Una justicia más ágil en beneficio de todos

Cualquier ciudadano o ciudadana, sin esperarlo, puede requerir  los servicios judiciales para resolver un impago a su empresa, el reparto de sus bienes gananciales, o una denuncia de tráfico. Es en ese momento cuando realmente el ciudadano padece la lamentable lentitud de la Justicia en España.

Las causas que motivan las demoras en las resoluciones judiciales son múltiples: las garantías jurídicas que ofrece el sistema español, la alta litigiosidad, la necesidad más personal e infraestructuras judiciales, o de digitalización, conexión y modernización de los órganos judiciales, entre otras muchas.

El Gobierno socialista de España, desde su llegada a la Moncloa, está trabajando desde diversas perspectivas, de la mano de los representantes del personal judicial, para resolver, en la medida de sus posibilidades, este grave problema.

Una de las últimas actuaciones que inciden en esta línea es el proyecto de Ley de Medidas para la Agilización de la Justicia que ha sido aprobado a comienzos del mes de marzo por el Consejo de Gobierno.

Con esta Ley se pretende, sin recortar garantías o derechos judiciales, lograr que los procesos judiciales sean más ágiles, más rápidos y más baratos.

Se busca  precisamente mayor protección judicial para la parte más débil en los procesos, es decir, para las personas con menos recursos económicos que afrontan un proceso que se puede demorar años, con los costes que ello conlleva en abogados y procuradores.

También se persigue que el Tribunal Supremo pueda concentrar su actividad en unificar doctrina judicial, su tarea principal.

Este proyecto de Ley de Medidas para la Agilización de la Justicia está muy enfocado, entre otros, a agilizar un tipo de proceso judicial que en los últimos años ha crecido mucho, con la crisis, con la reducción del crédito bancario y con los impagos; son los llamados procesos monitorios.

Este tipo de proceso rápido, puede usarse según la legislación actual para reclamar cantidades inferiores a 250.000 euros. El proceso monitorio no precisa de abogado, ni de procurador y con esta nueva Ley el Gobierno pretende que este tipo de procedimiento pueda usarse también para reclamar más de 250.000 euros y extender su uso a los juicios de desahucio.

Además también el anteproyecto contempla que los procesos sean más cortos eliminando trámites innecesarios, pero siempre garantizando los derechos y garantías judiciales.

Y también la Ley pretende simplificar los recursos para agilizar la tramitación. Según la normativa actual cuando una de las partes de un proceso judicial no está de acuerdo con una sentencia puede recurrirla, lo que supone que sea revisada por una instancia superior. En el anteproyecto de Ley se plantea que no sean recurribles los juicios de menos de 6.000 euros, porque los costes y el retraso que supone apelar en casos de esta cuantía no compensa n a nadie, salvo a quien ha perdido el juicio y quiere dilatar el pago al que ha sido condenado.

Y tampoco se podrá recurrir al Tribunal Supremo cuando se recurra un pleito económico no alcance 800.000 euros, mientras que ahora se puede recurrir si se eleva a 150.000 euros.

Asimismo con este anteproyecto de Ley se acerca al ciudadano la administración de Justicia de forma que si un almeriense quiere pleitear por una decisión tomada por una administración de nuestra Comunidad Autónoma, ya no tendrá que hacerlo en Sevilla sino que podrá hacerlo en el Juzgado de Almería.

Una Justicia lenta es una justicia menos justa, que no satisface las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, que no representa realmente su calidad, que no hace justicia a la labor que desarrollan los trabajadores judiciales, que no refleja la modernidad nuestra legislación y de nuestro país. Agilizar el sistema judicial es mejorar un servicio público y de interés general, de ahí el compromiso del Gobierno Socialista con esta imperiosa necesidad.

HOMBRES DE FUTURO

El pasado viernes tuve el placer de acompañar a Jesús Caldera en la presentación en Almería de su libro ‘Un tiempo para la igualdad’. La lectura de la obra, que aborda temas relacionados con el empleo, la igualdad y los nuevos derechos ciudadanos, sin dejar de lado cuestiones más amplias como la crisis económica o la protección del medio ambiente, resulta especialmente valiosa en los tiempos que corren.

La amplitud de miras de este libro se intuye desde el mismo momento en que reparamos en que el hecho de que haya sido escrita por un ex ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, socialista para más señas, no ha sido óbice para que lo publique Ediciones Turpial, propiedad de otro ex ministro de Trabajo, en esta ocasión, de pasado ‘popular’: Manuel Pimentel.

Lejos de constricciones ideológicas o de esas frases vacuas que habitan en tantos ensayos escritos desde la resistencia contra el olvido público, el libro de Jesús Caldera aporta un lúcido análisis de los procesos que está viviendo la sociedad española, enriquecido con valiosas propuestas para enriquecer el debate político. No en vano, el autor está convencido de que sólo las ideas y los valores podrán sacar a las democracias occidentales de la encrucijada en la que se encuentran.

El mayor aval de la obra es la labor que realizó Jesús Caldera como ministro de Trabajo, Asuntos Sociales e Inmigración en la pasada legislatura, entre 2004 y 2008. Su paso por el ministerio marcó un antes y un después, supuso un punto de inflexión en las políticas sociales que se venían aplicando en nuestro país.

Caldera fue el encargado de retomar la senda modernizadora que había iniciado el PSOE de Felipe González y que se vio interrumpida durante los 8 años de gobierno de José María Aznar. El paso de los años nos devuelve la justa medida de las cosas, y es ahora, al volver la vista atrás, cuando podemos ver con claridad la verdadera dimensión que tuvo su trabajo.

Con él nacieron leyes que hoy damos por supuestas, derechos que hemos asumido como propios y políticas que en su día estuvieron a la vanguardia y que al final han terminado copiando otros países europeos.

Con Jesús Caldera vieron la luz normas tan importantes como la Ley de Igualdad o la Ley Integral contra la Violencia de Género. También nacieron derechos que nadie podía imaginar entonces y que hoy hemos incorporado con toda naturalidad a nuestro Estado del Bienestar: los que emanan de la Ley de la Dependencia, que tantas familias han disfrutado y siguen disfrutando.

En materia de trabajo, con Jesús Caldera el Salario Mínimo Interprofesional alcanzó los 600 euros, algo que tampoco nadie podía esperar por aquel entonces. Consensuó con los agentes sociales una reforma laboral y otra de la Seguridad Social, que permitieron crear más y mejor empleo. Salió adelante el Estatuto del Trabajador Autónomo y se puso en marcha un importante plan para atajar la siniestralidad laboral.

Fue un trabajo ingente el que realizó en sólo cuatro años Jesús Caldera, consiguiendo rubricar una veintena larga de acuerdos en materia social y laboral.

De todo ese trabajo ha quedado una importante herencia para nuestro país, que debemos reconocer por una cuestión de simple justicia.

Son pocos los que admiten el calificativo de ‘hombres de futuro’. Jesús Caldera es uno de ellos y la lectura que nos propone resulta necesaria para comprender dónde estamos y hacia dónde debemos caminar, en la búsqueda de una sociedad más justa, más segura, más rica en valores y, en definitiva, mejor.

Con nuestras Comunidades Autónomas

Cuando ya parecían superado el debate en torno a la utilidad de las Comunidades Autónomas, este ha sido reabierto por parte del Partido Popular y por el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional y nulo de pleno derecho el artículo 51 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que reconoce a la Comunidad competencias exclusivas sobre las aguas del Guadalquivir que discurren por esta.

La España autonómica sirve no sólo para reconocer la pluralidad, gracias las Autonomías hoy disfrutamos de servicios públicos sanitarios y educativos, entre otros, de gran calidad para todos los españoles y españolas. Bien es verdad que hay diferencias entre los servicios de unas Comunidades y otras, pero todos son de calidad, son públicos y gratuitos, y están dirigidos a atender mejor las necesidades de un territorio geográfico concreto.

Es un buen momento para destacar el papel protagonista de la Comunidades Autónomas en el desarrollo económico, social y de los servicios públicos de España.

La atención a la necesidad actual de generar empleo es un buen ejemplo del trabajo que, en colaboración con el Estado, están desarrollando muchas Comunidades Autónomas. Así, en Andalucía, en la línea del Plan E, se ha puesto en marcha el Plan PROTEJA y para potenciar la actividad y el crecimiento de las empresas, con créditos retornables, y para ofrecer más posibilidades de empleo se han habilitado Fondos de Apoyo al Tejido Empresarial y el Plan Proyecta.

En cuanto a innovación muchas Comunidades Autónomas han propiciado dar el salto hacia la mayor productividad, la dinamización del tejido productivo y social, a través de las TIC, con el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones, la alfabetización tecnológica y la apuesta por la modernización de la gestión pública.

Y la Comunidades han interiorizado el carácter de servicio público de la educación como algo imprescindible para el desarrollo de un país adecuando los servicios educativos a las nuevas realidades y demandas sociales. En Andalucía, el Plan de Apoyo a las Familias ha ido incorporando medidas para facilitar a padres y madres conciliar su vida familiar y laboral, con el Plan de Apertura de Centros en horario extraescolar; o permitiendo el acceso a libros de textos y a transporte escolar gratis; o con un nuevo programa de becas al estudio dotado con 6.000 euros; o con las Escuelas infantiles de 0 a 3 años, entre otras.

La sanidad es otro de los campos donde las Comunidades Autónomas invierten la mayor parte de sus ingresos y sus esfuerzos. Las Comunidades con Gobiernos Socialistas trabajan en la constate mejora de las calidad del sistema sanitario. Andalucía lidera este esfuerzo con proyectos como la Estrategia de Salud Digital de Andalucía, que permite reunir y compartir toda la información clínica de un ciudadano para facilitarla al facultativo; o el Diagnóstico Genético Preimplantatorio, que permite a las parejas con determinadas enfermedades genéticas que puedan concebir hijos libres de ellas, con independencia de su nivel económico; o la Receta Electrónica; o el servicio de Teletraducción; o la iniciativa de Terapias Avanzadas que investigan nuevas terapias y nuevos tratamientos.

Los servicios sociales, las políticas de juventud, la conservación  del Medio Ambiente, el impulso de la agricultura y la pesca o la ampliación de la red de transporte, dan también una buena muestra del trabajo que desarrolla por los ciudadanos y ciudadanas la administración autonómica, en este caso la andaluza.

Ante esta realidad no tiene ningún sentido dudar de la necesidad de las administraciones autonómicas para llevar a cabo una gestión adaptada a las necesidades de cada territorio de España y, a la vez, realizar una gestión igualitaria y cohesionadora.

PREOCUPACIÓN NUCLEAR

Hace poco más de un año, un terremoto asoló uno de los países más pobres de la tierra, Haití, causando una tragedia humanitaria de dimensiones colosales: más de trescientas mil víctimas mortales y un número aún mayor de heridos, de desplazados y de personas que perdieron lo poco que tenían. Ahora la tierra ha temblado en Japón, uno de los países más desarrollados del mundo, acostumbrado, sí, a los movimientos sísmicos, aunque no de intensidad tan abrumadora como el que lo ha sacudido y que provocó, además, un tsunami aterrador. El resultado es una destrucción que sólo los más pesimistas hubieran podido concebir, y miles de muertos.

Pero este terremoto ha traído otras consecuencias que lo hacen especialmente dramático y, sin olvidar las vidas perdidas, le añaden una perspectiva extremadamente preocupante a la catástrofe: lo ocurrido en la central nuclear de Fukushima mantiene en vilo a todo el planeta y ha reabierto el debate de la energía atómica. Ojalá que la situación esté ya controlada cuando ustedes lean este artículo, pero lo cierto es que cuando lo escribo la situación allí es peor que hace doce horas, y hace doce horas era considerablemente peor que dos días antes.

La actitud del PSOE, cuya postura ante la energía nuclear es bien conocida, ha sido la de mantener la cautela, defendiendo la seguridad de nuestras centrales y rechazando la posibilidad de un riesgo similar en España por razones geográficas evidentes. No obstante, el Gobierno revisará las medidas de seguridad de estas instalaciones, no ya sólo porque esta medida está en consonancia con lo expresado por la UE, sino porque hace meses que remitió a las Cortes una propuesta de aumentar la exigencia de garantías y es ya una Ley aprobada con un amplio respaldo parlamentario.

La cautela necesaria en la actual crisis nuclear, cuando aún no se sabe cuál podrá ser su alcance, afecta a los mensajes más catastrofistas, que hay que evitar, pero también a aquellos otros que por intereses perfectamente conocidos han tratado de minimizar todo lo que está ocurriendo. Es el caso de los medios más ultra conservadores, los mismos que atacaron sin piedad al presidente Zapatero cuando hace unos años planteó el cierre de las centrales nucleares españolas que finalizaran su vida útil. Apenas se produjo el incidente en Fukushima, esos medios se apresuraron a blindar sus posiciones antes de que opiniones contrarias comenzaran a hacerse oír, arremetiendo en primer lugar contra los ecologistas. Incluso después de haber visto las explosiones en los reactores, o cuando ya parecía evidente que los especialistas no eran capaces de controlar la situación, o cuando se supo que estaban liberándose partículas radiactivas, los sectores más conservadores de este país seguían hablando de “psicosis exagerada”.

Para la derecha, recelar de que la energía nuclear sea la mejor opción de futuro y apostar por las renovables es “ideología trasnochada”. Ahí están las propuestas que presentó Aznar unos días antes de la catástrofe de Japón, y a las que ya me referí la semana pasada. En ellas se insiste de nuevo en que el futuro está en lo atómico, mientras que las energías limpias, aquellas en las que España, y más concretamente Almería, podría llegar a ser puntera, deben ser objeto de una moratoria en tanto no las desarrollen más ampliamente otros países.

Lo cierto es que se ha demostrado que las centrales nucleares no son completamente invulnerables, y, como, ha dicho la canciller Merkel, lo ocurrido en Fukushima supone un punto de inflexión para el mundo. El tiempo dirá.

Más reformas para un nuevo modelo económico

La senda de cambios emprendida por el Gobierno de España para hacer frente a los problemas económicos y para evitar que se repetir los errores del pasado en este sentido se ha continuado esta semana con la aprobación en las Cortes de la reforma de las Políticas Activas de Empleo, la reforma de la Formación Profesional, la recapitalización del sector financiero y la reforma de la Ley de Arbitraje.

Y además se ha aprobado el Decreto de Ley de Reforzamiento del Sistema Financiero dentro de la reforma del sistema financiero, que permite la recapitalización de las Cajas de Ahorro para que ganen solvencia y vuelva a fluir el crédito.

Se da así por concluida la aprobación completa de todas las medidas de la Ley de Economía Sostenible, en una semana en la que el presidente del Gobierno ha augurado, además, que a partir del próximo mes la recuperación del empleo se podrá comenzar a apreciar en el país.

No hay que olvidar que las últimas reformas se unen a las ya aprobadas del sistema financiero, y dentro de esta la reforma de la Ley de Cajas, la reforma laboral, la reforma del Sector Servicios y  el primer paso para la reforma de las pensiones, con la aprobación del Congreso a las recomendaciones del Pacto de Toledo a favor de dicha reforma.

La necesidad de cambio del modelo productivo en España se ha hecho ya indiscutible para propiciar un crecimiento económico estable y acompañado del aumento del empleo.

Todas las reformas que está impulsando el Gobierno de Zapatero están saliendo adelante en el Parlamento con el respaldo mayoritario. Ante estas actuaciones ningún líder serio de la oposición puede defender que el Gobierno de España no hace nada.  Una oposición que quiere cambiar su imagen pública por no hacer su tarea ha de ponerse a trabajar, no puede pretender quedar bien achacando a otros sus propios males, máxime cuando los hechos les quitan la razón día a día.

El Gobierno de España ha impulsado, a través de la Ley de Economía Sostenible, entre otros, la protección de los ciudadanos frente a comportamientos interesados de las entidades bancarias, con la obligación ahora bancos y cajas de informar a quien pida un crédito de los riesgos asociados.

Además gracias a esta Ley, los ciudadanos que quieran iniciar su actividad empresarial con una tienda de ropa, una librería, una peluquería, u otros, ya no necesitan las actuales licencias de apertura y actividad de sus municipios, salvo casos especiales como los relacionados con la protección del medio ambiente, la seguridad o el patrimonio histórico-artístico.

También con la citada Ley se aumentan los incentivos a la actividad innovadora, incrementando las deducciones fiscales de las empresas por esta actividad.  Igualmente las empresas podrán deducirse con carácter permanente el 8% de lo que inviertan para proteger el medio ambiente. Así como las administraciones se verán protegidas de los abusos de las empresas, ya que las empresas no podrán modificar sus proyectos una vez adjudicados si no está previsto en los pliegos o se dan causas de fuerza mayor, y las modificaciones no podrán superar el 10% del coste inicial previsto.

La Ley de Economía Sostenible recoge múltiples normas que van a agilizar y simplificar la actividad empresarial y que van a garantizar más protección y más derechos a los ciudadanos y ciudadanas, así como se va a propiciar la prestación de mejores servicios públicos, y todo ello enfocado a asegurar el crecimiento económico y de creación de empleo en España.

ENSEÑAR LAS CARTAS ANTES DE TIEMPO

La estrategia política del PP durante estos tres últimos años se ha asentado en la disparatada idea de que no hay una crisis económica internacional, sino que estamos ante un asunto que afecta sólo a España y, por tanto, la responsabilidad de todos los males recae en nuestro Gobierno. En ocasiones sí que ha puesto la mirada en el exterior, cuando la economía de algún país europeo se desplomaba hasta el punto de necesitar ayuda de Bruselas, y lo hacía para comparar de manera falaz su situación con la nuestra, sembrar así la desconfianza en los mercados financieros y dañar nuestros intereses. Pero lo cierto es que en todos los países ha habido descontento ciudadano y movilizaciones, la crisis ha supuesto un desgaste de todos los partidos que tienen responsabilidades de Gobierno y todas las encuestas, más o menos, estarían esbozando en Europa un giro a la derecha. Y donde ya gobierna la derecha, hacia la ultraderecha, como en Francia, donde los sondeos apuntan a una escalada del Frente Nacional de Le Pen. Como en España gobierna la izquierda y no existe una derecha moderada a la europea, las encuestas favorecen directamente al PP.

Quienes no saben diferenciar una encuesta de una consulta electoral suelen incurrir en triunfalismo demoscópico y acaban por mostrar sus cartas antes de tiempo. De Mariano Rajoy y su entorno no hemos conocido medida alguna para mejorar la situación por la que atravesamos, pero apenas han empezado ya a verse ganadores en las próximas elecciones generales –que son las que les importan; las municipales, tan cercanas, son para ellos un medio, no un fin-, han rescatado su verdadero proyecto de gobierno, el único en el que pensaban durante su primera etapa de oposición, cuando en España la situación económica era extraordinariamente positiva y la tasa de paro la más baja de la democracia; el único proyecto en el que han pensado también estos tres años últimos, aunque hablaran de otras cuestiones: hacer valer su teoría sobre los terribles atentados del 11-M, lograr que aquella enorme mentira pase finalmente como cierta en contra incluso de lo ya investigado, demostrado y juzgado, empujar a la banda terrorista ETA dentro de la gran conspiración como sea, y detrás de ETA a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a los jueces, a cuantos servicios de inteligencia extranjeros sea menester y al PSOE mismo. En definitiva: rehabilitar la figura de Aznar.

Ni empleo, ni economía, ni políticas sociales. Nada de eso está en su agenda. Dejar inmaculada la imagen del gran líder, “el mejor gobernante español desde los Reyes Católicos”, como a veces se ha oído desde los medios que les son afines: he ahí lo más urgente para el PP. Ellos saben de buena tinta impresa que ETA estaba en los atentados de Madrid, y por tanto éstos no tuvieron nada que ver con nuestra intervención en Irak ni los ministros de Aznar mintieron durante los días previos a las elecciones del 2004; lo han sabido siempre, aunque se hayan tenido que morder la lengua estos tres últimos años. Ahora ya pueden hablar otra vez, primero Arenas, luego González Pons, Cospedal y poco a poco todos los demás.

Se entiende, así, que al día siguiente de que Rajoy afirmara, de una manera más bien intrigante, que España necesitaba una política energética “como Dios manda”, el ex presidente Aznar hiciera públicas sus “Propuestas para una política energética nacional”. Ocurre que al leer las propuestas que descienden de las alturas nos encontramos más centrales nucleares para, dice el texto, ganar en independencia, pero no dónde se construirían, dónde se almacenarían los residuos ni qué independencia energética conseguiríamos, habida cuenta de que en nuestro territorio tampoco se extrae uranio. Eso sí: la propuesta también incluye una moratoria de las renovables, y aunque todo es difícil de entender, la cosa no se discute: la cosa viene de donde viene.

UNA MEDIDA TEMPORAL Y NECESARIA

Como es sabido, a partir de hoy la velocidad máxima en todas las autopistas y autovías españolas pasa de 120 kilómetros por hora a 110. Es una medida excepcional, transitoria y necesaria para impulsar el ahorro energético y evitar que nuestra recuperación económica se vea comprometida por culpa del aumento en el precio del petróleo. La realidad es tozuda: España no dispone de petróleo, hemos de comprarlo fuera, y como consecuencia de la situación de inestabilidad que se vive en algunos países del norte de África hoy pagamos por cada barril veinte euros más de lo que pagábamos el año pasado (ochenta en lugar de sesenta). De mantenerse este precio durante el 2011, el sobrecoste en la factura energética sería de doce mil millones de euros. Es decir, si ahora mirásemos para otro lado todo el esfuerzo de austeridad que llevamos invertido para salir de la crisis habría sido inútil: lo que hemos ahorrado con no poco sacrificio se nos iría en pagar el sobre precio del petróleo.

Naturalmente, esta reducción temporal de la velocidad máxima permitida no es la única medida aprobada por el Gobierno para que gastemos entre todos menos combustible, pero es la que más juego ha dado a los valedores del no a todo. Y es que tampoco le parece bien al PP que se ahorre energía, y eso que son expertos en esta materia: no se recuerda ningún partido político que haya invertido menos en ayudar a su país en una situación de dificultad.

El Gobierno también ha aprobado una rebaja en el precio de los billetes y de los abonos de RENFE para media distancia y cercanías, así como elevar al siete por ciento el porcentaje de biodiesel en nuestras gasolinas y gasóleos, lo que supone un ahorro adicional de dos millones de barriles de petróleo al año, y contempla otras que habrá de adoptar de común acuerdo con comunidades autónomas y ayuntamientos. Ahora bien, de estas otras medidas no se ha hablado tanto porque, al parecer, no favorecen ese titular campanudo al que nos tiene acostumbrados la derecha, esa reacción desmesurada e irreflexiva que consiste en responder cualquier barbaridad que se les pase por la cabeza en la creencia de que siempre queda algo. En este caso, sus razones para oponerse a pasar temporalmente de 120 kilómetros por hora a 110 es que se trata “de una medida soviética”. Dejando a un lado que hablamos de un límite de velocidad que no les es desconocido a países tan poco “soviéticos” como Suecia o Estados Unidos, nos encontramos con que el PP entiende que la diferencia entre democracia y dictadura es de diez kilómetros por hora. Sin duda les ha faltado algo más de tiempo para madurar la idea.

La medida durará lo que dure la inestabilidad en el norte de África. En este caso, lo que debemos valorar sobre todo no son tanto las medidas coyunturales, que, lejos de ser improvisadas, se ajustan a la normativa de emergencia establecida por la Agencia Internacional de la Energía, sino los compromisos estables, como el que nuestro Gobierno adquirió desde un principio con las políticas públicas que fomentan el ahorro de energía y con el crecimiento de fuentes renovables. Todo ello ha sido marca de identidad de este Gobierno, y se ha logrado que hoy nuestro autoabastecimiento energético sea considerablemente superior al del año 2004. Por lo demás, bueno, quizá durante unos meses necesitaremos un poco más de tiempo para cubrir largas distancias, pero a cambio no nos costará tanto como podría costarnos.

Mejores Políticas Sociales

 En España, los Gobiernos Socialistas iniciaron y desarrollan las políticas sociales.

El acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos básicos han conformado el Estado del Bienestar. Así se ha consolidado a través de la universalización de derechos como la Sanidad en 1986 que afectó entonces a seis millones de ciudadanos y ciudadanas; de la Educación pública y gratuita de los 6 a los 16 años; el fuerte incremento de las becas y expansión de la educación universitaria, a lo largo de los años 80 del siglo XX; la Ley de integración social de los minusválidos creada en 1982, que inició el reconocimiento de derechos asistenciales económicos y de empleo; la racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez a partir de 1985; la concesión de pensiones no contributivas aprobada en 1990 y que supuso el reconocimiento de este derecho a muchos de nuestros mayores.

Estos hitos innegables conseguidos con Gobiernos Socialistas en los inicios de la Democracia se vieron interrumpidos durante 8 años donde no se avanzó en el desarrollo y mejora de los servicios de la sanidad, la educación, o las pensiones, ni en incorporar nuevos derechos.

En materia sanitaria, por ejemplo con el Gobierno del Partido Popular se inició la privatización bajo fórmulas de ceder la gestión de nuevos hospitales públicos a Fundaciones Sanitarias y así continúa en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, ahora directamente con empresas privadas, como es el caso de Madrid y de Valencia.

Gracias al trabajo por la protección social de los Gobiernos Socialistas además de la sanidad pública, la educación gratuita y universal y las becas al estudio, los españoles disfrutamos de permisos de paternidad y maternidad, de estudios universitarios públicos con los que el estudiante sólo abona el 15% de su coste efectivo, uno de los más bajos de la UE; de un sistema de cobertura de desempleo con atención personalizada para la recualificación y reincorporación al mercado laboral; de ventajas fiscales, de reducción de trámites y de reducción de costes para la puesta en marcha de un negocio propio; de prestación asistencial y programas de integración para personas con discapacidad y dependencia; entre otros.

Todo esto hace que, sin contar las prestaciones por desempleo, el Gobierno de Zapatero en materia de política social ha destinado el 40% más de recursos que el Gobierno del Partido Popular. Y además ha creado y mantenido, pese a la crisis, nuevos derechos sociales a través de la Ley de Dependencia, del permiso de paternidad y la ampliación del permiso de maternidad, de derechos asociados a las parejas de hecho como el reconocimiento de la pensión, de la protección y ayuda a las víctimas de la violencia de género, de derechos de prestación por desempleo a los autónomos, de derechos de los emigrantes como el resto de españoles a la sanidad y la dependencia, o de nuevos derechos para personas sordas y sordociegas.

Las cifras hablan: frente a los 1.525 millones de euros que en 2004 destinó el PP a la educación en España en 2011 se han destinado 2.843 millones con el PSOE (un 86% más), frente a los 74.156 millones que destinó el Gobierno de Aznar en 2004 a pensiones en 2011 el de Zapatero ha destinado 112.216 millones (un 51% más)  y así podríamos seguir enumerando las diferencias en las inversiones en sanidad (un 19% más), en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (un 39% más) y otros.

El Gobierno Socialista, pese a la crisis, no paraliza su gran compromiso con los avances sociales, garantizar su sostenibilidad y atender las nuevas necesidades con un nuevo modelo productivo, frente al PP, cuya política social se basa en esperar que le caiga del cielo sin hacer nada.

Preparar a los desempleados y activar el empleo

Preparar a los desempleados y desempleadas para su incorporación, por primera vez o para su vuelta, al mercado laboral requiere de acciones concretas. La formación es fundamental para estos parados.

El Gobierno de España ha aprobado, tan sólo 16 días después de la firma del Acuerdo Económico y Social con los sindicatos y empresarios, la reforma de las Políticas Activas de Empleo, con medidas para mejorar la empleabilidad.

Entre los programas que el Ejecutiva acaba de poner en marcha está el de la transición a la contratación estable de desempleados. Cuenta con hasta 12 meses de reducción del 100% en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y va dirigido a jóvenes de hasta 30 años y parados de larga duración.  

Este programa va a conllevar una disminución de los ingresos inicialmente previstos a la Tesorerías General de la Seguridad Social de 23,5 millones al mes por cada 10.000 contratos celebrados, lo que demuestra que el Gobierno de Zapatero, antepone la creación de empleo al aumento de los ingresos de las arcas públicas. Esta iniciativa está limitada temporalmente a 12 meses.

Otro de los programas creados específicamente para la recualificación de desempleados, en este caso, que han agotado sus prestaciones, es el conocido plan de formación con el que los beneficiarios obtienen 400 euros si carecen de otras rentas y prestaciones y si están dispuestos a formarse en sectores emergentes de la economía y seguir un itinerario personalizado con los promotores de empleo.

También se ha puesto en marcha un tercer programa, más genérico, de acciones combinadas de orientación y formación para el empleo, destinado a personas desempleadas con baja cualificación, ya sean jóvenes, desempleados de larga duración mayores de 45 años, personas procedentes del sector de la construcción, y otros afectados por la crisis.

Y el cuarto programa recientemente implementado por el Ejecutivo contempla acciones combinadas de orientación y formación, pero tiene vigencia sólo durante 2011 y está dirigido a todos los parados. A estos se les ofrecen plazas en planes de formación dirigidos prioritariamente a personas ocupadas. En concreto, en relación al total de personas beneficiarias de estos planes, entre el 30 y 40% serán desempleados.

La reforma de las políticas activas de empleo que el Gobierno de España acaba de aprobar es algo que está transferido a las Comunidades Autónomas. En Andalucía el Plan Proyecta, con 510 millones de inversión, concreta estas actuaciones.

El Plan Proyecta se divide en otros tres planes, cada uno de ellos dirigido a responder a un tipo concreto de desempleado: el Plan Motiva, con una inversión de 381 millones de euros está dirigido a desempleados jóvenes; el Plan 45 Plus, con 104 millones de inversión a parados andaluces mayores de 45 años; y el Plan Contrata, dotado con 25 millones, incentiva la contratación de las personas que hayan participado en alguno de los anteriores.

La gestión de las administraciones socialistas está centrada al máximo en la creación de empleo y en ayudar a los desempleados a incorporarse al mercado laboral. El Acuerdo Económico y Social en España y la concertación social en Andalucía dan buena muestra de ello, igual que la aprobación de planes concretos para que las personas en paro encuentren empleo y para que las empresas puedan contratar a trabajadores y trabajadoras con menor carga fiscal.

Eso es lo que el PSOE ofrece a los ciudadanos y ciudadanas frente a los recortes en inversiones públicas, la privatización de servicios públicos, la nula colaboración institucional y el inmovilismo ante el desempleo que ofrecen los Gobiernos Autonómicos y locales del PP.

30 AÑOS DESPUÉS

En la última semana hemos tenido varias oportunidades para echar la vista atrás y comprobar cómo hemos cambiado en los últimos treinta años. En el trigésimo aniversario del fallido golpe del 23-F, hemos podido celebrar el triunfo de la Democracia, por la que un país entero apostó aquel aciago día de febrero de 1981. Treinta años después, seguimos sintiéndonos orgullosos de la respuesta de la sociedad española. Aquel día nos vacunamos contra los autoritarismos y treinta años después, nuestra Democracia sigue gozando de una salud de hierro.

La otra gran oportunidad de repasar lo ocurrido en este tiempo, nos la brindó el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando el pasado jueves compareció en el Congreso de los Diputados, a petición propia, para analizar los avances en política social conseguidos en las últimas décadas. Zapatero dejó claro que su Gobierno, de acuerdo con el sistema de valores socialista, se siente comprometido con las políticas sociales, porque ve en ellas el instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades, para asegurar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos básicos, para proteger especialmente a las personas que se encuentran en una situación más frágil y, con todo ello, preservar la cohesión social.

Hasta el año 2004, se dieron grandes pasos en materia de política social, como fueron la aprobación de la Ley General de Sanidad de 1986, la extensión de la educación pública y gratuita desde los seis hasta los dieciséis años, la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982, la Ley de racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez, la Ley de Pensiones no contributivas de 1990, la firma del Pacto de Toledo o la Ley de Consolidación y Racionalización de la Seguridad Social de 1997.

Sin menosprecio de todo lo hecho hasta ese momento, hay que decir, sin embargo, que el Gobierno de Zapatero ha dado verdaderos pasos de gigante en materia de política social. Sin contar las prestaciones por desempleo, este Gobierno ha destinado un 40% más de lo que reservó para políticas sociales el Gobierno de Aznar. Pero, además, se han creado nuevos derechos sociales, de importancia histórica, como son los recogidos en la Ley de la Dependencia, la ampliación de los permisos de maternidad, la Renta Básica de Emancipación, el reconocimiento de pensión y otros derechos a las parejas de hecho, la protección a las mujeres víctimas de maltrato, el derecho de prestación por desempleo a los autónomos, medidas de apoyo a las personas sordas, y el acceso de los emigrantes a los derechos de sanidad y dependencia, entre otros.

El Gobierno de Zapatero creó estos nuevos derechos y, a pesar de la crisis económica, ha conseguido consolidarlos. También, gracias a ellos, hemos podido sobrellevar mejor estos momentos especialmente duros en lo económico.

De cara al futuro, los que nos sentimos comprometidos con el Estado del Bienestar sabemos que sólo podremos asegurar su futuro si culminamos el proceso de reformas de nuestro modelo productivo que ha iniciado el Gobierno del PSOE y afrontamos con valentía los nuevos retos demográficos y la plena incorporación de los jóvenes y las mujeres al mercado laboral. Para ello, el Gobierno ha comenzado a desarrollar una Nueva Agenda Social, cuyos principios están recogidos en el Acuerdo Económico y Social recientemente firmado con los sindicatos y los empresarios.