Cerrando heridas

En España sigue habiendo unos 150.000 desaparecidos desde la Guerra Civil. Según Miguel Ángel Rodríguez Arias, profesor de Derecho Penal Internacional, España es el primer país con más víctimas de desaparición forzosa de toda Hispanoamérica y el segundo del mundo, tan sólo por detrás de la Camboya de Pol Pot.

Asociaciones en defensa de la memoria histórica de toda España están empleando los mecanismos legales necesarios para conseguir la reparación de los daños causados a las víctimas de la dictadura franquista.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que ha abierto paso en España para que las víctimas del franquismo sean reconocidas y se les haga justicia por parte de la administración pública.

Las primeras indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las ayudas estatales fijadas en 1990). Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan solo 85 son mujeres.

En estos días, de nuevo Andalucía se ha puesto a tirar de este tren de la justicia social con las víctimas del franquismo, en este caso con las mujeres que fueron “ajusticiadas” por este régimen dictatorial o durante la Guerra Civil. Para ello se ha aprobado esta semana en el Parlamento de Andalucía, a propuesta del Grupo Socialista, la concesión de una indemnización de 1.800 euros y el reconocimiento público del dolor y escarnio que padecieron como víctimas a manos del bando franquista durante la Guerra Civil y/o durante el régimen franquista.

En la filas del Partido Popular esta actuación ha escocido y molestado, pese a que su único fin ha sido precisamente el de cerrar algunas heridas que el Franquismo dejó en España y que seguían abiertas.

El PP dice precisamente lo contrario, que este tipo de medidas abren cicatrices del pasado. Hay que aclararles que no es así y que son ellos quienes alimentan el odio y la división de la ciudadanía con su actitud frente a las víctimas franquistas del bando republicano.

¿Qué problema tiene el PP con que a estas víctimas se les reconozca y se les repare el daño? La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha recordado que hay muchas mujeres que en la actualidad son objeto de violaciones y maltrato y no reciben esta indemnización. Estamos de acuerdo con ella, pero eso no significa que las mujeres víctimas del franquismo no merezcan esta gratificación pública.

La labor de un representante público de la ciudadanía debe estar encaminada, entre otras cosas, a evitar las injusticias sociales. Si el PP identifica a un colectivo que padece o ha padecido vejaciones causadas por parte de un ente público, lo que ha de hacer es trabajar para evitar estas situaciones y buscar medios de compensación para las víctimas, igual que hemos hecho y hacemos desde el Partido Socialista.

Los socialistas no tenemos complejos con las víctimas de la Guerra Civil, legislamos también para ellas, para sus familias, para sus hijos y para sus nietos. El PP dice que hay que pensar en sus hijos, desde el PSOE lo hacemos y precisamente por estos descendientes, además de por las víctimas, se llevan a cabo actuaciones para la reparación moral las mujeres que padecieron vejaciones por parte del bando franquista durante la Guerra Civil o el régimen dictatorial posterior.

CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL

No sé si son muchas o pocas las personas que en pleno siglo XXI todavía piensan que expresarse en contra de la prostitución es algo que tiene que ver con la moralidad, con una cierta idea de la decencia o del pecado o con un intento de limitar la libertad sexual, entendida ésta, desde dicha perspectiva, en función tan sólo de quien acude como cliente; lo que sí sé es que, muchas o pocas, están equivocadas. Debemos concienciarnos, sin que a estas alturas otras consideraciones envejecidas interfieran en este asunto, que prostitución y explotación sexual son cuestiones íntimamente ligadas, y que la trata de seres humanos, y más concretamente de mujeres y niñas, existe fundamentalmente porque existe la prostitución.

La celebración el pasado 23 de septiembre del ‘Día internacional contra la explotación sexual y la trata de seres humanos’ fue ocasión propicia para recordar que hablamos, no de aquello que de manera sarcástica, condescendiente y reaccionaria se ha estado llamando tanto tiempo “el oficio más antiguo del mundo”, sino de una forma moderna de esclavitud, de una absoluta vulneración de derechos que atenta contra la dignidad de las personas.

No es, de hecho, una idea nueva. Desde 1959 existe un consenso internacional acerca de que la prostitución constituye la principal causa de la trata de seres humanos, siendo ésta una actividad delictiva que en un sentido más amplio abarca también la extracción y comercio de órganos o el tráfico con fines de explotación laboral, pero que en un ochenta por ciento está centrada en la explotación sexual, el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, tras el tráfico de armas y de drogas. Todo un negocio basado en el uso del cuerpo de las mujeres como mera mercancía, como objeto de consumo, y que está enredado con otros delitos: las amenazas, las intimidaciones, las agresiones, la reclusión ilegal, las lesiones, la falsificación de documentos, el blanqueo de capitales.

Las mujeres víctimas de estas redes suelen ser captadas en sus países de origen mediante engaños, y Naciones Unidas considera que España es un destino de “importancia alta”, algo de lo que deberíamos abochornarnos: no se trata de ocio, de una diversión banal, de algo que a fin de cuentas ha existido siempre, sino de una enorme tragedia oculta por la cortina. El Gobierno socialista aprobó ya en diciembre de 2008 el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, en el cual, por primera vez en la historia democrática de España, se abordaba esta grave vulneración de derechos fundamentales. De igual forma, el presidente Rodríguez Zapatero se ha expresado a favor de eliminar los anuncios de prostitución en los medios de comunicación, asunto que fue debatido en el Congreso de los Diputados la semana pasada y que actualmente está sobre la mesa de trabajo del Consejo de Estado, que emitirá informe.

Lo verdaderamente importante, en cualquier caso, es la concienciación de toda la sociedad: asumir que hablamos de un comercio inhumano y cruel, y que, como escribió hace meses Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, en cada prostíbulo hay un pequeño “Guantánamo de cercanías”.

Inicio del nuevo curso escolar

El día 10 de septiembre arrancaba oficialmente el curso escolar en Andalucía, un total de 1.803.124 alumnos y alumnas se han ido incorporando a las aulas a lo largo de esta semana.

La crisis económica que estamos padeciendo y el necesario ajuste que ha desarrollado el Gobierno andaluz no han afectado a las políticas de Educación que configuran el eje central de la acción política del PSOE de Andalucía y del gobierno de José Antonio Griñán. El Presidente andaluz ha defendido la educación como la mejor política económica y la mejor fórmula para garantizar la igualdad de oportunidades para salir de la crisis.

Los socialistas hemos destinado más presupuestos, más recursos y hemos realizado la mayor apuesta tecnológica de toda la historia. Desde 2004 el Presupuesto de Educación ha crecido un 59%, desde los 4.000 millones de euros hasta los más de 6.363 del año 2010. Este año el gobierno ha incrementado el presupuesto en 132 millones de euros más para continuar desarrollando la Ley de Educación con medidas integradas en el Plan Esfuerza.

Además la Consejería de Educación, a través del Plan Mejor Escuela, ha realizado en este año una inversión muy importante para mejorar las instalaciones educativas de la provincia de Almería. La cifra total de esta inversión es superior a los 27 millones de euros, concretamente 27.488.906,49 euros, divididos en tres apartados: centros nuevos y sustituciones completas de centros ya creados; ampliación y reformas integrales de centros; y en tercer lugar obras de modernización de centros de diversa cuantía.

Se ha construido un centro totalmente nuevo que sustituye a otro anterior ya creado, el CEIP Padre Manjón de Benahadux, que estará terminado a finales de este 2010. Además, la provincia contará este año con dos nuevos centros, uno en El Ejido y otro en Vícar. Estas tres inversiones ascienden a más de 8 millones de euros.

Otra de las principales novedades del curso es la dedicación, en todos los colegios de Primaria de Andalucía, de un docente dedicado en exclusiva a tareas de apoyo y refuerzo del alumnado. Concretamente, serán un total de 202 maestros de colegios del sistema público que hasta ahora se dedicaban principalmente a cubrir la primera baja docente que se producía en estos centros. El objetivo es reforzar la atención del alumnado con necesidades educativas desde los primeros años de su escolarización, una etapa fundamental de la que dependerá su éxito escolar en los sucesivos niveles académicos.

Esta iniciativa forma parte del nuevo modelo de cobertura de bajas que, con carácter experimental se puso en marcha el pasado curso en 15 centros almerienses y que, con un balance positivo, este año se generaliza a la totalidad de los colegios e institutos. El nuevo sistema reduce a 5 días el plazo para las sustituciones que antes se gestionaban con 15 días.

El uso de las Tecnologías de Información y la Comunicación y el dominio de idiomas también constituyen dos factores esenciales en la configuración de una escuela de futuro. Con la Escuela TIC 2.0, que se puso en marcha el pasado curso escolar en Primaria, y se consolida este curso con su extensión a 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria, Andalucía es la única comunidad autónoma que desarrolla este programa, cofinanciado por la Consejería y el Ministerio de Educación, en Primaria y Secundaria.

Los socialistas hemos conseguido desarrollar un sistema educativo de calidad, que da respuesta a las necesidades y exigencias de la comunidad educativa y así seguirá siendo durante los próximos años.

UNA CAUSA BICENTENARIA

De entre todos los hechos históricos que merecen ser solemnemente conmemorados, pocos tan trascendentales para la historia de España como aquel que tuvo lugar en las localidades de La Isla de León (hoy San Fernando) y Cádiz entre el 24 de septiembre de 1810 y el 19 de marzo de 1812. En un país entonces bajo el signo de la guerra y el vacío del poder, se celebraron las Cortes Extraordinarias y Constituyentes de las que surgió una nueva forma de entender España: la soberanía reside en la Nación, es decir, en todos los ciudadanos que la componen; la libertad, la igualdad y la propiedad son derechos naturales e inalienables; los poderes legislativo, ejecutivo y judicial han de estar separados, y el pueblo tiene derecho a participar en la elaboración de las leyes a través de las Cortes y de los Diputados nombrados por los ciudadanos; el domicilio es inviolable, los españoles tendrán libertad para escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas...

Se finiquita así, al grito de ¡viva la libertad!, el Antiguo Régimen, al tiempo que se sientan las bases de un Estado Democrático y de Derecho que se encamina hacia la modernidad. De algún modo, el ayer y el mañana de nuestro país tienen su frontera en la primera sesión de aquellas Cortes Extraordinarias celebrada hace doscientos años en una ciudad sitiada por las tropas francesas. En tan difíciles circunstancias, pero entre personas enardecidas en contra de la injusticia, la opresión, la desigualdad y la amenaza, con discrepancias pero con la irrenunciable voluntad de alcanzar ese éxito que consiste en ponerse de acuerdo, generaciones y generaciones de súbditos desembocaron en una primera generación de ciudadanos.

Cuenta la historia que aquella primera llama de libertad fue oprimida de nuevo por las cadenas del absolutismo, pero el ardor no se apagaría ya nunca. Los andaluces, más que ningún otro pueblo de España, podemos decir bien alto que hicimos de aquellas Cortes y de aquella Constitución un símbolo de libertad por el que luchar, una luz que había que mantener encendida; no es  sólo que aquellos hechos extraordinarios tuvieran lugar en nuestra tierra, es que a lo largo de buena parte del siglo XIX surgieron aquí patriotas que hoy son figuras ejemplares, como Torrijos, como Mariana Pineda, como los mismos “Coloraos” que un día de agosto de 1824 llegaron por mar a Almería con el propósito de restituir la Constitución de 1812, abolida por  Fernando VII diez años antes, y fueron fusilados por ello.

De la misma manera que en Almería no hemos olvidado aquella honrosa defensa de la libertad que acabó en martirio, y cada año rendimos tributo a sus protagonistas ante el monumento que les homenajea, así los españoles no olvidamos tampoco a todos aquellos que propiciaron el que aquel 24 de septiembre de 1810 todo empezara a cambiar, en aquel Teatro de La Real Isla de León, kilómetro cero de nuestra democracia, como dijo recientemente el presidente del Congreso de los Diputados, y escenario de las celebraciones que el próximo día 24 tendrán lugar para evocar aquel entusiasmo cívico frente a la adversidad, aquella pasión por la razón y la palabra, aquel primer impulso a una causa ya bicentenaria: la de la libertad.

Más para los ayuntamientos

Esta semana hemos recibido una buena noticia y es que gracias a la recuperación económica y a la subida de impuestos, aprobadas por el Gobierno de España, los ayuntamientos españoles recibirán el año que viene 1.200 millones de euros más que este año.

La vicepresidenta Elena Salgado era la encargada de dar a conocer hace unos días que todos los ayuntamientos españoles van a tener más dinero del que esperaban el año que viene y que además se flexibiliza la decisión de que los consistorios no puedan endeudarse más en 2011.

1.200 millones de euros es la cantidad que van a recibir nuestros ayuntamientos y dicha recepción va a ser posible porque la recuperación económica y la subida de impuestos aprobada por el Gobierno de España va a permitir aumentar los ingresos del Estado, lo que, se traducirá en más dinero destinado a crear más empleo y mejorar la economía municipal por parte de los ayuntamientos.

Además se flexibilizará la decisión de que no se endeuden más para aquellos consistorios cuya gestión financiera haya sido más prudente y responsable, y que tengan un nivel de deuda que no supere el 75% de los ingresos corrientes. Los ayuntamientos que estén en este caso, si podrán realizar operaciones de endeudamiento financiero en 2011, sin superar ese porcentaje total y con el fin de financiar inversiones.

Con ello se trataría de conciliar los objetivos de consolidación fiscal y la reducción de la deuda de las Administraciones Públicas, inspiradores del Acuerdo Marco de Sostenibilidad de las Finanzas Públicas 2010-2013, con los intereses y con el desarrollo de la actividad económica en el ámbito de las entidades locales.

Con todos estos argumentos y realidades queda demostrado que a diferencia de lo que el Partido Popular vaticinó, la subida de impuestos está permitiendo que el Estado aumente sus ingresos y no está retrayendo el consumo. 

Asimismo queda patente que el efecto de las medidas tomadas es bueno, como demuestra el hecho de que los ayuntamientos puedan recibir esta inyección adicional de dinero para continuar con su ardua labor para realizar funciones y prestar servicios a todos sus ciudadanos. Y sobre todo se sigue manteniendo el rigor presupuestario, la reducción del déficit y la contención de la deuda.

No hay que olvidar que durante este 2010 los ayuntamientos están recibiendo del Gobierno de España una inyección adicional de ingresos, para gastos corrientes, de 1.000 millones de euros, a través del Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Además está ultimando la Ley de Gobierno Local para llevarla al Parlamento, lo que permitirá aprobar muchas asignaturas pendientes entre el Estado y los ayuntamientos.

Así pues, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero está haciendo sus deberes, de acuerdo con su marcado compromiso en apoyo a la administración local. Es evidente que la reducción de déficit no sólo es cosa del Gobierno, sino también de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos. 

Pero asimismo es muy necesario que los todos los ayuntamientos comiencen a adaptarse y a concienciarse sobre la realidad de que la actividad inmobiliaria no va a volver a los niveles tan exagerados que hemos vivido en los últimos años.

En definitiva, el PSOE ha vuelto a actuar con coherencia, responsabilidad y altura de miras con esta nueva acción, pensando en el beneficio de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas, así como en el de todos los municipios españoles. Con el entendimiento y el buen hacer de todas las administraciones podremos lograr salir de la situación tan adversa que estamos atravesando.

MENOS ACCIDENTES

Los accidentes de tráfico más graves, los que provocan muertes e incapacidades, representan un drama en el entorno familiar y de amistad de quienes los sufren, pero de alguna manera siguen siendo una especie de catástrofe sorda y como asumida fatal y resignadamente por la sociedad. Si nos centramos en nuestro país, así era cuando las cifras de fallecidos en carretera eran escandalosamente abultadas y así sigue siendo hoy por hoy, cuando esas cifras han experimentado un significativo descenso. No obstante, antes y ahora, en España y en el resto del mundo desarrollado, los accidentes de tráfico constituyen un problema de Salud Pública, o, como señaló la OMS en un informe de 2003, una epidemia oculta y desatendida.

Un verano más, la preocupación del Ministerio del Interior, del que depende la Seguridad Vial, era procurar que el número de personas que perdieran la vida o la integridad física en sus desplazamientos vacacionales por carretera fuera el mínimo posible. Quién duda que éste ha sido un propósito de todos los Gobiernos, pero es de justicia señalar que desde su primer día como presidente, José Luis Rodríguez Zapatero situó como una de sus prioridades políticas la de reducir la siniestralidad en la carretera, y en la consecución de dicho objetivo se pusieron en marcha iniciativas como la de aumentar el número de agentes y de medios materiales, la reducción de puntos negros, la implantación del carnet por puntos, un mayor impulso de la educación vial y de la concienciación de los conductores e incluso la modificación del Código Penal para incluir como delito algunos comportamientos temerarios al volante.

Pocos datos más ajenos a la especulación política o mediática que los que arroja el resultado de estas medidas: entre el 1 de julio y el 31 de agosto han fallecido en nuestras carreteras trescientas sesenta y cuatro personas, dieciséis menos que el verano pasado y cuatrocientas ochenta y una menos que el verano de 2001. Si atendemos a la cifra de heridos graves –un drama de otra naturaleza y aún más sordo- nos encontramos con que han sido doscientos setenta menos que el pasado año y nada menos que dos mil cuatrocientos setenta y cuatro menos que en 2003, año en que se alcanzó la cifra record en la década de cuatro mil ciento cuarenta y cinco personas con lesiones extremas.

Este descenso ha sido constante verano tras verano y año tras año desde 2004. Cuando la Unión Europea fijó el objetivo de reducir en un 50% las víctimas mortales en el período 2001-2010, parecía a todas luces inalcanzable, pero lo cierto es que si tomamos los datos de verano encontramos que esa reducción ha sido del 57%: la frialdad de las cifras nos indica que este verano se han registrado ocho fallecidos diarios menos que en el de 2003.

Naturalmente, el drama que genera una sólo víctima al volante no entiende de fríos datos. Pero al margen de esta incuestionable verdad, el hecho de que la siniestralidad haya descendido de manera tan importante es sin duda alguna un éxito de toda la sociedad española y también de la Administración responsable. El Ministerio del Interior ha mostrado su reconocimiento a los fabricantes de vehículos por haber incrementado la seguridad, pero han sido las medidas adoptadas las que han determinado este descenso: la mejora de las infraestructuras, el mencionado permiso por puntos, la reforma de la ley de tráfico, el plan de control de velocidad mediante radares, los controles de alcoholemia o el incremento de efectivos, entre otras razones, han propiciado comportamientos más seguros y responsables por parte de los conductores españoles. No se trata de haber alcanzado ya un objetivo, pero sin duda estamos en la dirección correcta.

Grandes inversiones para el nuevo curso político

El nuevo curso político que hemos arrancado en septiembre estará marcado sin duda por las próximas elecciones municipales que celebraremos en 2011. Pero además, esta nueva etapa se ha iniciado con el anuncio de importantes inversiones para toda Andalucía y también para nuestra provincia en particular, como es el caso de las anunciadas en las obras del nuevo Hospital Materno Infantil.

Para nuestra Comunidad, el presidente de la Junta de Andalucía acaba de anunciar una inversión de 3.000 millones de euros con el fin de impulsar la economía andaluza, con un horizonte de ejecución de cinco años.

Esta inversión contempla un paquete de iniciativas de impulso económico y del programa Andalucía Sostenible que será aprobado el próximo martes en el Consejo de Gobierno. El objetivo es reorientar un cambio en el modelo productivo para garantizar un crecimiento estable de nuestra economía en el futuro.

Entre las medidas anunciadas por José Antonio Griñán para esta nueva fase política se incluyen la inminente aprobación del proyecto de Ley de Calidad Agroalimentaria y Pesquera; el Plan de Reordenación de los Recursos Minerales, dotado con 100 millones hasta 2013; el Plan Forestal Andaluz, que contará con 2.500 millones hasta 2015 para generar empleo sostenible; la aportación de 290 millones adicionales al Plan de Desarrollo Rural; y la puesta en marcha del Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza, dotada con 240 millones hasta 2013.

Ante este anuncio Javier Arenas ha considerado una “desvergüenza” que de esos 3.000 millones, casi el 80%, unos 2.500 millones, vayan destinados al Plan Forestal andaluz. Según afirmaba Arenas “el afán de Griñán por los pinos nos parece loable pero nuestro problema es el millón de parados”.

A Arenas habría que recordarle que todas las actuaciones anunciadas por Griñán en el arranque del nuevo curso político, y otras muchas que ya están en marcha, buscan incentivar la creación de empleo en nuestra Comunidad, porque el paro sigue siendo la principal preocupación de los ciudadanos y también de los Gobiernos socialistas, que no van a cejar en tomar decisiones ni en poner en marcha actuaciones encaminadas a combatirlo.

También Javier Arenas tendría que saber que lo que él califica como “el afán de Griñán por los pinos” ha permitido que una ciudad con escasísimas zonas verdes, como es Almería, cuente con uno de los mayores parques de Andalucía, el Parque del Andarax. La Junta de Andalucía ha realizado una inversión en él de casi 6 millones de euros en 77 hectáreas de suelo. Esta obra ha generado empleo durante su construcción pero además va a permitir mejorar la salud, el bienestar y la educación ambiental de sus visitantes.

Griñán ha sido rotundo y  no ha dejado lugar a dudas: el Ejecutivo andaluz va a dirigir "todos sus esfuerzos" en el nuevo curso político a "crear empleo, a aumentar el crecimiento económico sostenible y a mantener el modelo de protección social". Estos son unos objetivos coherentes, que conectan con las necesidades y con el sentir de los andaluces y andaluzas.

El partido que aspire a ser parte del Gobierno en Andalucía ha de trabajar en la misma línea, haciendo aportaciones positivas al esfuerzo colectivo por superar la crisis económica y por recuperar el empleo. Está claro que con la crítica sistemática a las decisiones del Ejecutivo andaluz no se colabora en el trabajo de mejora de nuestra economía y además no se muestra a los ciudadanos y ciudadanas capacidad para resolver sus problemas y para atender las necesidades sociales. El PP de Andalucía tiene una nueva oportunidad de unirse a la sociedad, de trabajar de la mano del Gobierno socialista de la Junta de Andalucía para construir un futuro mejor para todos y para todas.