MANO TENDIDA

Es posible que las reacciones que provocó la huelga de la pasada semana confundiera a algunos ciudadanos, pues quien criticaba con más ferocidad y escarnio su celebración era el partido que más duramente ha arremetido contra las reformas que motivaron la protesta, en tanto que el Gobierno, cuyas últimas decisiones en materia laboral están en el origen de la huelga, recordaba el papel fundamental que la Constitución le concede a este derecho y a los sindicatos. La explicación es sencilla: el PSOE es un partido que siempre ha estado al lado de los trabajadores, de sus aspiraciones y reivindicaciones; los socialistas no creíamos que en esta ocasión hubiera razones para ir a la huelga, ni que fuera tampoco el momento más oportuno para convocarla, pero reconocimos el derecho a llevarla a cabo. La derecha española, sin embargo, sigue empeñada en debilitar el papel que juegan las fuerzas sindicales en una sociedad democrática, de ahí las declaraciones de sus representantes políticos, la incapacidad de pactar servicios mínimos en las Comunidades en que gobiernan y esa apelación rotunda al concepto de fracaso con que los medios más conservadores resumieron el resultado de la huelga.

Lo cierto es que la jornada de huelga transcurrió con normalidad, sin incidentes de consideración; que sindicatos y trabajadores ejercieron con responsabilidad su derecho, que se cumplieron casi al cien por cien los servicios mínimos allí donde habían podido pactarse (por ejemplo, en Andalucía), que el Gobierno hizo posible que se compaginara el derecho a la huelga con el derecho de los ciudadanos a trabajar y que el seguimiento fue desigual y el efecto, a juzgar por los datos conocidos, moderado.

El Gobierno no va a retirar una reforma laboral que ya es ley aprobada en el Parlamento y que resulta absolutamente necesaria para aumentar la contratación indefinida, fortalecer la competitividad y productividad de las empresas mediante la flexibilidad interna y, en definitiva, mejorar las posibilidades de encontrar empleo. Mantiene, no obstante, y así fue expresado el mismo día 29 de septiembre, la mano tendida hacia las fuerzas sindicales y no renuncia a la búsqueda de consenso en el propio desarrollo de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y en todas aquellas otras reformas que aún es preciso acometer, por ejemplo de las políticas activas de empleo, o de la negociación colectiva, o del sistema de pensiones, alcanzando aquí acuerdos coherentes con el Pacto de Toledo.

Los trabajadores han de saber, en cualquier caso, que en la ley ya aprobada no cabe ningún despido injusto, entre otras cosas porque tampoco cabe en la mentalidad del Gobierno que la ha impulsado y que más sensible se ha mostrado en la ampliación y protección de derechos sociales. El acento de la reforma no recae en el despido, sino en la modernización del mercado laboral, en lo imprescindible que resultaba llevarla a cabo y en la evidencia de que queda aún mucho margen para que dicha modernización se realice mediante el diálogo y la negociación. Sindicatos y empresarios han de encontrar puntos de acuerdo y el Gobierno tiene la obligación de alentarlos a ello. La sociedad lo demanda, la situación lo exige.