ASEGURAR NUESTRO FUTURO

Resulta difícil, por no decir imposible, tratar de imaginar cómo serán nuestras vidas dentro de treinta años, cómo habrá evolucionado nuestra sociedad, de qué nuevos derechos disfrutaremos, qué avances científicos o técnicos serán realidad habida cuenta de lo rápidamente que se producen ya las innovaciones y el progresivo incremento de esa rapidez. Pero de una cosa podemos estar seguros: habrá menos gente joven y de mediana edad y más personas mayores.

Ésa es la tendencia demográfica, que gráficamente se explica mediante una pirámide invertida. Se sabe que para mediados de siglo España tendrá el doble de personas mayores de 64 años que hoy, en tanto que la población habrá aumentado en poco más de dos millones. Esto significa, en términos socioeconómicos, que si la edad de jubilación se mantiene en la actual, es decir, en 65 años, la mitad de la población estará en edad de no trabajar. Pero es que ya antes  vamos a experimentar un considerable envejecimiento de la población: la esperanza de vida, que ya es en nuestro país la más elevada del mundo, después de la de los japoneses, irá aumentado considerablemente, en tanto que somos el país con menor tasa de natalidad de la Unión Europea. La situación se puede resumir del siguiente modo: los mayores seremos más, viviremos más años y los que han de pagar nuestras pensiones serán menos.

Quienes acometieron las reformas del pasado pusieron las bases del sólido sistema pensiones del que hoy disfrutan nuestros mayores. Sabiendo que las condiciones demográficas cambiarán tan sustancialmente en el futuro, negarse a acometer nuevas reformas constituiría un caso inquietante de irresponsabilidad. Reformas, está de más decirlo, que han de plantearse y acordarse dentro del Pacto de Toledo, sin duda alguna lo mejor que le ha sucedido al sistema público de pensiones español. De ahí que en el marco de este Pacto, el Gobierno presentara a comienzos de año una serie de propuestas de reformas, con el fin de que todos los grupos políticos las conociera y debatieran.

La cuestión está muy clara: el actual sistema de pensiones está absolutamente garantizado durante los próximos veinticinco años, pero es evidente que dicho sistema no será sostenible dentro de treinta. Hay que tomar decisiones ahora para asegurarnos que los pensionistas de dentro de tres décadas, es decir, nosotros y nuestros hijos, disfruten de los mismos derechos que los pensionistas de hoy. De momento, hay consenso en lo que se refiere a elevar el periodo de cálculo de las pensiones de los 15 años actuales a 20. Sobre la mesa está también la propuesta de elevar la edad de jubilación de los 65 a 67 años, no de manera repentina, sino paulatinamente.

Ahora bien: no conviene jugar electoralmente con este asunto de tantísima trascendencia. Las propuestas del Gobierno no afectan en modo alguno a los actuales pensionistas y se aplicarán con periodos de transición, no de repente. No se trata de que las pensiones estén en peligro hoy: sembrar la alarma entre los actuales ocho millones de pensionistas diciendo o insinuando tal cosa es profundamente insensato.

En los próximos treinta años se habrán alternado en el Gobierno de España conservadores y progresistas, y no podemos esperar que la reforma de las pensiones sea esa clase de asunto impopular que se va dejando para otros. No hay “unos” y “otros” cuando se trata de asegurar el futuro, sino la obligación de unidad, visión de Estado. Estamos en el momento justo de empezar a hacer una reforma progresiva, que permita una fácil adaptación social. El Pacto de Toledo fue y es un éxito de todos: lo hemos hecho bien hasta ahora, sigamos haciéndolo.