Cambiamos con Andalucia

HACIA UNA NUEVA ERA ENERGÉTICA

Las intensas lluvias caídas estos meses pasados –benéficas casi siempre, pero también, como se ha visto, responsables de crecidas de ríos, inundaciones y no pocos daños materiales en Andalucía- han llevado a algunos a cuestionar el cambio climático, o al menos a no pensar en él como una amenaza tan grave ni tan inmediata. El hecho de que la Cumbre del Clima de Copenhague, celebrada en diciembre de 2009, acabará, para muchos analistas, en fracaso, sumado a las turbias maniobras de los escépticos en el llamado “climagate”, una polémica que finalmente se supo manipulada y que buscaba desacreditar las evidencias científicas en que se apoya la divulgación del calentamiento global, han logrado sembrar cierta confusión entre la gente justo cuando parecía que se había logrado extender la concienciación sobre este asunto.  

Pero la realidad sigue ahí, tozuda, y las previsiones científicas para el futuro siguen siendo muy inquietantes. En la reciente presentación de un informe oficial, la secretaria de Estado de Cambio Climático utilizó la expresión “datos estremecedores” a la hora de valorar, por ejemplo, el que la Península Ibérica esté calentándose tres veces más rápido que el resto del planeta o que la temperatura en España pueda alcanzar un aumento de seis grados en verano durante el último tercio de siglo XXI. Además, y por lo que respecta a las inusuales precipitaciones de estos meses, los investigadores afirman que éstas no contradicen las alertas sobre el cambio climático, sino que confirman la tendencia a un aumento de la variabilidad, es decir, que cada vez son más los años que llueve por encima de la media y más, también, los que llueve por debajo. En cualquier caso, se sabe que España será el país en el que más se reducirán las lluvias -hasta un 20% ó 25% a final de siglo, según la Agencia Estatal de Meteorología- si no se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Qué más lógico, pues, que avanzar en la implantación de energías limpias, y así lo viene haciendo desde hace años el Gobierno de Rodríguez Zapatero. A España no le basta con sumarse a las medidas que vayan adoptándose internacionalmente: debe ser pionera en todo cuanto pueda, por ejemplo en el uso del vehículo eléctrico. De ahí la importancia del Plan Integral para el impulso de este tipo de vehículo, cuyo número podría pasar de los apenas ocho mil que hoy circulan en nuestras ciudades a un millón en el año 2014 gracias a las actuaciones y ayudas públicas contempladas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Los objetivos son claros: por un lado, y desde un punto de vista estrictamente económico, ampliar el horizonte de futuro de la industria nacional del automóvil e incidir en el desarrollo de los equipos y componentes necesarios; por otro, fomentar la producción de energías renovables, reducir nuestra dependencia energética del petróleo y, en definitiva, no contaminar. 

No sólo sería inteligente que España se convirtiese en un país clave para la implantación del vehículo eléctrico, es que es absolutamente posible. Lo que hoy parecen inconvenientes pueden ser subsanados tecnológicamente en muy poco tiempo, y desde luego el empeño merece la pena. Nuestra generación ha de dar el paso hacia una nueva era energética basada en los principios de ahorro, eficiencia y sostenibilidad medioambiental. O eso o nos vamos preparando para un futuro desolador.

Consenso por el empleo y la recuperación económica

No ha habido ningún voto en contra. Y los ciudadanos y ciudadanas lo valorarán. El esfuerzo ha tenido recompensa en las reuniones de la conocida como Comisión Zurbano.  La política de acuerdo del Gobierno socialista continúe abriéndose camino para ayudar a la recuperación del empleo y de la economía. Así, esta semana el Congreso de los Diputados ha aprobado casi por unanimidad, con los votos a favor de PSOE, PP, CIU, PNV, ERC y la mayoría del Grupo Mixto, las medidas económicas del Gobierno debatidas y dialogadas con todos los partidos políticos en la Comisión Zurbano.

Aunque el Partido Popular ha despreciado en sus inicios la utilidad de este marco de diálogo con todas las fuerzas políticas abierto por el Gobierno de España, finalmente ha aprobado más de la mitad de las medidas propuestas en esta Comisión. 

Rajoy decía a los medios de comunicación el 18 de febrero: “cuando quieras que un tema se pudra y cuando quieras no hacer nada, mete los papeles en un cajón o crea una Comisión”; y al día siguiente afirmaba: “vamos a ir, pero no es bueno perder el tiempo...Soy muy escéptico”.

Seguramente Rajoy estaba pensando cuando pronunció estas palabras en las Comisiones de Investigación que organiza su partido, como por ejemplo la que se vio obliga a crear Esperanza Aguirre sobre la trama de espionaje interno en el seno de la Comunidad de Madrid. Esta Comisión duró 12 días hábiles para escuchar a 29 comparecientes, entre los que no se encontraban las dos personas que fueron las víctimas del espionaje.

Parece que ahora el PP nacional ha percibido que el electorado no le perdonaría que, una vez más, se alejase de la cordura y la lógica política que manifiestan el resto de partido del arco parlamentario al intentar ayudar los ciudadanos y ciudadanas a superar sus dificultades económicas desde la acción política. La labor de la oposición no debe ser la de boicot al Gobierno sino la de controlar a su actividad y ofrecer alternativas a la misma, más aún teniendo en cuenta que en este caso concreto que nos ocupa, boicotear la acción del Gobierno supone la obstaculizar la ayuda que necesitan muchos españoles.

Las medidas más urgentes del documento Zurbano ya han sido aprobadas y se van a poner en marcha de forma inmediata. Y el Gobierno de España no renuncia a acordar el resto de medidas de esta Comisión, como las referidas a la política industrial y a la eficiencia energética, y por ello seguirá negociándolas con los grupos políticos.

Además de este ámbito de acuerdo también se han aprobado otras importantes medidas del Gobierno central contra la crisis en el Parlamento por unanimidad. Es el caso de las medidas de apoya a la liquidez a las empresas y la luchas contra la morosidad para lo que se han puesto en marcha avales ICO a las deudas de ayuntamiento con empresas y autónomos, entre otras por ejemplo de apoyo a sectores productores como el del automóvil, o de protección a los desempleados, como la conocida ayuda de 420 euros para aquellos que han dejado de percibir la prestación por desempleo.

Se pone de manifiesto que el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero está llevando a cabo un trabajo valiente y comprometido para superar las dificultades económicas, y sobre todo, para recuperar de forma inmediata lo más preocupante y urgente, que es el empleo. Y junto a este trabajo serio y responsable el Gobierno está contando con todos, con los agentes sociales y políticos para plantear propuestas consensuadas con las que atajar las dificultades económicas. En la Mesa de Diálogo Social, en el Pacto de Toledo, en el Seno de del Consejo de Política Fiscal y Financiera con todas las Comunidades Autónomas el Gobierno está trabajando para impulsar el acuerdo y el consenso que todos los ciudadanos demandan en materia económica y de incentivo al empleo.

ALMERÍA Y EL GUADALQUIVIR

Probablemente este periódico de cuenta hoy en sus páginas de la concentración ciudadana, entre festiva e informativa, prevista para ayer domingo en la Cañada de Cañepla, una pedanía del municipio de María. Según reivindican sus convocantes, existen razones, avaladas geográfica e históricamente, para afirmar que en ese lugar, y en contra de lo que hemos tenido por cierto desde mediados del siglo XIII, tiene su nacimiento el río Guadalquivir y no el llamado Guadiana Menor. 

Se trata de una tesis que tal vez no sea conocida por la mayoría de los almerienses pero que viene de lejos y ha sido mantenida científicamente por muchos expertos e incluso aceptada en un libro publicado en 1977 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Como hecho curioso, se cuenta que en julio de 1983 una expedición apoyada por la Junta de Andalucía y promovida por un ingeniero y espeleólogo, Vicente Torres, un catedrático de Bellas Artes, Ramiro Sanz, y un ex campeón de piragüismo, Rafael López, descendió el curso del Guadalquivir desde ese preciso punto de la comarca de los Vélez hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, sin duda teniendo que echarse la piragua a los hombros en varios tramos. Este año, el recorrido inicial habría resultado más sencillo gracias a que las lluvias caídas han gozosamente devuelto el agua a todo el cauce. 

Los datos son los siguientes: en el pantano de Doña Aldonza, al sur de Úbeda, se encuentran el llamado alto Guadalquivir, nacido en la sierra de Cazorla, y el Guadiana Menor, al cual, desde su nacimiento en María, se le conoce sucesivamente por diversos nombres siendo el mismo río; éste último es unos sesenta kilómetros más largo que el primero (y he ahí uno de los principales criterios que se siguen a la hora de determinar cuál es el río principal y cuál el afluente) y atraviesa un área mucho más amplia y poblada, sometida a una intensa explotación agrícola, lo que reduciría su caudal en comparación con el alto Guadalquivir. 

Quienes defienden la tesis de un nacimiento del Betis romano en la comarca de los Vélez aportan también razones históricas: aseguran que, tal y como estaría acreditado documentalmente, hasta mediados del siglo XIII siempre se consideró que la cabecera del Guadalquivir, el árabe Wadi al-Kabir o Río Grande, estaba en las fuentes del llamado Guadiana Menor, en la provincia de Almería, y no en la sierra de Cazorla. Subrayan, asimismo, la relevancia de un Guadalquivir que conectara de Este a Oste todo el Sur de la península frente a un tramo, el que va de del pantano de Doña Aldonza a Cazorla, que nunca fue ruta hacia ningún sitio ni emplazamiento de tantas civilizaciones como las que dejaron su huella en la cuenca del Guadiana Menor.  

¿Consideraron los cristianos del siglo XIII que el nacimiento del Guadalquivir debía estar en una zona ya “reconquistada” en esa época y no al otro lado de las impenetrables fronteras que los separaban aún los reinos musulmanes? Ésa, es, en cualquier caso, la tesis de algunos historiadores y geógrafos. En mi opinión, se trata de una teoría sumamente interesante en la que sin duda se irá profundizando en los años venideros y a cuyo desarrollo deberíamos estar atentos todos los almerienses, pues no en vano hablamos de un río que es columna vertebral de Andalucía y de la posibilidad de sentirnos aún más vinculados a una historia común y milenaria a través de sus aguas, símbolo de fecundidad y de vida.

Por el empleo estable

El último documento de trabajo que ha presentado el Gobierno a los interlocutores sociales, sindicatos y organizaciones empresariales en el marco del diálogo social sobre actuaciones en el mercado de trabajo les fue entregado el pasado lunes. No se trata de un documento final, sino que está abierto a negociación y modificaciones. 

Tal como se ha mantenido en la mesa de negociación, el Gobierno de España entiende que esta debe articularse alrededor de cinco ejes fundamentales: dualidad y temporalidad de nuestro mercado laboral, revisión de la política de bonificaciones a la contratación, programa de empleo de jóvenes, intermediación laboral y fomento de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo. El documento de trabajo propuesto por el Gobierno en la Mesa de diálogo social contiene medidas para todas y cada una de estas materias.

Para acabar con la temporalidad de nuestro mercado laboral y con la dualidad entre trabajadores fijos y temporales la propuesta del Gobierno recoge la contratación estable como elemento central del nuevo modelo de crecimiento económico y de nuestro sistema de relaciones laborales. Esto sería posible con medidas que propicien la contratación indefinida y con otras que racionalicen el uso de la contratación temporal y desincentiven su uso injustificado. Y todo ello sin que produzca un incremento de costes que grave las nuevas contrataciones y afecte a la creación global de empleo.

En torno al último documento presentado el Gobierno a la mesa de diálogo social ha surgido la polémica en lo que hace referencia al modelo austriaco. En esta parte se habla de sistemas de indemnización por despido que en los últimos años se han adoptado en algunos países europeos, que permitan incrementar la estabilidad en el empleo y fomentar una movilidad laboral más sana, así como la formación para el empleo a lo largo de toda la vida laboral. El Gobierno considera que es necesario avanzar en vías de este tipo que podrían ser de especial utilidad para resolver el problema estructural más grave de nuestro mercado de trabajo: la dualidad entre trabajadores fijos y temporales. 

Con este modelo, tal y como funciona en Austria, el despido está garantizado. Cada trabajador tiene una cuenta individual donde mensualmente se ingresa la parte correspondiente a la indemnización por despido, un porcentaje de su sueldo, como ocurre con la cotización por desempleo. 

Si el trabajador es despedido, retira los fondos de esta cuenta, por lo que la indemnización no supone un sobrecoste para la empresa de forma puntual ni tiene que abonarle en ese momento indemnización alguna. Si el trabajador no es despedido y cambia de trabajo, se lleva la cuenta a otra empresa que es la encargada de ingresarle. Si el trabajador, con el modelo austríaco, finalmente se jubila sin haber sido despedido puede retirar los fondos de la cuenta y complementar su pensión de jubilación. 

En Austria se pretende que tanto el desempleo como las indemnizaciones por despido sean financiados con las cotizaciones, el Estado sólo paga unas prestaciones mínimas de paro. Además este modelo facilita la movilidad laboral, hay menos reticencias a cambiar de puesto de trabajo tanto por parte del trabajador como de las empresas.

Esta propuesta ha de someterse aún al análisis detenido de los agentes sociales en la mesa de negociación y sólo saldrá adelante en caso de que entre todos se llegue a un acuerdo para ello.

El Gobierno mantiene firme su propósito de concluir la negociación con un acuerdo tripartito con organizaciones empresariales y sindicales que permita avanzar hacia un mercado de trabajo más moderno, funcional y coherente con el desarrollo de la Economía Sostenible; un acuerdo, que garantice su equilibrio y aplicación más eficaz, que respete los condicionantes presupuestarios en que se enmarca la actual política económica y que apoye la creación de empleo y aumente las oportunidades de empleo de las personas desempleadas.

LA FACULTAD DE MEDICINA MÁS CERCA

Hace ahora dos años que en Almería empezó a hablarse de la posibilidad de crear una Facultad de Medicina. La iniciativa partió del Colegio Oficial de Médicos, y de manera inmediata fue respaldada por el propio Rector de la UAL y por el conjunto de fuerzas políticas de la provincia. Si bien hasta entonces nadie había considerado factible soñar a corto plazo con la implantación en Almería de una carrera de tanta relevancia académica y social, o al menos no se había hecho en público, pronto pasó a ser una legítima aspiración de toda la sociedad almeriense y hoy, tras la decisión adoptada el viernes por el Consejo Andaluz de Universidades, es una realidad al alcance de la mano.

 

Almería reúne las mejores condiciones para acoger unos estudios superiores de Medicina: en primer lugar, es la capital andaluza más alejada de cualquier otra Facultad de Medicina –ciento ochenta kilómetros hasta Granada-; también la explosión demográfica es mucho más significativa en nuestra provincia. Desde un principio, el PSOE de Almería apostó claramente por esta iniciativa, aprobando entonces en nuestro Comité Provincial una resolución en la que se instaba a las instituciones a iniciar las gestiones pertinentes para que nuestra Universidad acogiera una Facultad de Medicina, y hemos hecho todo cuanto estaba en nuestra mano para trasladar a la sociedad almeriense el enorme beneficio que supondría un hecho como éste. Pero también desde un principio nos hemos cuidado de que esta cuestión no desembocara en un  enfrentamiento entre provincias andaluzas, y asimismo dejamos claro que frente a la tentación de la demagogia política no cabía sino el escrupuloso respeto hacia el principio constitucional de autonomía universitaria. Se ha tratado, sencillamente, de exponer sobradas y sólidas razones por las cuales, si el Consejo Andaluz de Universidades encontraba viable la creación de una nueva Facultad de Medicina en Andalucía, ésta debería establecerse en Almería. 

Los datos han estado siempre a favor de crear, al menos, una más: la necesidad de nuevos médicos –la Consejería de Salud apuntó que entre los años 2015 y 2025 se producirá una jubilación masiva de facultativos- y el hecho de ser una carrera ampliamente demandada. Las ventajas de su implantación, por otro lado, son más que evidentes: la creación de un Hospital Universitario, donde los estudiantes adquieren formación práctica, vendría a potenciar las infraestructuras sanitarias existentes, las inversiones aumentarían, los almerienses que cada año inician estudios de Medicina no tendrían que desplazarse fuera para cursarlos y se reforzarían las ya consolidadas titulaciones de Fisioterapia y Enfermería. 

 

Los nuevos estudios de Medicina, según se ha indicado, presentarán aspectos novedosos con respecto a los métodos formativos tradicionales, buscando fundamentalmente una mayor especialización. En cualquier caso, hablamos de una carrera de una particular trascendencia, pues se trata de dar una respuesta eficaz a las necesidades de salud de los ciudadanos. Y hablamos, igualmente, de un acontecimiento de enorme relevancia, pues con su implantación, nuestra Universidad, el mayor motor de dinamización social, económica y cultural que ha conocido Almería, alcanzará también una altura académica que la permitirá ampliar aún más la ya extraordinaria influencia que ejerce en la sociedad almeriense.

Seguir creando empleo

Durante esta semana el Presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado el Plan Extraordinario de Infraestructuras, cuyas obras va a licitar el Gobierno durante el año 2010 y el 2011, utilizando el modelo de colaboración público- privada. 

El objetivo prioritario del Gobierno Socialista sigue siendo el de reactivar la economía y crear empleo. Este Plan va a movilizar una inversión de 17.000 millones de euros anticipando a 2010 y a 2011 las obras previstas en el Plan de Infraestructuras (PEIT) para años posteriores. Lo cual permitirá también anticipar todos sus beneficios y aprovechar su capacidad para relanzar la actividad económica y generar empleo, cuando más falta hace para impulsar la salida de la crisis.

Sobre todo es de vital importancia este Plan porque se va a generar empleo, tanto a corto plazo para la construcción de las infraestructuras, como a largo plazo para el mantenimiento y la conservación de las mismas, siendo una fuente de trabajo muy importante para el sector de la construcción tan mermado en estos últimos tiempos.

El 70% de las inversiones de este Plan se realizarán el ámbito del ferrocarril (alta velocidad, cercanías y trasportes de mercancías) y el 30% en la mejora de carreteras de toda nuestra geografía.

Estamos ante un Plan de Colaboración público privada que consiste en un modelo concesional, en el que manteniéndose el 100% de la titularidad pública de las infraestructuras, la gestión de su uso la realizará el sector privado, durante un tiempo determinado.

La duración de las concesiones con carácter general es de 25 años para las inversiones en ferrocarril y 30 años para las inversiones en carreteras, en función de la vida útil de las infraestructuras.

El hecho de que el Gobierno haya querido recurrir a este modelo es porque adelantar inversiones, cuando al mismo tiempo se está haciendo un gran esfuerzo para reducir el déficit público, obliga a recurrir a fórmulas que permitan diferir su pago en el tiempo y esta cumple ese objetivo.  

La ventaja de este modelo es que permite repercutir el pago de las infraestructuras a lo largo de un amplio período de tiempo. Se empiezan a pagar cuando finalizan las obras y se ponen en servicio, y se acaban de pagar cuando concluye el plazo de la concesión (25 ó 30 años después). Las obras del Plan se licitarán en 2010 y 2011; y la mayor parte entrarán en servicio en 2014. Por tanto, la inversión de 17.000 millones de euros en infraestructuras que se va a hacer ya con este Plan no empezará a pagarse hasta el año 2014 y su impacto presupuestario, incluso en ese año, será relativamente reducido. Y eso hace posible que se realice una fuerte inyección de inversiones para la reactivación económica y la creación del empleo, cuando más falta les hace a los ciudadanos españoles y sobre todo sin comprometer los objetivos de la disminución de déficit público para 2013.

 

También se va a intentar que la actual necesidad de austeridad en el gasto público sea compatible con el mantenimiento de la fuerte inversión de las infraestructuras que está haciendo el Gobierno Socialista para dotar a España de la mejor y más moderna red de transportes que ha tenido nunca. 

Los beneficios de las empresas privadas vendrán de la ejecución de las obras y de los trabajos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras que correrán a su cargo a los largo del período concesional. La Administración les abonará un canon durante dicho período, para pagarle la obra ejecutada y los trabajos de conservación que lleven a cabo. 

En la línea ciudadana del consenso

54 han sido las medidas que el Gobierno de España y los grupos políticos en la oposición consideran, todos ellos, necesarias para la recuperación económica y del empleo. Así se ha acordado en las reuniones de trabajo que están llevando a cabo en la conocida como Comisión Zurbano. Estos encuentros pretenden recoger las aportaciones y propuestas económicas de los distintos partidos y, en la medida de lo posible, unirlas a las del Gobierno para alcanzar una propuesta de acuerdo con la que buscar la recuperación económica y del empleo.

Hacer posible la unidad política para encarar la crisis como demandan los ciudadanos y ciudadanas es un objetivo más de los que se han planteado con estas reuniones de la Comisión Zurbano que ha impulsado el Gobierno socialista.

Además se pretende que esta Comisión establezca también medidas de carácter urgente destinadas a crear empleo inmediato, básicamente, en el sector de la construcción, y facilitar la liquidez a las PYMES a través del crédito.

Aunque se ha tenido que posponer la aprobación de las medidas consensuadas en esta Comisión por desacuerdos de última hora con algún partido político, el Gobierno Socialista no ha renunciado a que este marco de diálogo continúe en marcha en busca de una hoja de ruta económica que cuente con el respaldo del mayor número posible de grupos políticos.

Entre las 54 medidas que se han acordado en este Comisión se encuentra, para facilitar el crédito y reforzar la solvencia de la PYMES, la puesta en marcha de créditos directos del ICO a pequeñas empresas y autónomos con un importe máximo de 200.000 euros, con cobertura de riesgo del 100%, con el fin de que toda pequeña empresa con un proyecto viable cuente con financiación.

Además, también para las empresas, entre otras medidas, se ha acordado reforzar su protección en las operaciones en el exterior incluyendo la garantía a PYMES dentro de la Compañía Española del Seguro de Crédito a la Exportación, lo que les permitirá competir en igualdad de condiciones con otras empresas de terceros países en licitaciones internacionales y en la contratación de grandes proyectos.

En cuanto al empleo, en las 54 medidas aprobadas por la Comisión Zurbano, se contempla la aplicación del IVA reducido del 8% para todo tipo de obras de mejora de viviendas; y el Plan de rehabilitación y eficiencia energética que permitirá ahorrar un 20% de consumo energético entre 2010 y 2012 en 2.000 edificios públicos.

Y el refuerzo de las políticas sociales que los Gobiernos Socialistas siempre han promovido ha tenido también su reflejo en el acuerdo de la Comisión Zurbano en propuestas como la ampliación de la protección frente a embargos de vivienda por impago de hipoteca, que llevará aparejada la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con lo cual la cantidad a embargar de los ingresos de un ciudadano que no puede hacer frente al pago de su hipoteca será menor y estará también supeditada al número de personas que haya al cargo de esta persona.

Otra de las áreas que se ha trabajado en esta Comisión con éxito ha sido la potenciación del sector industrial de nuestro país. Para ello se ha acordado elaborar un Plan Integral de Política Industrial 2020 para elevar el peso de la industria española en la UE, con iniciativas específicas para sector aeroespacial o para el sector de la automoción, entre otros.

El sector del turismo, de especial interés para nuestra provincia, cuenta también con el respaldo de esta Comisión para ser modernizado con incentivos a empresas relacionadas con el turismo que mantengan su actividad por encima de los seis meses, para potenciar la desestacionalización del turismo.

Intentar dar al traste con la Comisión Zurbano es mucho más que romper un acuerdo en materia económica. El Gobierno de España y los grupos políticos tenemos ahora una oportunidad muy importante no sólo para consensuar nuevas iniciativas de recuperación de nuestra economía y para hacer crecer el empleo, tenemos la posibilidad de generar esperanza, interés y confianza en la clase política en general a muchos ciudadanos y ciudadanas que no sienten representados. 

Tenemos que actuar como nos demanda la ciudadanía, hacer un ejercicio de responsabilidad y esforzarnos por alcanzar el acuerdo.

CLAVES DEL NUEVO GOBIERNO ANDALUZ

Gobernar con eficacia consiste en aplicar a cada circunstancia la estrategia más adecuada para la consecución de un objetivo, y hay ocasiones, como la que atravesamos, en que a lo largo de una sola legislatura las circunstancias cambian sustancialmente y, por tanto, la estrategia ha de ir necesariamente ajustándose a ellas. Es desde esta perspectiva desde la que hay que analizar la reestructuración del Ejecutivo andaluz: una vez superada la fase más dura de la crisis económica, el Presidente de la Junta de Andalucía ha entendido que era el momento de consolidar los pasos que habremos de dar en el camino hacia la recuperación con un Gobierno más reducido en cuanto a número de Consejerías pero de diseño más potente, con las áreas económicas reforzadas y manteniendo como columna vertebral la educación y la igualdad. 

No hay que olvidar tampoco que cada Gobierno recibe el mandato de aplicar un determinado programa político. No otra cosa se dirime en unas elecciones: qué acciones políticas prefieren los ciudadanos que se apliquen. En el caso de Andalucía, los andaluces y andaluzas volvieron a elegir hace dos años la propuesta de progreso plateada por el Partido Socialista, y con ella unos objetivos de marcado signo social que han de ser alcanzados.

El Presidente José Antonio Griñán, pues, y ante la evidencia de que los últimos datos económicos que se van conociendo permiten razonablemente pensar que hemos entrado en una fase más atenuada de la crisis, ha introducido en su Gabinete cambios importantes, cambios que lo son de áreas, y no de personas. Esta nueva fase de la crisis requiere una proyección política que impulse definitivamente la economía hacia un nuevo modelo productivo, y reducir de quince a trece el número de Consejerías, unificar Economía e Innovación o Hacienda y Administración Pública, son algunas de las claves, ya conocidas, de un Gobierno austero, valiente y ambicioso, en el que, además, Almería ha quedado magníficamente representada.

En este punto -sobre el que tanto se ha dicho y escrito en los medios locales, por cierto-, es oportuno señalar que el Presidente Griñán ha diseñado un equipo pensando en el conjunto de Andalucía, y no en cada una de las provincias. Aún así, un almeriense, Manuel Recio, con una gran formación y dilatada experiencia, ha asumido la importante responsabilidad de dirigir la Consejería de Empleo, siendo precisamente la creación de empleo el objetivo prioritario en el que se concentra todo el esfuerzo del Gobierno andaluz. A favor de este objetivo fundamental y de la acción de Manuel Recio como consejero juega la aplicación del VII Acuerdo de Concertación Social, el cual garantiza que la paz social marcará ese camino hacia la recuperación económica, y también de las ciento cuarenta y seis medidas integradas en el proyecto “Andalucía Sostenible” para avanzar en un nuevo modelo de crecimiento más justo, viable y competitivo.