lunes, 20 de diciembre de 2010

LA AGENDA SIGUE OCULTA

Los socialistas andaluces siempre hemos sostenido que Javier Arenas posee una “agenda oculta” para Andalucía, y éste, como para desmentir tal cosa, hace apenas unos días desvelaba con gran aparato mediático su supuesto contenido. Lo cierto es que las medidas divulgadas en prensa por el señor Arenas no pasan del mero oportunismo, contienen propósitos bienintencionados que coinciden con realidades ya puestas en marcha por el Gobierno andaluz e incurren en un uso más bien vacío de contenido de la palabra “austeridad”.

Su agenda oculta sigue siendo eso: una agenda oculta. Para imaginarnos una hipotética Andalucía gobernada desde fundamentos conservadores nada mejor que fijarnos en qué es lo que hace el PP allí donde gobierna. Un ejemplo: en Madrid y Valencia apenas se está aplicando la Ley de Dependencia; no es “su ley”, no creen en ella y sin duda la deben considerar un despilfarro. Para la derecha, todo gasto social es en sí mismo un despilfarro. Si hablamos de altos cargos, Arenas tendría que nombrar cuarenta más en Andalucía para tener los mismos que Galicia por número de habitantes, treinta y uno más para alcanzar los que tiene la Comunidad de Valencia por provincia y nada menos que ochocientos cuarenta y tres para ponerse a la altura de los que tiene Madrid. Si el señor Arenas equiparase su sueldo al de Esperanza Aguirre, cobraría, como ella, un quince por ciento más que el presidente del Gobierno de España y un treinta por ciento más que José Antonio Griñán como presidente de la Junta de Andalucía. Gastaría más en coches de alta gama, más en dietas y mucho más en alquileres, pues ésas son las cuentas de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Como se ve, una traducción muy peculiar del concepto de austeridad.

Lo cierto es que la Andalucía que todavía ambiciona gobernar algún día el señor Arenas es una tierra radicalmente distinta a la de hace tres décadas. Partiendo de una región olvidada, donde venían perpetuándose las más dramáticas desigualdades sociales, donde pintoresquismo y pobreza parecían consustanciales a lo andaluz, el PSOE hizo posible desde el Gobierno autonómico una comunidad desarrollada, igualitaria, justa, a un tiempo moderna y fiel a sus tradiciones, referente en iniciativas científicas, todo ello teniendo que salvar una desventaja secular con respecto a otras tierras de España y, sobre todo, haciendo posible que tantos y tantos andaluces emprendedores a los que nunca se tuvo en cuenta pudieran sacar adelante sus proyectos y crear riqueza. Almería es el mejor ejemplo de todo esto, por lo extremado del cambio que se ha producido en la provincia: de olvidada entre las olvidadas a motor económico, de apesadumbrada tierra de emigración a lugar de acogida, y todo ello gracias al esfuerzo de trabajadores y empresarios, pero también al apoyo incondicional del Gobierno andaluz, un Gobierno de izquierdas, progresista, que siempre ha tenido un proyecto claro y abierto para Almería y para Andalucía en su conjunto.

Austeridad no es sólo una palabra: es la determinación con que el Gobierno andaluz ha hecho posible ahorrar cuatrocientos millones de euros en los últimos cuatro presupuestos. Sólo los hechos cuentan. Lo que el señor Arenas dice que haría en Andalucía no concuerda con lo que su partido está ya haciendo en otros sitios, y desde luego no nos hace olvidar que la derecha nunca ha creído en el futuro de nuestra tierra, de ahí que sea tan evidente la existencia de esa agenda oculta cuyo contenido, sin duda, no sonaría tan bien como ese mal articulado conjunto de lugares comunes que le ha hecho llegar a los ciudadanos andaluces.

lunes, 13 de diciembre de 2010

Derechos humanos: objetivo de los progresistas.

Sesenta años después de que las Naciones Unidas invitaran a los Estados miembros a celebrar el 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos la defensa de estos sigue siendo imprescindible en todo el mundo.
El trabajo en pro de los derechos humanos es una de las señas de identidad política del PSOE. Así, para el actual Gobierno de España los derechos humanos son parte inherente de nuestra política nacional y también de nuestras relaciones internacionales.

El PP dice que está a favor de los derechos humanos, pero la realidad es que a menudo se ha mostrado dividido en temas tan elementales como la abolición de la pena de muerte y defiende la ruptura con los países que no le son ideológicamente afines, condicionando políticamente la cooperación para el desarrollo y castigando de paso a sus poblaciones en lugar de promocionar los Derechos Humanos.

Los Gobiernos socialistas impulsan relaciones internacionales basadas en el diálogo, el multilateralismo y la cooperación, frente a la exclusión, la confrontación y la ruptura. El respeto de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, así como el respeto de los principios de libertad, democracia y de un Estado de Derecho, son valores que deben extenderse a todo el mundo.

La política debe estar orientada a mejorar, mediante instrumentos de naturaleza diplomáticos, comerciales, de cooperación financiera y de ayuda al desarrollo, el respeto y la defensa de los Derechos Humanos. Esta es una de las señas de identidad de la política de los Gobiernos progresistas. Bajo esta premisa el Gobierno de España ha impulsado, entre otras, la Ley que permite el matrimonio a personas del mismo sexo o la Ley de Igualdad, mientras que el  PP se ha opuesto a ambas y las ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Desde el Partido Socialista seguiremos trabajando en la promoción y protección de los Derechos Humanos, que consideramos universales e indivisibles, en todas las políticas.

En España el Gobierno socialista seguirá reconociendo y tratando de restituir moralmente a las víctimas del franquismo y a sus familias. Seguirá defendiendo la igualdad de todos y todas con políticas de apoyo a los colectivos más vulnerables socialmente. Y seguirá luchando contra la violencia de género y contra la trata de seres humanos.

Y el Gobierno de España seguirá orientando su política exterior hacia los Derechos Humanos, comprometido en la lucha contra la pobreza, contribuyendo a extender los derechos civiles, sociales, económicos y culturales a todos los ciudadanos y ciudadanas, trabajando por fortalecer la justicia internacional.

Avanzamos en la constitución de una sociedad civil más igualitaria, eliminando los obstáculos que frenan la participación de las mujeres en el mercado laboral, cambiando la mentalidad y los prejuicios sexistas en los centros de trabajo.

El Partido Popular dice estar a favor de los derechos sociales, del derecho a la igualdad, de las libertades fundamentales y de la no discriminación, sin embargo el PP ha boicoteado sistemáticamente todas las medidas presentadas que suponían un avance en ellos.

lunes, 6 de diciembre de 2010

CONFIANZA FRENTE A IRRESPONSABILIDAD

Al celebrar el aniversario de la Constitución española celebramos también el consenso que hizo posible la transición a un Estado de Derecho plenamente democrático desde el largo túnel de la dictadura franquista. En aquella encrucijada histórica de la segunda mitad de los setenta, todas las fuerzas políticas asumieron que sólo desde la responsabilidad y la altura de miras, sólo dejando a un lado las naturales divergencias ideológicas y los intereses partidistas, sería posible construir un futuro sólido. Así fue, y España ha vivido desde entonces el periodo de mayor estabilidad, modernización y bienestar de toda nuestra historia.

Hoy estamos en una nueva encrucijada no menos histórica y en medio de una nueva transición, la que va de un modelo económico neoliberal, basado en la especulación y la desigualdad, que se ha venido abajo estrepitosamente, y un nuevo modelo productivo más justo que habremos de propiciar mediante ineludibles reformas. La diferencia es que en esta encrucijada no estamos solos: todo el mundo, y especialmente la Europa de la que formamos parte y en la que ocupamos un lugar importante, está en ese mismo punto del camino, y será entre todos como salgamos de esta difícil situación, cada cual cumpliendo con los compromisos que adquiera y sabiendo que quienes provocaron la debacle económica internacional no renunciarán fácilmente al dominio de los mercados financieros.

España está cumpliendo con sus obligaciones, poniendo en marcha los ajustes y reformas a las que nos hemos comprometido, actuando con firmeza y determinación, y sin olvidar que en cualquier caso las medidas de hoy deben también garantizar las políticas sociales de mañana. Las medidas adoptadas ya han logrado reducir el déficit público un 47% en un año, lo que significa que estamos en la buena dirección. Pero en ese esfuerzo, que no es sólo del Gobierno, sino de toda la sociedad española, el principal partido de la oposición no ha querido entrar en ningún momento. El ejercicio de responsabilidad que hizo posible el pacto constitucional ha desaparecido por completo de la hoja de ruta que sigue la derecha en España: el PP vio desde el principio que la crisis económica, lejos de ser un problema, era una extraordinaria oportunidad electoral.

Durante estos dos últimos años, el Partido Popular no ha movido un solo músculo para empujar en contra de la crisis. No han apoyado ni una sola de las medidas puestas en marcha, ni siquiera aquellas con las que estaban de acuerdo, ni siquiera las que eran fruto de compromisos adoptados en el seno de la Unión Europea y que vinculaban a todos los socios. Ése ha sido su papel hasta hace apenas unos días. Ahora, al parecer, los dirigentes de la derecha han decido que es el momento de pasar a la acción, pero no a una acción que favorezca los intereses de España, sino que, generando desconfianza, los debilite.

Puesto que a nuestro país le hubiera resultado mucho más fácil luchar contra la crisis si el principal partido de la oposición hubiera ayudado a ello, ¿por qué no la han hecho? Si el PP sabe que la solvencia de España está fuera de toda duda, ¿por qué se empeña en trasladar una falsa imagen de inestabilidad política, económica e institucional? Si la confianza en nuestro país es un elemento fundamental para recuperar el ritmo de crecimiento y favorecer la creación de empleo, ¿por qué construir un discurso que atemoriza a los ciudadanos y alienta a los especuladores? ¿Acaso la derecha española estaría dispuesta a ganar unas lecciones incluso a costa de heredar un terreno calcinado, si eso fuera necesario? No cabe ya mayor insensatez.

Para las PYMES, para reducir el déficit, para generar empleo

Dinamizar la actividad económica para poder crear empleo es el objetivo por el que el Gobierno de España sigue trabajando con todo su empeño.

Esta semana el Gobierno socialista ha dado un paso más en el desarrollo de su Plan para reactivar la economía y recuperar el empleo con la aprobación de un nuevo paquete de medidas fiscales, económicas y laborales.

La Estrategia de Economía Sostenible aprobada por el Gobierno socialista hace un año contempla este tipo de actuaciones con las que plantar cara a la crisis y a la pérdida de empleos que ha generado.

Estas nuevas medidas económicas del Gobierno de España se han anunciado tras la reunión del presidente del Gobierno con los responsables de las grandes empresas españolas, a los que ha pedido que se sumen al esfuerzo colectivo para lograr la reactivación económica y para la recuperación del empleo, ya que de estas empresas dependen el trabajo de otras pequeñas y medianas.

El amplio programa de reformas del Gobierno para impulsar un nuevo modelo productivo en España, que refuerce nuestra economía y nuestro mercado laboral, busca también, a través de medidas de ajuste, reducir el déficit público, algo imprescindible para fortalecer la economía española y la confianza de los mercados.

Entre las nuevas medidas que el Ejecutivo va a llevar adelante se encuentran, para favorecer a las PYMES, la posibilidad de amortización del impuesto de sociedades hasta 2015, cuando hasta sólo estaba prevista para empresas de reducida dimensión y para las que mantuviese, su nivel de empleo, y sólo hasta el año 2012. Esta medida permite que las empresas reduzcan su factura fiscal de forma que puedan aumentar su inversión.

De cara a beneficiar a las PYMES también se ha aprobado acabar con la obligación del pago del recurso cameral, un canon que estaban obligados a pagar todas las empresas y autónomos a las Cámaras de Comercio. A partir de ahora será voluntario y la financiación de las Cámaras estará vinculada a los servicios demandados por las PYMES. Esto puede suponer un ahorro empresarial anual de 250 millones de euros de los 90 millones corresponderían a las PYMES.

Con los objetivos de facilitar la conversión en PYMEs de los trabajadores autónomos y de fomentar el autoempleo, el Gobierno va a adelantar lo previsto en la Ley de Economía Sostenible para reducir plazos, costes y obstáculos para crear una empresa, permitiendo la creación de una en 24 horas.

Además otra de las nuevas medidas aprobadas es ampliar el número de empresas que se pueden acoger al tipo reducido del Impuesto de Sociedades (25%), ya que a partir de ahora las empresas que tengan una cifra de negocio de hasta 10 millones de euros se computarán como una empresa de reducida dimensión, hasta ahora sólo podían hacerlo las que tenían un volumen de 8 millones de euros. A esto hay sumarle que el primer tramo de base imponible que tributa este tipo de empresa pasa a ser de 300.000 euros cuando hasta ahora era de 120.000 euros. En España esta medida beneficiará a 40.000 empresas.

Y para reducir el déficit público el Gobierno ha decidido transformar en sociedad estatal el ente público de Loterías y Apuestas del Estado, permitiendo así que incorpore hasta un 30% de capital privado en el marco de la nueva Ley de Juego. Esto se estima que reportará al Estado entre 4.000 y 5.000 millones de euros. 

Igualmente encaminada a reducir el déficit se ha aprobado la creación de la sociedad estatal AENA-Aeropuertos que abierta a la entrada de capital privado en hasta un 49% y los aeropuertos de Madrid y Barcelona se abrirán a la gestión privada. Esta medida se estima que permitirá obtener entre 8.000 y 9.000 millones.

Este nuevo conjunto de medidas económicas contribuirán a reactivar la creación de empleo, inyectar ingresos en las arcas públicas para generar confianza e incentivar la inversión empresarial.