lunes, 31 de enero de 2011

Un nuevo impulso económico

En el primer mes de este nuevo año se está desarrollando una intensa agenda política por parte del Gobierno de España para gestar cambios en el sistema económico que permitan acelerar la recuperación.

Ya conocemos los resultados de los primeros seis meses desde la entrada en vigor de la reforma laboral: aumentan un 52% los contratos de fomento de la contratación indefinida frente a 2009. Entre los meses de julio y diciembre de 2010 se han cerrando más de 167.000 contratos en España, que en su mayor parte han sido contrataciones temporales convertidas en indefinidas. Además la contratación a través de los contratos indefinidos ordinarios en España se ha reducido en un 15,6% lo que muestra que no se ha producido una sustitución de unos por otros. En cuanto a los contratos formativos, tanto de formación como de prácticas, estos también han aumentado en este periodo.

Aunque la economía no está aún creciendo al ritmo adecuado para crear empleo neto, el objetivo de la reforma laboral de aumentar el trabajo indefinido se está empezando a alcanzar, aunque el impacto será mayor cuando la economía se recupere más.

Por otro lado, también en este primer mes de 2011 el Gobierno está afrontando la reforma de las políticas activas de empleo de la mano de las Comunidades Autónomas. El Ejecutivo socialista ha propuesto a las Autonomías elaborar una Estrategia Española de Empleo donde se enumerarán los objetivos que tiene que lograr el conjunto del Estado y cada Comunidad para atender a los desempleados, así como los mecanismos de control para lograr este cumplimiento. También se ha propuesto que contemple la elaboración de un catálogo de los servicios que necesariamente deben proporcionar los servicios públicos de empleo a los desempleados, a los trabajadores y también a las empresas. Las Comunidades podrán diseñar sus propias medidas de empleo siempre que cumplan con los requisitos antes mencionados.

Asimismo el Gobierno Socialista está trabajando en la elaboración de un plan de choque frente al desempleo, basado en ayudar a las empresas a contratar trabajadores a tiempo parcial; y en promover acciones de recualificación profesional a quienes agoten sus prestaciones por desempleo, personas que además en ausencia de rentas podrán percibir una ayuda de 250 euros al mes con un máximo de 6 meses. Este Plan de Choque también contemplará un programa específico de orientación y formación a personas jóvenes con baja cualificación que sean parados del sector de la construcción o de larga duración.

Y por si fuera poco el Gobierno de Zapatero también ha anticipado en este mes de enero el programa de reforzamiento del sector financiero que pretende aprobar en febrero con el fin de restaurar la confianza de los mercados y la credibilidad de nuestras entidades financieras, de cuya solvencia depende que fluya el crédito a las empresas y a los ciudadanos, básico para la creación de empleo.

El gran volumen de actuaciones y medidas que el Gobierno socialista está poniendo en carga en este primer mes de enero muestran el esfuerzo que se está llevando a cabo para la creación de empleo y la circulación de capital, y siempre buscando alcanzar el mayor grado de consenso posible con los agentes políticos, sociales, económicos y laborales afectados en los sectores en los que se plantean los cambios.

EN DEFENSA DE NUESTRA CULTURA

La idiosincrasia española se vio siempre muy bien reflejada en aquellos chistes –no sé si siguen haciéndose- que comenzaban más o menos así: “Iban un alemán, un americano, un japonés y un español...”. En el chiste, los otros siempre tenían una solución muy limitada para todas las cosas, e incluso, si lo recuerdan, parecían un poco bobos, y entonces veníamos nosotros a rematar la cuestión con ingenio o, las más de las veces, con picardía. Podría hacerse un chiste así con el asunto de las descargas ilegales, porque de alguna forma España ha encontrado la manera de situarse como el país del mundo con el mayor número de internautas que utilizan servicios de distribución ilegal de contenidos audiovisuales; el cuarenta y cinco por ciento de los usuarios de la Red en nuestro país, el doble que la media europea, ha asumido como cosa natural que si se puede adquirir música gratuitamente o ver películas sin pagar nada, lo más inteligente es hacerlo.

Así las cosas, éste es el país donde más impopular resulta tratar de defender el derecho de todo creador a obtener un justo beneficio por el consumo del objeto de su creación, y el también derecho de las miles de personas que trabajan en el sector de la cultura, sobre todo jóvenes, a ganarse honradamente la vida. Pero el hecho de que sea impopular no puede ser impedimento para legislar en contra de la piratería.

Antonio Muñoz Molina ha escrito que “la única propiedad que se considera ilegítima o sospechosa ahora mismo en España es la propiedad intelectual”, y alguien cuyo nombre ahora no recuerdo señalaba recientemente que “la única propiedad que se percibe como común es la intelectual”. En este contexto, resulta apropiado preguntarse si intentar regular las descargas ilícitas en la Red, estar en contra del “todo gratis”, es progresista o reaccionario. La respuesta es sencilla: estar a favor de la cultura siempre es progresista; no lo es en absoluto tratar de reducirla a la nada.

En un reciente artículo de prensa, la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, planteaba cuestiones muy interesantes en torno a esa Ley que se nombra con su segundo apellido, aunque en realidad es Disposición final segunda de otra Ley, la de Economía Sostenible, y tiene como propósito algo tan razonable como proteger la propiedad intelectual en el ámbito de la sociedad de la información. Entre otras cosas, González Sinde dice que el antagonismo que se ha planteado entre gente de la cultura y gente de la tecnología sobre la base de que los derechos de autor suponen un impedimento al avance del progreso es un error. Mientras los usuarios de la Red, añade, pierden tiempo y energía enfrentándose a la gente de la cultura, “el verdadero adversario está en otro lado haciéndose más y más fuerte”. ¿Quién? Todo aquél que no desea que las ideas se protejan para evitar que surjan más ideas, los que desean que cada vez menos personas se dediquen profesionalmente a la cultura y, con ello, reducir la variedad expresiva y favorecer la monocultura; y, desde luego, quienes sí se están enriqueciendo gracias a las descargas.

El acuerdo alcanzado entre PSOE, PP y CIU para sacar adelante esta Ley en el Senado y, posteriormente, también en el Congreso, no supone cambios sustanciales sobre el texto original: protege la propiedad intelectual, no persigue a los ciudadanos sino a las webs que vulneran los legítimos derechos del autor, se refuerzan las garantías judiciales en todo el proceso de cierre de cualquiera de ellas y, en definitiva, no significa, en modo alguno, un ataque a la Red ni a sus usuarios.

Le importe a muchos o a pocos, España debe salir de ese lamentable liderazgo en piratería, no ya sólo porque sea injusto con los creadores e inmoral desde todo punto de vista, sino porque realmente está en juego la supervivencia de nuestra cultura.

lunes, 24 de enero de 2011

UNA VEZ MÁS: NO TODO VALE

Con demasiada frecuencia resulta necesario recordarles a los dirigentes del Partido Popular que en política no todo vale. Es, a todas luces, un hecho que todos los ciudadanos podemos  suscribir, incluso que se da por supuesto, pero no deja de asombrar cómo desde las filas conservadoras se sobrepasa una y otra vez la línea que separa lo admisible de lo inadmisible.

En la vecina comunidad murciana se produjo hace apenas unos días un hecho absolutamente execrable: la brutal agresión a un miembro del Gobierno regional, el consejero de Cultura. Tan repudiable acción será castigada donde corresponde, en los tribunales, pero parece como si los dirigentes “populares” hubieran decidido que en las heridas de uno de los suyos podrían pescarse algunos votos y, de paso, tratar de amordazar con ellas a la oposición.

Algo así es tan difícil de decir como de asimilar, créanme. Pero lo cierto es que, como sin duda ya saben, el presidente murciano tardó muy poco en relacionar este acto de violencia con las protestas que funcionarios y sindicatos están llevando a cabo en contra de los recortes que su Gobierno ha impuesto a los empleados públicos, y, sobre todo, con las críticas de la oposición. Lejos de desautorizarle, dirigentes “populares” de toda España se sumaron a esta imputación, a esta calumnia, y con ello le han concedido a los salvajes agresores, siquiera durante unos días, categoría política y la capacidad de dividir a los demócratas.

Insinuar que quien critica públicamente lo que considera una mala gestión de un Gobierno alienta la violencia no es sólo una insidia, es, sobre todo, un inquietante intento de debilitar el funcionamiento democrático. Naturalmente que los socialistas murcianos, como parte de su labor de oposición, han expresado su discrepancia con aquellas medidas que consideran inadecuadas; naturalmente que los duros recortes a los funcionarios de la región vecina han provocado el descontento de los afectados y su movilización; pero relacionar esa discrepancia, ese descontento, esas movilizaciones pacíficas y legítimas con una agresión física es, simplemente, una canallada: en democracia, quien gobierna está sometido a la crítica, faltaría más.

Dice ahora la derecha que criticar, movilizarse, elevar una protesta pública altera el clima social, pero como de verdad se altera es incendiando los ánimos de la gente con la propagación de acusaciones de este calado. No duden que se encontrará a los culpables de la brutal paliza y que serán juzgados como lo que son, delincuentes, sin más, y también que el mero oportunismo con que se ha querido sacar ventaja política de un acto tan lamentable será poco a poco olvidado. Pero quienes tan reiteradamente han demostrado su falta escrúpulos volverán a rebasar la línea: forma parte de una manera temeraria de entender la política. Y entonces será necesario apelar nuevamente a esa evidencia de que no todo vale para alcanzar unas metas electorales.

lunes, 17 de enero de 2011

Continúa el proceso de reformas

Las diferentes fases de la crisis económica han requerido diferentes actuaciones y medidas por parte de las administraciones públicas. La crisis ha generado cambios en los modelos de crecimiento que han afectado al funcionamiento mismo de la economía y que no se pueden atajar con medidas de escasa repercusión sino que se han hecho necesarias también reformas profundas.

La economía actual requiere cambios para ser competitiva al mismo nivel que lo era antes de esta crisis. Hay que cambiar para que todo siga igual, como ya proponía Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El gatopardo. La fórmula del Partido Popular es otra bien distinta: que nada cambie para que esta crisis dure el mayor tiempo posible, ya que esa es su única oportunidad electoral.

La crisis es el resultado de los cambios económicos que se han producido. Frente al liberalismo económico se hace necesario reordenar el sistema. En España el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha emprendido un proceso de reformas para fomentar la recuperación económica y del empleo. 2010 ha sido un año difícil, pero se ha logrado salir de la recesión aunque con un crecimiento aún débil.

La principal preocupación y ocupación de los Gobiernos Socialistas ha sido y seguirá siendo a lo largo de este nuevo año reducir la tasa de paro. Para ello se hace necesario emprender duras medidas de austeridad que afectan a muchos ciudadanos y ciudadanas.

Este proceso de modernización económica tendrá que completarse también a lo largo de 2011. Las reformas emprendidas por el Gobierno central tanto del sistema financiero, como del laboral y de las pensiones tienen ya un compromiso de culminación en la primera mitad del año.

La reforma del sistema financiero está encaminada a que todas las entidades mejoren su estructura de capital y la calidad del mismo para que el crédito vuelva a concederse como hasta ahora a empresas y particulares. Mientras esto no se produzca, el Gobierno socialista se ha comprometido a mantener y reforzar el acceso al crédito a través del ICO. Cabe recordar que en 2010 las líneas de mediación del ICO han movilizado cerca de 19.600 millones de euros, alcanzando un máximo histórico, con un incremento del 30% sobre el año anterior.

En las próximas semanas también el Gobierno Socialista de España desarrollará la reforma laboral en lo que afecta a las políticas activas de empleo, o lo que es lo mismo en lo que compete a la formación que incremente la capacidad de adaptación de los trabajadores y trabajadoras a nuevos campos laborales. La reforma laboral también será enfocada a facilitar la renovación del sistema productivo con más agilidad y de la negociación colectiva, con el fin de que se puedan adaptar las condiciones de trabajo a la evolución económica.

La reforma del sistema de pensiones, imprescindible por cuestiones demográficas, se comenzará a llevar a cabo a partir de ahora porque eso permitirá su aplicación progresiva y flexible. El día 28 de enero se aprobará esta reforma en la que se trabaja para alcanzar el máximo consenso.

Además de todas estas reformas de gran calado, el Gobierno pretende realizar otras para mejorar la competitividad. Una de ellas es la que se llevará a cabo con el Plan Integral de Política Industrial que se acaba de aprobar y que recoge actuaciones encaminadas a potenciar el crecimiento empresarial fomentando la internacionalización, entre otros. También está planificada la aprobación en las próximas semanas por parte del Parlamento nacional de la Ley de Economía y Sostenible y la Ley de Ciencia. Y aprobado con el consenso de la mayoría de las fuerzas parlamentarias se llevará a cabo igual la planificación energética de España para los próximos 10 años. Asimismo en el mes de febrero el calendario del Gobierno prevé que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto de Ley de Servicios Profesionales, un sector que ocupa al 30% de los titulados superiores de España.

La prosperidad del país y el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas durante las próximas décadas estarán determinados en buena parte por la culminación de las reformas necesarias.

lunes, 10 de enero de 2011

Un nuevo año de municipalismo

La despedida del año 2010 y el estreno de un nuevo año han llevado, como es habitual, a realizar numerosos análisis, balances y augurios políticos. Uno de ellos obliga a reconocer el apoyo que desde los Gobiernos socialistas de España y de Andalucía se ha brindado a las entidades locales para contribuir a mejorar su financiación.

En 2010 el Gobierno de España ha comprometido una inversión en los Ayuntamientos de nuestra provincia a través del Fondo Estatal para el Empleo y Sostenibilidad Local, conocido como el Plan E, de más de 72 millones de euros.

Con el Plan E de 2009 y de 2010, puestos en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los Ayuntamientos de la provincia Almería han recibido cerca de 186 millones de euros, con los que se financian 845 proyectos.

Y el Gobierno socialista andaluz durante 2010 ha reafirmado también su compromiso con el municipalismo con iniciativas que ayudan a la financiación de las entidades locales y que las dota de más independencia. Así por ejemplo se ha aprobado la Ley de Autonomía Local de Andalucía, que contempla 29 nuevas competencias para los Ayuntamientos andaluces, con las que estos podrán atender mejor las necesidades de sus vecinos y vecinas.

El Gobierno andaluz también ha implementado en 2010 un nuevo Programa de Transición al Empleo (PROTEJA) con el que se financian un total de 156 actuaciones en los Ayuntamientos de Almería, que supondrán la creación de 760 puestos de trabajo según las estimaciones realizadas por los propios consistorios. La inversión contemplada para 2010 por la Junta de Andalucía en los 102 Ayuntamientos de la provincia asciende a 17,5 millones de euros. Si a esta inversión sumamos la del PROTEJA de 2009, sólo a través de este Plan el Gobierno andaluz ha invertido en los Ayuntamientos almerienses más de 42 millones de euros.

Y no podemos olvidar que en 2010 el Gobierno andaluz también ha aprobado la Ley de Participación de los Ayuntamientos en los Tributos de la Junta. Esta Ley supone un incremento de la financiación no condicionada que reciben nuestros Gobiernos Municipales de un 110%, con lo que en 2011 los Ayuntamientos andaluces recibirán 420 millones de euros y en 2014 recibirán 600 millones de euros.

A estas iniciativas de apoyo a la labor de las administraciones más cercanas a los ciudadanos hay que sumar una medida que se ha adoptado en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía: autorizar por primera vez los pagos anticipados de tesorería a los Ayuntamientos. Esta autorización permitirá que los consistorios recibirán los fondos que les corresponden según su participación en los ingresos de la Comunidad antes de lo habitual, con lo que podrán mejorar su situación financiera.

El Gobierno de Griñán demuestra así una vez más sensibilidad ante los problemas que afectan a la inmensa mayoría de los Ayuntamientos, como también a otras administraciones supramunicipales: la escasez de fondos por la reducción de la actividad económica y la imposibilidad de aumentar su endeudamiento por las exigencias de reducción del déficit público.

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado estos anticipos de igual forma que las Comunidades Autónomas reciben por anticipado la parte correspondiente de su participación en los ingresos del Estado.

Andalucía de nuevo se adelanta así a otras Comunidades Autónomas con una medida que busca contribuir a resolver los problemas de tesorería de los Ayuntamientos.

En resumen aunque 2010 ha sido un año complicado para las entidades locales los Gobiernos Socialistas han apostado por el municipalismo y han tomado medidas y legislado para apoyarlo.  El año 2011 y los comicios municipales seguramente nos harán vivir de nuevo con intensidad la vida pública municipal y sentir más cerca a la administración que mejor nos atiende porque su proximidad le permite oir con más claridad a los ciudadanos y ciudadanas.

lunes, 3 de enero de 2011

EXPECTATIVAS PARA 2011

El sabio dicho que asegura que el tiempo pone las cosas en su sitio se ha cumplido una vez más. Después de un año en el que el Gobierno de España ha tenido que escuchar todo tipo de críticas a su política económica, los datos de cierre del ejercicio confirman que en 2010 se ha hecho un buen trabajo y que la salida de la crisis ya está cerca.

Como socialista, me alegra comprobar que los que arremetieron contra el Gobierno nunca pusieron en duda su afán por proteger a los ciudadanos más desfavorecidos. Ni siquiera los adversarios políticos tenían dudas. El Gobierno supo desde un principio que la salida de la crisis debía ser social y puso todo su empeño en salvaguardar, por encima de todo, ese Estado de Bienestar que tanto tiempo nos ha costado conseguir. La ayuda extraordinaria de los 426 euros, el respeto a la subida del IPC en las pensiones y tantas otras medidas de carácter social que se pusieron en marcha son garantía suficiente de que para el Gobierno, los ciudadanos siempre han sido lo primero.

El ya terminado 2010, que según muchos analistas ha sido el año en que la crisis ha tocado fondo, trajo sin embargo duras críticas a la labor del Gobierno de España por la supuesta inestabilidad de nuestra economía, basada en las cifras de déficit público. Desde el primer momento el equipo de José Luis Rodríguez Zapatero dejó claro que ese déficit había sido necesario porque los primeros momentos de la crisis necesitaron de una fuerte inversión para asegurar la protección social y para mitigar en la medida de lo posible la destrucción de empleo. También dijo el Gobierno que la evolución de la economía, que ya daba muestras de estabilización, permitía entonces iniciar un trabajo de reducción del déficit público, que ahora ha dado sus frutos.

Los datos conocidos en los últimos días confirman que el Gobierno sabe lo que hace. A finales de noviembre, el Estado registró un déficit de 38.765 millones de euros, equivalente al 3,68% del PIB. En sólo un año, el déficit se ha reducido en un 46%.

Esa reducción ha sido posible gracias a la estabilización de la economía, pero también gracias a las medidas implementadas por el Gobierno para aumentar los ingresos impositivos (IVA, IRPF e impuestos especiales), que crecieron en ese mismo periodo un 11%.

Pero hay más. Tal y como pronosticó el Gobierno en su momento, las medidas de apoyo a los bancos por la crisis no sólo no han costado un euro a los ciudadanos, sino que hasta el momento han permitido el ingreso en las arcas públicas de 3.000 millones de euros en concepto de intereses. Por otra parte, hasta el mes de noviembre la Seguridad Social registró un superávit de 11.100 millones de euros, un resultado muy notable conseguido gracias a la contención en los gastos.

A estas alturas, y a falta de los datos de diciembre, podemos celebrar que el Gobierno haya conseguido terminar el año con superávit, como había prometido. La Seguridad Social ha conseguido capear el temporal del año más duro de la crisis, sin renunciar al incremento del gasto en prestaciones: un 4% más en pensiones, mayores prestaciones familiares para quienes se han visto más duramente golpeados por la crisis y mejores prestaciones por maternidad, paternidad, riesgo para el embarazo y riesgo para la lactancia.

Este balance positivo permite también, con cargo al ejercicio de 2010, que la Seguridad Social abone en enero una paga de desviación de la inflación, tras haber pagado puntualmente la paga de Navidad. Así que empezamos 2011 con una excelente noticia: el pronóstico del PP de que la Seguridad Social entraría en déficit en 2010 se ha evidenciado absolutamente fallido. Tenemos razones para la confianza.

Un 2010 de intenso trabajo

Sin duda, 2010 ha sido un año difícil y complicado para todos nuestros ciudadanos, pero desde todas las administraciones socialistas se ha luchado por hacer un trabajo eficiente y responsable para ganar el futuro de España, de Andalucía y de Almería.

En el caso de nuestra comunidad se ha respondido con solvencia ante el contexto económico. Frente a la dificultad del tiempo actual, hemos trabajado con un plan claro y definido. Ese plan, que ya está en marcha pasa por culminar con éxito la recuperación económica, generar empleo y hacer de Andalucía una comunidad más fuerte, más preparada y más capacitada.

La política desarrollada por la Junta en 2010 ha seguido una hoja de ruta en la creación del empleo de calidad como mayor objetivo. Andalucía se ha adelantado al resto de Comunidades Autónomas en la reorientación de las políticas activas de empleo hacia la formación y la intermediación, con iniciativas como la reforma del Servicio Andaluz de Empleo, llamada a hacer del SAE un sistema ágil y eficiente, y la puesta en marcha de planes para sectores más vulnerables al desempleo.

Puesto que Andalucía es una tierra con potencial de futuro, durante el pasado 2010 se ha trabajado con altura de miras para desarrollar ese potencial a través del apoyo a los sectores productivos tradicionales y apostando a la vez por los nuevos sectores que actúan  como motor del crecimiento económico y generan empleo de calidad. Para ello, se está intentado mantener el liderazgo en los sectores tradicionales, se está luchando por convertir a Andalucía en referencia en la inversión en I+D+I y también se está tratando de seguir en el camino hacia el liderazgo en la agroindustria.

Sin duda un proyecto que marcará este nuevo año será el de Andalucía Sostenible, integrado por 146 medidas diseñadas para avanzar, desde la sostenibilidad económica, social y medioambiental, hacia un nuevo modelo de crecimiento más justo y competitivo.

El PSOE está firmemente comprometido con el Estado de Bienestar como pilar del modelo social andaluz siendo líderes en aplicación de la Ley de Dependencia, además ha mantenido su apuesta por las pensiones como garantía de un futuro de bienestar para la ciudadanía. De hecho, el consejo de Gobierno la semana pasada aprobó ayudas sociales de carácter extraordinario para los beneficiarios de las pensiones asistenciales y no contributivas, con un importe total de 24,2 millones de euros para 2011. Estas prestaciones, complementarias de las que concede el Estado, aumentarán un 2 por ciento en ambos casos y beneficiarán a más de 116.000 personas (el 73 por ciento mujeres).

Las primeras de estas aportaciones se dirigen a los 12.253 perceptores en Andalucía de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos, con un importe total de 12,9 millones de euros. En nuestra provincia se podrán beneficiar de ellas 1.472 personas.
Respecto a las pensiones no contributivas, que percibirán 103.826 personas en la comunidad autónoma, la Junta les abonará el próximo mes de enero, en un pago único, una ayuda complementaria individual de 109,22 euros, lo que supondrá un gasto total de 11,3 millones de euros. En este caso 6.625 almerienses se verán beneficiados.

El PSOE ha culminado un año de trabajo intenso, de esfuerzo que ha dado sus frutos porque no se trata de alcanzar la recuperación a costa de lo que sea, sino de hacerlo con éxito superando la coyuntura económica mediante el fortalecimiento del Estado de Bienestar, en las mejores condiciones para todos y para todas.