Crisis para salir de la crisis

Hace unas semanas la actualidad política en España estaba centrada en las reformas que el Gobierno central había propuesto para encarar la fase actual de la crisis económica global que atravesamos. Y esta semana es una nueva reforma la que copa la atención política del país, en este caso, la del organigrama del propio Gobierno y sus responsables.

En la línea de la austeridad y el ahorro el Presidente del Gobierno ha decidido reducir el número de sus ministerios, sin restar importancia e interés por los asuntos que abordaban el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Igualdad, por lo que ha creado dos nuevas Secretarías de Estado.

Otro de los objetivos claros de la última remodelación del Gobierno de España llevada a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero es crear un Gobierno con un perfil más político y menos técnico, ahora que se hace fundamental recuperar la confianza de la ciudadanía en el futuro de nuestro país para que los cambios que se han iniciado den cuanto antes sus frutos.

Las decisiones difíciles ya están tomadas y los últimos Presupuestos Generales de la legislatura que no estarán determinados por las elecciones generales ya están en vías de aprobarse, por tanto, el núcleo de la gestión de esta crisis ya está resuelto.

Es evidente que desempeñar las tareas de Gobierno desgasta y cuando se tiene además la responsabilidad de llevar a cabo cambios difíciles, que no todos los ciudadanos entienden, es aún más complicado seguir indemne ante la opinión pública al frente de un Ministerio. Si analizamos los cambios que ha decidido realizar en su Gobierno el vemos que no ha actuado únicamente movido por esto. Tenemos casos como el de la ex vicepresidente primera del Gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, que según vienen reflejando todas las encuestas es de los ministros y ministras mejor valorados del Gobierno de Zapatero.

Si tenemos en cuenta el interés de Andalucía y en especial de nuestra provincia, la más importante modificación del Gobierno de España es la que afecta al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Este Ministerio es el que gestiona el principal pilar económico de la provincia de Almería, la agricultura, de ahí el interés que ha despertado el relevo al frente del mismo de Elena Espinosa por Rosa Aguilar. Pero es que además que la ministra sea andaluza es una ventaja más para nuestros intereses.

En Andalucía las organizaciones agrarias, pesqueras y ecologistas han valorado de forma muy positiva el nuevo nombramiento de Rosa Aguilar como ministra. Y aunque no lo reconozcan públicamente estoy seguro de que también el Partido Popular e Izquierda Unida saben que para los intereses de Andalucía y de Almería viene muy bien este cambio al frente del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.

Pero además también es importante para nuestra Comunidad las nuevas responsabilidades públicas de Alfredo Pérez Rubalcaba, cuya vinculación a Andalucía le ha llevado a ser diputado en el Congreso por Cádiz. Además se ha mantenido también como ministro a Manuel Chaves, al frente de un Ministerio que amplía sus competencias e incorpora la función pública.

En definitiva, de la crisis de gobierno de Rodríguez Zapatero han salido reforzadas Andalucía y Almería. Se abre una nueva etapa para acelerar la recuperación frente a la crisis y se inicia un proceso de acercamiento a la gente del discurso político que será, indudablemente, bien recibido por todos los ciudadanos y ciudadanas.

Y quienes se han aprovechado del sufrimiento de la gente por la crisis para tratar de ganarse a los ciudadanos empiezan a dudar de sus posibilidades frente al nuevo Gobierno de España.

UNA INTENSA SEMANA

No cabe duda de que la semana pasada tuvo un extraordinario calado político. Frente a quienes pregonaban la idea de un Gobierno débil, vacilante, que no podría agotar la legislatura, el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero lograba despejar la incertidumbre presupuestaria, garantizaba la estabilidad política mediante acuerdos con otros partidos y procedía a una remodelación ministerial encaminada a consolidar las reformas económicas y sociales puestas en marcha.

Todo ello es, objetivamente, bueno para los intereses de España y pésimo para los que tienen depositadas sus expectativas electorales en el mero desgaste del Gobierno, no en su propia capacidad de despertar ilusión o esperanza en los ciudadanos. Rechazadas en el Congreso todas las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales –es el turno ahora de la tramitación de las enmiendas parciales-, nuestro país encara un futuro inmediato sin sobresaltos. Se olvidan los que esperaban lo contrario que la imposibilidad de aprobar unos Presupuestos no habría sido negativo solamente para el Gobierno, sino que sobre todo habría resultado nefasto para nuestra economía: habría provocado la desconfianza hacia nuestro país, habría frenado la recuperación económica y habría dejado en el aire las necesarias reformas de nuestro modelo productivo que ya están siendo acometidas.

Que el líder de la oposición y empecinado aspirante a La Moncloa –en España nunca una misma persona había estado en disposición de ser derrotada tres veces en unas elecciones generales- criticase tan agriamente los acuerdos alcanzados para asegurar la aprobación de los Presupuestos, demuestra cuál es la principal preocupación del PP: no el hecho de que el país pueda disponer de unas cuentas para el 2011 que legítimamente no le gustan, sino que con ellas el actual Gobierno afianza una segunda legislatura completa. Evidencia, además, tener una flaca memoria, pues los nacionalistas a los que ahora vilipendia por llegar a acuerdos con el Gobierno socialista son los mismos que afirmaron haber obtenido de Aznar  cesiones extraordinarias a cambio de su investidura.

Despejadas las incertidumbres presupuestarias y políticas, el presidente Zapatero procedió de inmediato a realizar una profunda remodelación de su Gobierno con el fin de afrontar el tramo final de la legislatura desde la fortaleza y la austeridad. Será el equipo que complete las reformas, acelere la recuperación de la economía y el empleo y siga salvaguardando nuestro Estado del Bienestar. Se trata, además, de un Gobierno en el que Andalucía contará con tres piezas fundamentales: Manuel Chaves amplía las competencias de su Ministerio, que ahora se ocupará también de la Función Pública. Alberto Pérez Rubalcaba, diputado por Cádiz, adquiere un enorme peso político al ocupar la Vicepresidencia Primera conservando sus responsabilidades como ministro del Interior. Finalmente, la cordobesa Rosa Aguilar, que ha realizado una excelente labor en el Gobierno andaluz como consejera de Obras Públicas, se hace cargo de la cartera de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, un Ministerio vital para la economía y el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, pues Andalucía ocupa el primer puesto en superficie agraria y en producción.

Queda año y medio para las próximas elecciones generales, un tiempo demasiado valioso como para que el señor Rajoy lo ocupe únicamente pensando en las urnas. Nunca es tarde para que  el PP se dé cuenta de que puede y debe jugar un papel importante en el objetivo de recuperar el crecimiento económico y crear empleo: bastaría con que empezara a hacer una oposición constructiva.

Apuesta por el I+D+i

La gran apuesta económica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero desde el año 2004 es y sigue siendo la de cambiar el modelo productivo en nuestro país. Y para ello, entre otras cosas, está dando a España el mayor impulso de su historia en investigación, ciencia e innovación tecnológica.

Todo ello lo ha logrado destinando a I+D+i más del doble de la inversión pública que hizo el Partido Popular en los años que estuvo gobernando. Y aprobando una nueva normativa para facilitar a nuestros científicos su labor diaria.

Esto choca, sin duda, con la gran apuesta económica que hizo el PP, que no fue otra que dedicarse a la especulación, aprobando una Ley para que todo el suelo fuera urbanizable.

El esfuerzo sin precedentes que está realizando España está dando resultados muy positivos, ya que gracias a ello, nuestro país es hoy la novena potencia científica mundial y hace 20 años estábamos en el puesto número 30.

Además es la quinta potencia mundial en número de patentes en energías renovables, según el informe de la OCDE. Desde 2004, el número de investigadores en España ha aumentado un 30% y por primera vez estamos en la media europea en investigadores por cada 1.000 empleados.

Según una encuesta del INE publicada el pasado 4 de octubre sobre recursos humanos en Ciencia y en Tecnología, el 96% de los doctores españoles están empleados. Además dicha encuesta destaca que 8 de cada 10 doctores disponen de un contrato indefinido y el 95% está ocupado a tiempo completo. Asimismo más del 60% considera que tiene un trabajo altamente relacionado con sus estudios de doctorado.

También destacan en esta encuesta que más del 60% de los doctores valoran como muy satisfactoria su estabilidad laboral y la localización de su trabajo.

Los socialistas estamos convencidos que el desarrollo científico y tecnológico ayudará a la recuperación económica y del empleo. Desde esta firme convicción el Gobierno de España ha hecho una excepción en el recorte generalizado de los Presupuestos para el año próximo, de forma que, incluso en el año 2011, se puedan mantener íntegras e incluso aumentar las partidas del Ministerio de Ciencia e Innovación destinadas a I+D+i.

Lo que sin duda permitirá el mantenimiento de todos los proyectos de investigación que están en marcha y la convocatoria de nuevos proyectos, así como de las becas y ayuda a investigadores, las transferencias a los Organismos Públicos de Investigación y los créditos a empresas para la innovación.

Entre los programas que el Gobierno ha puesto en marcha destaca el Programa Ingenio 2010, que a su vez está formado por cuatro programas y cuya finalidad es la de servir para impulsar la transformación de la ciencia y la innovación en España.

Desde 2005 se ha invertido en este programa por parte del Ministerio de Ciencia e Innovación 3.022 millones de euros y se han generado más de 95.000 empleos y una implicación de más de 4.000 grupos de investigación y de 20.000 investigadores.

El tiempo hará que España se convierta en un país competente y competitivo y eso sólo se consigue mediante educación, formación e innovación, unos pilares básicos que hay que inculcarles a todos nuestros jóvenes porque ellos son el futuro de nuestro país.

Sabemos que este proceso no va a ser rápido, pero es el camino que tenemos que seguir si queremos salir de la situación actual que estamos viviendo. Desde el PSOE estamos convencidos de que lo lograremos con unidad, cohesión y fortaleza de todos los ciudadanos, de todas las administraciones y de toda la clase política.

ERRADICAR LA PENA DE MUERTE

De la iraní Sakineh Mohammadi Ashtiani conocemos una única fotografía, y sin duda ni su nombre ni su rostro hubieran llegado hasta nosotros de no ser porque su desesperada situación  logró filtrarse a los medios de todo el mundo y provocó una oleada de solidaridad. Acusada de haber mantenido “relaciones ilícitas” con dos hombres, las autoridades de su país la habían condenado a muerte por lapidación. El código penal de Irán es muy preciso al describir cómo ha de aplicarse este castigo, reservado para los casos de adulterio: hasta qué parte del cuerpo ha de ser enterrado el reo o cómo han de ser las piedras que se utilicen, “no tan grandes como para matar a la persona de uno o dos golpes, ni tan pequeñas como para no ser consideradas piedras”. Sorprendido por la reacción internacional, el régimen iraní cambió la acusación y dispuso que la condenada sería ahorcada. Sakineh espera, muy probablemente ajena al hecho de haberse convertido en símbolo de la lucha contra una aberración anacrónica: la pena capital.

Se trata de la negación más extrema de los derechos humanos, un triste residuo de tiempos oscuros que oscurece nuestro tiempo, “el triunfo de la venganza sobre la justicia”, tal y como quedó recogido en la Declaración del Primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Estrasburgo en 2001. Ahorcamiento, fusilamiento, electrocución, gaseamiento, lapidación, decapitación o aplicación de una inyección letal son los siete procedimientos  utilizados para arrebatarle la vida “legalmente” a un ser humano, mediante los cuales el Estado ejecuta exactamente el mismo acto que con más severidad castiga. Son siete conceptos que remiten a un horror insoportable si somos capaces de imaginar que detrás de cada uno de ellos hay un ser humano, cientos, miles, a quienes les son aplicados todos los años. Siete pecados capitales entre los cuales pueden elegir los cincuenta y ocho países donde aún una persona puede ser sentenciada a morir.

El Gobierno español decidió hace tiempo que la abolición de la pena de muerte en todo el mundo fuera una de sus prioridades en política exterior, y con tal fin ha impulsado la creación de una Comisión Internacional, anunciada por el presidente Rodríguez Zapatero a comienzos de año en la sede europea de la ONU, en Ginebra, y presentada al fin oficialmente en el Palacio de La Moncloa hace apenas unos días. Estará presidida por quien fuera director general de la UNESCO, el español Federico Mayor Zaragoza, y forman parte de ella otras diez personalidades internacionales, todas ellas de reconocido prestigio. Su primer objetivo será lograr que se declare una moratoria en su aplicación para el año 2015, y posteriormente erradicarla de los ordenamientos jurídicos de todos los países del mundo.

La abolición de la pena de muerte es una vieja aspiración de todo defensor a ultranza de los derechos humanos. Al impulsar esta Comisión Internacional, que actuará de forma independiente y contará con el apoyo y consejo de varios países, y reconocida ya su lucha a favor de la paz mundial y contra el hambre, pilares todos ellos de nuestra política exterior, el Gobierno de nuestro país quiere ofrecer al mundo la mejor cara de la España contemporánea. ¿Idealismo? Siempre, contra viento y marea. Desde luego, ni aun la mejor de las voluntades ni el más honorable de los propósitos logran por sí solos que las metas se alcancen, pero cada vez que así ha ocurrido, la Humanidad ha avanzado hacia la mejor y más deseable versión de sí misma.

Con los pies en el suelo

Es curioso ver cómo desde la oposición se culpa constantemente al Gobierno de España de no ser realista cuando elabora sus planteamientos económicos y de no conocer el día a día de los ciudadanos y ciudadanas españoles.

Para cualquier Gobierno es más fácil tomar decisiones populistas como bajar los impuestos y no tocar cuestiones complicadas como la necesaria reforma del mercado laboral o del sistema de pensiones. Pero, precisamente, tener los pies en el suelo y pensar en el futuro y no en el resultado electoral es lo que ha guiado en todo el momento el trabajo que realiza el Gobierno de España para atajar la crisis económica y sus graves consecuencias en el empleo.

Así, la apuesta del Gobierno central al plantear los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año es la de mantener la cohesión social a la vez que afrontar las reformas que España necesita.

Para consolidar y continuar la senda de la cohesión social el Gobierno ha ampliado la cuantía que dedicaba al desempleo en los PGE. Para 2011 el Ejecutivo ha propuesto una inversión de más de 20.000 millones de euros. Es realista con esta partida porque, lamentablemente, el crecimiento del paro aunque se ha ralentizado continúa.

Y en cuanto al planteamiento de reformas como la laboral, o la del sistema de pensiones, no se puede ser más próximo a lo que afecta a la vida cotidiana de muchos ciudadanos: unas condiciones laborales que no satisfacen las demandas de quienes crean empleo, ni de quienes están en paro.

El PP y el resto de grupos políticos en la oposición del arco parlamentario pueden seguir buscando el aplauso fácil con sus constantes críticas al Gobierno de España y de Andalucía y con sus escasas propuestas. Ellos no sienten la enorme responsabilidad de lograr que el país salga reforzado y cuanto antes de la grave crisis económica que atravesamos.

Cuando el Gobierno de España toma una decisión dura y difícil es porque entiende que la tiene que tomar, y asume que puede despertar críticas ya no sólo de sus adversarios políticos, sino también entre los ciudadanos, ya que viven una situación difícil económicamente, especialmente los que sufren de cerca el desempleo.

Es una incoherencia pedir más inversión en créditos ICO del Estado para financiar las deudas de los Ayuntamientos cuando por otro lado se le está pidiendo al Gobierno de España que reduzca el déficit público. Esa es la propuesta del PP.

Cuando la economía de un hogar se ve resentida por cualquier contratiempo, como que alguno de los miembros de la familia pierde su empleo, porque surge algún contratiempo que obliga a hacer una inversión extraordinaria, u otros, lo lógico es reducir los gastos habituales de ese hogar, viendo lo que es prioritario y urgente y lo que puede esperar. Esta lógica aplastante es la que el Gobierno socialista está aplicando en España, una política económica y de reformas que es imprescindible para el país, con el fin de retomar la senda de la estabilidad de nuestras cuentas públicas.

Para hacer reformas y ponerlas encima de la mesa hay que ser responsables y hay mojarse. Los diferentes partidos políticos en la oposición en España hablan de la necesidad de hacer reformas económicas pero, cuando el Gobierno se moja y las hace, todos las critican. Nadie desde la oposición plantea una reforma que aglutine el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas en España, ni siquiera que cuente con el apoyo de los sindicatos y empresarios, que son los agentes sociales del país.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no piensa en la encuesta de mañana, piensa en asumir su responsabilidad, algo para lo que le han votado los ciudadanos y ciudadanas en la actual  Legislatura.

ASEGURAR NUESTRO FUTURO

Resulta difícil, por no decir imposible, tratar de imaginar cómo serán nuestras vidas dentro de treinta años, cómo habrá evolucionado nuestra sociedad, de qué nuevos derechos disfrutaremos, qué avances científicos o técnicos serán realidad habida cuenta de lo rápidamente que se producen ya las innovaciones y el progresivo incremento de esa rapidez. Pero de una cosa podemos estar seguros: habrá menos gente joven y de mediana edad y más personas mayores.

Ésa es la tendencia demográfica, que gráficamente se explica mediante una pirámide invertida. Se sabe que para mediados de siglo España tendrá el doble de personas mayores de 64 años que hoy, en tanto que la población habrá aumentado en poco más de dos millones. Esto significa, en términos socioeconómicos, que si la edad de jubilación se mantiene en la actual, es decir, en 65 años, la mitad de la población estará en edad de no trabajar. Pero es que ya antes  vamos a experimentar un considerable envejecimiento de la población: la esperanza de vida, que ya es en nuestro país la más elevada del mundo, después de la de los japoneses, irá aumentado considerablemente, en tanto que somos el país con menor tasa de natalidad de la Unión Europea. La situación se puede resumir del siguiente modo: los mayores seremos más, viviremos más años y los que han de pagar nuestras pensiones serán menos.

Quienes acometieron las reformas del pasado pusieron las bases del sólido sistema pensiones del que hoy disfrutan nuestros mayores. Sabiendo que las condiciones demográficas cambiarán tan sustancialmente en el futuro, negarse a acometer nuevas reformas constituiría un caso inquietante de irresponsabilidad. Reformas, está de más decirlo, que han de plantearse y acordarse dentro del Pacto de Toledo, sin duda alguna lo mejor que le ha sucedido al sistema público de pensiones español. De ahí que en el marco de este Pacto, el Gobierno presentara a comienzos de año una serie de propuestas de reformas, con el fin de que todos los grupos políticos las conociera y debatieran.

La cuestión está muy clara: el actual sistema de pensiones está absolutamente garantizado durante los próximos veinticinco años, pero es evidente que dicho sistema no será sostenible dentro de treinta. Hay que tomar decisiones ahora para asegurarnos que los pensionistas de dentro de tres décadas, es decir, nosotros y nuestros hijos, disfruten de los mismos derechos que los pensionistas de hoy. De momento, hay consenso en lo que se refiere a elevar el periodo de cálculo de las pensiones de los 15 años actuales a 20. Sobre la mesa está también la propuesta de elevar la edad de jubilación de los 65 a 67 años, no de manera repentina, sino paulatinamente.

Ahora bien: no conviene jugar electoralmente con este asunto de tantísima trascendencia. Las propuestas del Gobierno no afectan en modo alguno a los actuales pensionistas y se aplicarán con periodos de transición, no de repente. No se trata de que las pensiones estén en peligro hoy: sembrar la alarma entre los actuales ocho millones de pensionistas diciendo o insinuando tal cosa es profundamente insensato.

En los próximos treinta años se habrán alternado en el Gobierno de España conservadores y progresistas, y no podemos esperar que la reforma de las pensiones sea esa clase de asunto impopular que se va dejando para otros. No hay “unos” y “otros” cuando se trata de asegurar el futuro, sino la obligación de unidad, visión de Estado. Estamos en el momento justo de empezar a hacer una reforma progresiva, que permita una fácil adaptación social. El Pacto de Toledo fue y es un éxito de todos: lo hemos hecho bien hasta ahora, sigamos haciéndolo.

Presupuestos sociales

Esta semana el Gobierno de España ha presentado en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2011. Aunque son unos presupuestos austeros servirán para ahorrar y recapitalizar el país, así como para quitarnos el déficit  y volver a tener dinero para modernizar España y poder seguir adelante con políticas de calado social.

Más concretamente el Gobierno ha tenido que conciliar tres aspectos fundamentales como son: la necesidad de reducir el déficit al 6% en 2011, la decisión de mantener las política sociales pese a las dificultades, y la determinación de que España siga el proceso de reformas, modernización, desarrollo tecnológico y avances emprendido en los últimos años, para crear una base sólida de crecimiento económico y de mejor empleo. 

Para conseguir todo esto el Ejecutivo tiene que aplicar la mayor austeridad conocida a los gastos corrientes y aplazar aquellas inversiones que no son imprescindibles.

El Gobierno de Zapatero va a dedicar más de la mitad del presupuesto a mantener las políticas sociales, concretamente un 58%. Es, sin duda, un porcentaje que nunca hasta ahora se había destinado al gasto social. Uno de cada dos euros del Presupuesto irá a este gasto.

Con ello quedan garantizadas las prestaciones a quienes estén en situación de desempleo, igualmente quedan aseguradas las prestaciones por dependencia, así como los permisos de maternidad y paternidad, entre otros. Y sobre todo se mantienen plenamente garantizadas las pensiones.  

Asimismo estos presupuestos contemplan la mayor dotación para becas y ayudas al estudio de toda la historia de España. Esto demuestra el firme compromiso de este Gobierno con el progreso y su convicción de que la mejor inversión para el presente y para el futuro de un país es la educación y la mejor formación de sus ciudadanos. Lo que se traduce en 1.430 millones para becas y ayuda al estudio y casi 600 millones de euros para desarrollar el Plan de Acción Territorial de Educación. 

También se van a preservar al máximo las dotaciones destinadas a Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), porque se considera esencial para el progreso de nuestro país y de su economía. Por eso, las inversiones correspondientes al Ministerio de Ciencia e Innovación disminuyen tan sólo un 1´6 % respecto al pasado año.

Hasta ahora, el Gobierno de Zapatero ha triplicado el gasto público que se dedica a I+D+i en nuestro país. Y en estos duros años de crisis económica, está haciendo un gran esfuerzo para que ese nivel de inversión se mantenga lo máximo posible. Igualmente se mantendrán las partidas que el Gobierno transfiere a los organismos públicos de investigación que dependen del Ministerio de Innovación, Ciencia y Empresa.

En lo que respecta a las infraestructuras desde el año 2005, la inversión en ellas que ha hecho este Gobierno no tiene comparación alguna con la etapa de Gobierno del PP. Tanto es así que pese al fuerte recorte que se registra en estos presupuestos, la inversión que se hará en 2011 es un 53% más que la media que hizo el Gobierno del PP en su última legislatura.

De forma genérica si comparamos estos presupuestos con los de los Gobiernos de Aznar siguen siendo muchísimo más sociales en materia de sanidad, educación, dependencia, pensiones y ayuda a los desempleados.

Nadie ha atendido a los desempleados como el PSOE. Tenemos un nivel de cobertura extremadamente alto, de los mejores de la UE, y vamos a seguir haciendo ese esfuerzo mantenido hasta que el crecimiento sea suficiente para crear empleo.

MANO TENDIDA

Es posible que las reacciones que provocó la huelga de la pasada semana confundiera a algunos ciudadanos, pues quien criticaba con más ferocidad y escarnio su celebración era el partido que más duramente ha arremetido contra las reformas que motivaron la protesta, en tanto que el Gobierno, cuyas últimas decisiones en materia laboral están en el origen de la huelga, recordaba el papel fundamental que la Constitución le concede a este derecho y a los sindicatos. La explicación es sencilla: el PSOE es un partido que siempre ha estado al lado de los trabajadores, de sus aspiraciones y reivindicaciones; los socialistas no creíamos que en esta ocasión hubiera razones para ir a la huelga, ni que fuera tampoco el momento más oportuno para convocarla, pero reconocimos el derecho a llevarla a cabo. La derecha española, sin embargo, sigue empeñada en debilitar el papel que juegan las fuerzas sindicales en una sociedad democrática, de ahí las declaraciones de sus representantes políticos, la incapacidad de pactar servicios mínimos en las Comunidades en que gobiernan y esa apelación rotunda al concepto de fracaso con que los medios más conservadores resumieron el resultado de la huelga.

Lo cierto es que la jornada de huelga transcurrió con normalidad, sin incidentes de consideración; que sindicatos y trabajadores ejercieron con responsabilidad su derecho, que se cumplieron casi al cien por cien los servicios mínimos allí donde habían podido pactarse (por ejemplo, en Andalucía), que el Gobierno hizo posible que se compaginara el derecho a la huelga con el derecho de los ciudadanos a trabajar y que el seguimiento fue desigual y el efecto, a juzgar por los datos conocidos, moderado.

El Gobierno no va a retirar una reforma laboral que ya es ley aprobada en el Parlamento y que resulta absolutamente necesaria para aumentar la contratación indefinida, fortalecer la competitividad y productividad de las empresas mediante la flexibilidad interna y, en definitiva, mejorar las posibilidades de encontrar empleo. Mantiene, no obstante, y así fue expresado el mismo día 29 de septiembre, la mano tendida hacia las fuerzas sindicales y no renuncia a la búsqueda de consenso en el propio desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y en todas aquellas otras reformas que aún es preciso acometer, por ejemplo de las políticas activas de empleo, o de la negociación colectiva, o del sistema de pensiones, alcanzando aquí acuerdos coherentes con el Pacto de Toledo.

Los trabajadores han de saber, en cualquier caso, que en la ley ya aprobada no cabe ningún despido injusto, entre otras cosas porque tampoco cabe en la mentalidad del Gobierno que la ha impulsado y que más sensible se ha mostrado en la ampliación y protección de derechos sociales. El acento de la reforma no recae en el despido, sino en la modernización del mercado laboral, en lo imprescindible que resultaba llevarla a cabo y en la evidencia de que queda aún mucho margen para que dicha modernización se realice mediante el diálogo y la negociación. Sindicatos y empresarios han de encontrar puntos de acuerdo y el Gobierno tiene la obligación de alentarlos a ello. La sociedad lo demanda, la situación lo exige.