada por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica. En dicho documento, todo un ejercicio de desagravio a quienes sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, se deja claro que Hernández “ingresó injustamente en prisión y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra”. Para la Historia de la Literatura es un grande entre los grandes; a los suyos les faltaba que también su imagen fuera definitivamente rehabilitada.

No ha quedado al margen Almería de los homenajes que se le tributarán a lo largo de todo el año. La figura y la obra de Miguel Hernández, su sensibilidad e intensidad, serán objeto de atención en diversos actos culturales, entre ellos unas Jornadas Literarias organizadas por la Diputación Provincial a través del Instituto de Estudios Almerienses. Y es que en la hora de la admiración bien podemos afirmar: él poeta y nosotros tantos.

MI INTERVENCIÓN EN EL ACTO JUNTO A PEPE GRIÑAN EN VELEZ RUBIO

VIDEOS DE LAS INTERVENCIONES : PEPE GRIÑÁN EN VELEZ RUBIO

Apostar por la educación

La educación es un pilar básico para la estructuración y vertebración de un país que quiere seguir creciendo y que apuesta por la formación de los jóvenes como ventana hacia al futuro y el progreso, sobre todo en los tiempos que corren. 

El Gobierno de España va a seguir apostando por la educación y luchando porque todos los jóvenes que deseen continuar adelante con su formación académica puedan hacerlo sin problemas. 

Para ello, el Gobierno Socialista adoptó al inicio del curso escolar 2009/2010 un aumento del presupuesto del 8% con respecto al curso anterior. En materia de becas el Gobierno sigue apostando fuerte, ya que los jóvenes de menor renta que estén estudiando un título de grado superior universitario van a percibir una ‘beca-salario’ de 2.800 euros anuales. 

Además, el límite de renta familiar para tener derecho a una ayuda se incrementa en un 3’6% respecto al curso pasado, lo que está permitiendo tener más becarios en este 2010.

Tampoco pasa desapercibida para el Gobierno la necesidad de seguir adelante en la construcción de un modelo de economía sostenible. En este sentido, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación será fundamental para acelerar el desarrollo económico sostenible y la innovación.

Esta ley será una herramienta eficaz para la contribución que tiene que hacer la ciencia en la construcción del nuevo modelo y para el desarrollo del sistema científico español. Hay que destacar el gran avance que va a suponer esta ley, puesto que con ella los investigadores y los doctores tendrán contratos con todas las prestaciones sociales, superando el sistema de becas actual.  

También establecerá un procedimiento de acceso al empleo público que les permitirá tener una carrera estable y predecible. Y permitirá promocionar la participación en la empresa privada en la inversión de I+D+I. 

Es tal la importancia y el valor social que tiene el proyecto para el desarrollo del país, de la ciencia y su contribución al bienestar que será necesario el máximo consenso en el Parlamento para su aprobación. 

Tenemos que luchar todos unidos y no anteponer el interés electoral de un partido a los intereses de millones de españoles que están esperando una actuación unánime, en materia de educación, por parte de todos los partidos políticos.  

 

La Junta de Andalucía también predica con este ejemplo y continúa con su labor de potenciar y cualificar a los andaluces en materia  de Investigación, Desarrollo y Formación convirtiéndose estos elementos en pieza claves para el Gobierno Andaluz. Por ello, desde la Consejería de Agricultura y Pesca se han convocado 40 becas destinadas a técnico e investigadores y que supondrán una inversión de 4,5 millones de euros.   

Mientras que en el PSOE aboga por seguir invirtiendo en las partidas destinadas a la educación, a las becas y a la formación, las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se dedican a promover medidas como la eliminación de la gratuidad de los libros de texto en Galicia, la rebaja de un 4% en la financiación de la Universidades que se ha producido en Madrid. O el boicot al Programa Escuela 2.0 que están realizando en Madrid, la Comunidad Valenciana o la de Murcia. 

El PP constantemente hace un ejercicio de deslealtad, insolidaridad y de irresponsabilidad. Su insolidaridad es con sus ciudadanos, con su país y, en especial, con los desempleados y los jóvenes. 

El PSOE y los socialistas seguiremos adelante por conseguir lo mejor para nuestros ciudadanos para todos los españoles puedan gozar de una educación de primera, de calidad y que atiendan todas sus necesidades por igual.

UN ESFUERZO DE TODOS

La semana pasada, el presidente del Gobierno tuvo que enfrentarse a uno de los trances más difíciles de su trayectoria política al anunciar una serie de medidas impopulares encaminadas a reducir el déficit público y a cumplir nuestros compromisos europeos. Difícil porque siempre lo es pedir esfuerzos tan considerables a los ciudadanos, pero particularmente porque estas medidas, sin duda duras, pero también equitativas y plenamente justificadas, llegan precisamente cuando los datos indican que la recuperación económica ha comenzado a producirse en el primer trimestre de este año. Ocurre que los intereses de España están muy por encima de cualquier cálculo electoral, o al menos es así como lo entendemos desde el Partido Socialista. 

Las turbulencias en los mercados financieros, que no cesan, los vaivenes bursátiles, los ataques por parte de especuladores sin escrúpulos, han dejado al descubierto, una vez más, la fragilidad del sistema en que se asienta la economía global. Europa, la Europa de la que formamos parte, atraviesa por un momento clave para su futuro, y así quedará registrado en los libros de historia. La Unión Monetaria nunca había conocido una amenaza tan seria, y para su defensa se ha aprobado el llamado Mecanismo Europeo de Estabilización, que supone movilizar nada menos que setecientos cincuenta mil millones de euros: una respuesta rápida, firme, claramente comprometida con el proyecto común por el que hemos apostado y que ha sido determinante para la prosperidad de España. 

Ahora bien, cuando la economía europea se siente amenazada por los especuladores, nuestro país también, y cuando la Unión Europea tiene que tomar medidas extraordinarias, España también debe tomarlas. No hay que olvidar que el Gobierno que ahora pide nuevos esfuerzos a sus conciudadanos para corregir los efectos de la crisis es el mismo que en los años de bonanza volcó todo su empeño en mejorar las condiciones de vida de todos, pero especialmente de los menos favorecidos; ésa ha sido y seguirá siendo la seña de identidad de este Gobierno. Las medidas aprobadas la semana pasada, destinadas a reducir el déficit público, son estrictamente necesarias para reforzar la confianza de los mercados financieros en nuestra economía, para mantener a nuestros inversores y transmitir una imagen de estabilidad; y, en definitiva, y esto es lo más importante, son imprescindibles para preservar nuestro Estado del Bienestar. 

Es muy posible que en ocasión tan comprometida para los intereses de España no todos estén a la altura de las circunstancias. Al PP se le ha pedido por activa y por pasiva que defienda la estabilidad de nuestro sistema financiero, que ayude a generar confianza, que realice un ejercicio de patriotismo y no siembre sospechas infundadas acerca de nuestra economía. Lamentablemente, cuando más responsabilidad cabría esperar del principal partido de la oposición, éste lo que intenta es desviar la atención de los casos de corrupción en que presuntamente está involucrado; de ahí, por ejemplo, que después de haber clamado tantas veces en contra del déficit público ahora se rasguen las vestiduras porque se adoptan medidas para reducirlo.  

Nada puede hacerse para favorecer la sensatez política en quien está empeñado en anteponer sus sed de poder a las necesidades de su país. Pero más allá de unos intereses electorales está el bienestar de nuestra sociedad, y su defensa exige un esfuerzo colectivo.

Trasladar confianza

Esta semana pasada ha tenido lugar en la Moncloa la reunión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy. Era la cuarta vez que se producía un encuentro de tales características en la presente legislatura.

En esta ocasión la reunión tenía unos objetivos muy claros y era tratar de alcanzar un acuerdo sobre el apoyo al plan de rescate de Grecia y la agilización en la reestructuración del sistema financiero español.

Afortunadamente el encuentro se saldó con los dos acuerdos. El apoyo a Grecia significa una operación sin precedentes en la historia de la Unión Europea y que supone que España va a hacer un préstamo como nunca lo ha hecho a otro país, por un importe de casi 10.000 millones de euros, distribuidos a lo largo de 3 años.

Por lo que respecta a la reestructuración del sistema financiero, que afecta fundamentalmente a las cajas, es un pilar básico para la recuperación, para el asentamiento de la confianza, para la solvencia de nuestra economía y para que las empresas vuelvan a invertir.

Que PSOE y PP sumen esfuerzos políticos e institucionales ante este tema permitirá que el 30 de junio esté concluido el proceso de fusiones de cajas, y  que España tenga ya, en esa fecha, un mapa más definitivo de su sector financiero que permita reestructurarlo, sanearlo y dimensionarlo adecuadamente con los medios que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha puesto a disposición de las entidades, con el concurso de la Comisión Europea.

Además se podrá promover conjuntamente, en los próximos tres meses, una reforma de la legislación de las cajas de ahorro con los cambios que la reestructuración hace necesarios.

Asimismo los dos líderes también intercambiaron información y opiniones sobre la situación económica y sus perspectivas. Mientras que Rajoy ponía sobre la mesa que era necesario poner en marcha un plan, el Gobierno socialista ya lo tiene hecho y está ejecutándose.

Un plan que se basa en la aplicación de una política de estímulos fiscales, en un Plan de Consolidación Fiscal (el Gobierno Español va a cumplir el plan remitido a Bruselas para reducir el déficit, con el objetivo de llegar al 3% en 2103), y en continuar actuando en reformas en las políticas energéticas e industriales y alcanzando acuerdos en lo referente a la reforma laboral y la reforma de pensiones.

Otro objetivo común que sí se puso de manifiesto es el de llegar al año 2013 habiendo reducido el déficit hasta el 3%. El camino por el que ha optado el Gobierno es muy distinto al que le gustaría a Mariano Rajoy. El Gobierno ha optado por una reducción anual razonable del déficit que, permitiendo alcanzar el objetivo del 3% en 2013, no ponga en riesgo la recuperación económica. 

Sin embargo el líder de la oposición era partidario de haber hecho una reducción drástica del déficit este mismo 2010, cortando bruscamente el gasto de la inversión pública, aunque eso suponga comprometer el crecimiento.

Aunque los acuerdos son positivos y fundamentales para trasladar confianza, creo que muchas españoles echaron de menos un ejercicio de responsabilidad en vez de electoralismo. En esta ocasión no se trataba de echar una mano al Gobierno, sino de echar una mano al país que tanto lo necesita.

El Partido Popular tendría que tener en cuenta que hay que seguir haciendo esfuerzos, reformando la economía e intentando que salgamos de esta situación y para eso uno de los elementos fundamentales es trasladar confianza tanto fuera como dentro de nuestro país.

HACIA LA ALMERÍA DEL FUTURO

Almería nunca ha estado tan cerca del soterramiento de las vías del ferrocarril a su paso por la capital como lo está ahora. Bien podría decirse que el proyecto del que más se ha hablado y escrito en los últimos años, y con él la propia historia de la ciudad, cruzó la semana pasada la línea del no retorno: no habrá ya pasos atrás, ni seguirá siendo en el imaginario colectivo una empresa huidiza, casi un deseo irrealizable. Con la firma del convenio entre las tres administraciones implicadas –estatal, autonómica y municipal-, más ADIF y RENFE, mediante el cual se creará, en un plazo de dos meses, la sociedad que gestionará el proyecto, esta infraestructura comienza definitivamente su andadura. 

De más está  decir que hablamos de la Almería del siglo XXI, una ciudad ya sin divisiones físicas, sin esa fea cicatriz ferroviaria que parte la ciudad en dos: a este lado de las vías y al otro. Se trata de una actuación que a lo largo del tiempo ha conocido trámites de más o menos entidad, reivindicaciones, diseños propuestos a la consideración de los ciudadanos y algún que otro chantaje encubierto, como aquel famoso “stand by” con el cual el diputado “popular” Juan José Mataría definió en tiempos de Aznar la situación en que permanecería el proyecto en tanto gobernase en la ciudad el PSOE; una actuación, también, que en estas dos últimas legislaturas ha experimentado un impulso real: en 2005 se licita el preceptivo estudio informativo, en 2008 se firma el protocolo en el que se detalla el modelo consensuado por las partes, en 2009 se acuerda la creación de una sociedad y se anuncia la firma del convenio que la hará posible, firma que se concretó definitivamente el viernes. 

Estos son los datos. A los responsables políticos nos queda ahora la obligación de transmitir ilusión a los ciudadanos, pues se trata de la obra más importante que aún le queda pendiente a la capital de Almería, la obra que transformará su diseño, que hará posible la llegada del tren de alta velocidad hasta el mismo centro de la ciudad y que, por tanto, será nuestra carta de presentación urbana a todos quienes nos visiten. Al alcalde de Almería, como máximo representante de la ciudad, le corresponde desembarazarse de ese aire de resignación con que parece haber aceptado que el soterramiento haya empezado por fin a dar sus primeros pasos. No se entendería que no nos mostráramos unidos en esto, porque hablamos de la actuación más importante que vaya a acometerse en Almería en los próximos cincuenta o cien años, y desde luego sería lamentable que una parte de la ciudadanía, contagiada por esa aparente resignación municipal, acabara por considerarla algo devaluado, sin verdadera importancia. Soy consciente de que a tan solo un año de las elecciones municipales pudiera ser demasiado tentador para algunos enturbiar políticamente lo que a todas luces es una excelente noticia para Almería, pero esto sería tan negativo para los intereses de nuestra ciudad, afectaría tanto a ese gran apoyo social que sería deseable y que sin duda la ocasión merece, que cuesta creer que alguien tomara el camino del enfrentamiento partidista. 

Debemos, por tanto, analizar la cuestión con altura de miras, fortalecer un consenso, debatir entre todos cuanto sea necesario para que, a través de las alegaciones al estudio informativo, precisemos el proyecto en sí que mejor se ajuste a nuestras necesidades y expectativas; debemos, en suma, construir juntos la Almería del futuro.

Empleo asociado a las infraestructuras

En Andalucía en el período de gobierno del Partido Popular  comprendido entre1999-2004 los PGE han destinado 1.984,82 millones de euros a carreteras, 1.914,86 millones de euros a ferrocarriles, 754,76 millones a puertos y 255,02 millones de euros aeropuertos. En total se han destinado a infraestructuras 4.909,46 millones. En cambio, en el periodo 2005-2010, el Gobierno socialista de España ha destinado a través de los PGE en Andalucía 5.680,72 millones de euros para carreteras, 6.187,29 millones de euros a ferrocarriles, 1.623,16 millones a puertos y 2.158,59 millones a aeropuertos, lo que suma 15.649,86 millones de euros de inversión en las infraestructuras andaluzas. El incremento de la inversión en infraestructuras en Andalucía de los PGE entre ambos periodos supera los 10.000 millones de euros.  

Frente a estas importantes cifras, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado recientemente un ambicioso Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) en el que se pretende conjugar la inversión pública y la privada hasta alcanzar los 17.000 millones de inversión, que se adelantarán en 2010 y 2011. 

El plan es una apuesta conjunta del Gobierno, las entidades financieras y las empresas del sector para relanzar la actividad económica y generar empleo. Además impulsa el empleo a corto y largo plazo, primero para construir infraestructuras y después para su conservación y mantenimiento. 

En nuestra provincia con el nuevo Plan de Infraestructuras que propone el Gobierno se podrán desarrollar proyectos como los tramos en ejecución de la autovía del Mediterráneo, que permitirá completar el itinerario entre Nerja y Adra en esta legislatura; la mejora de las conexiones intermodales impulsando actuaciones como los accesos al Puerto de Almería; el aumento de la capacidad en grandes ejes interurbanos, tales como la Autovía A-7 en nuestra provincia; la apuesta por la mejora de las conexiones de Andalucía por ejemplo con Levante, a través de la autovía A-32 que unirá Linares con Albacete, o con el Centro de la Península, creando un nuevo acceso en Despeñaperros. 

En torno al 70% de las inversiones previstas en el nuevo Plan de Infraestructuras irán destinadas a ferrocarriles, por su demostrada contribución a la sostenibilidad del sistema de transportes. En lo que compete a Almería los proyectos que podrán desarrollarse con cargo a este Plan serán el Eje Transversal Andaluz; la línea de alta velocidad entre Murcia y Almería; y el proyecto del soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Almería.  

Las infraestructuras portuarias de Almería se verán mejoradas con inversiones contempladas en el nuevo Plan de Infraestructuras como la construcción de la primera fase del dique exterior de Poniente y en el Puerto de Carboneras el muelle de Ribera. 

Y en nuestro aeropuerto este Plan permitirá mejorar la calidad del servicio y la capacidad de sus instalaciones con la ampliación y remodelación del edificio de la terminal, la urbanización de la zona de carga, la remodelación central eléctrica y diversas mejoras en el campo de vuelos. 

La fórmula de pago contemplada en este Plan establece el abono de la infraestructura una vez se haya finalizado y puesto en servicio la obra, a lo largo de un amplio periodo de tiempo (de 25 a 30 años). De esta forma, su repercusión sobre las cuentas públicas se aplaza a 2014, lo que permitirá mantener el objetivo del Gobierno de disminución del déficit público para 2013. 

Los compromisos y propuestas del Gobierno socialista para impulsar la actividad económica y recuperar el empleo son serios, valientes y con proyección de futuro. Así lo demanda los ciudadanos y ciudadanas.

RECUPERAR EL FUTURO

Varias décadas de predominio neoliberal han relegado en las sociedades modernas la percepción del futuro. Estamos atrapados, según palabras del catedrático de Filosofía Social Daniel Innerarity, en una dictadura del presente, en un imperialismo del tiempo en el que todo horizonte está aquí, en el hoy mismo. El arquitecto, urbanista y filósofo francés Paul Virilio acuñó el concepto “dromocracia” para definir a una sociedad acelerada, prisionera de la velocidad. En este estado de cosas, parece difícil que el hombre y la mujer modernos puedan pararse a reflexionar acerca de los retos a los que nos enfrentamos a largo plazo, y sin embargo es imprescindible que lo hagamos. 

En este primer decenio del siglo XXI los seres humanos hemos acentuado nuestra impaciencia; esperamos y exigimos que cada una de nuestras necesidades, reales o inducidas, sean satisfechas de forma inmediata, de tal manera que nuestro tiempo está encadenado a la tiranía de las pequeñas decisiones (me refiero a las sociedades avanzadas, naturalmente). Dice Innerarity que en esa mirada corta, en esa urgencia en el consumo, “el futuro ha quedado totalmente desatendido, y tenemos la obligación de recuperar el porvenir”. 

En atender o no esa obligación de levantar la mirada del ahora mismo y fijarla en el futuro nos va la estabilidad de las democracias. El sociólogo José Felix Tezanos afirmó en Almería hace unos días que estamos asistiendo al cambio más intenso y profundo de la historia de la humanidad, un cambio rápido y global en el que apenas reparamos y que nos conduce a un mañana en el que no parece que estemos interesados en recapacitar. Sin embargo, ese mañana, ese futuro, está plagado de retos absolutamente capitales, siendo el más importante de todos ellos el incremento de las desigualdades sociales en un escenario global y la tendencia a una gradual e injusta concentración del poder y la riqueza en pocas manos. La idea de que el desarrollo y el bienestar de unos es consustancial a la “inevitable” pobreza de otros no sólo es éticamente indecente sino que está envenenada, y si el mundo no rectifica esa deriva, puesta en evidencia por la quiebra del modelo económico neoliberal, el futuro al que no tenemos tiempo de prestar atención se abrirá a nuestros pies como un vacío. 

Estamos, por tanto, obligados a impedir que el presente hipoteque el futuro y lo haga prisionero del pasado, es decir, prisionero de nuestras malas decisiones o de las decisiones que debimos tomar y no tomamos: de la educación que debimos extender a todos los rincones de la tierra, del hambre que debimos combatir, del medio ambiente de teníamos la obligación de proteger. Dice Daniel Innerarity, cruda pero certeramente, que reflexionar sobre el futuro y asumirlo con todas su incertidumbres puede evitar que acabemos por convertirlo en el “basurero del presente”, y es ésa una imagen tan poderosa y letal por sí misma que ya agita la conciencia: bien podríamos empezar por ella nuestra reflexión individual.