SANIDAD: ACUERDOS Y DERECHOS

Estos días, la sanidad ha estado muy presente en los informativos, y por dos razones inequívocamente positivas. De un lado, en España se alcanzaba un importante acuerdo entre el Ministerio del ramo y las Comunidades Autónomas con el fin, entre otras cuestiones, de lograr un ahorro en el gasto farmacéutico de mil quinientos millones de euros. Se trata garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud, cuyo déficit anual no está ligado a la crisis económica, sino sobre todo a factores tales como a la evolución técnica de los tratamientos y al aumento de la esperanza de vida –y, por tanto, también al incremento de enfermos crónicos-. 

La necesidad de aplicar medidas que recorten el gasto viene, por tanto, de atrás, y el hecho de que se hayan adoptado ahora en el marco de un gran pacto entre Administraciones de distinto signo político, comprometidas por el igual en garantizar el futuro de nuestro modelo sanitario, dice mucho acerca de las posibilidades de alcanzar acuerdos más amplios para garantizar, también, una estabilidad económica. Dicho de otro modo: cuando hay voluntad, se pueden buscar puntos de encuentro, dejar al margen las diferencias y empujar en la misma dirección. 

Además del ahorro en los gastos farmacéuticos (modificación del sistema de precios de referencia, rebaja en los medicamentos genéricos y fijación de precios máximos para fármacos para síntomas menores), el acuerdo incluye el establecimiento de un calendario vacunal único, normas sobre tiempos máximos de espera quirúrgica en todo el territorio español o la mejora de la historia clínica digital común, todo ello encaminado a lograr algo tan fundamental como la equidad del sistema en todo el país, independientemente de que las competencias en la materia estén transferidas a todas las Comunidades Autónomas. 

Por otro lado, ha sido también noticia, y de amplia repercusión internacional, la histórica aprobación en Estados Unidos de la reforma sanitaria, un éxito de Barak Obama, pero sobre todo un triunfo de todo el pueblo estadounidense, pues culmina así una aspiración que venía siendo perseguida desde hace prácticamente un siglo por distintos presidentes. Lo que estaba en disputa, lo que llevaba en disputa desde hace tanto tiempo, era si el derecho a la salud debía estar ligado únicamente a la capacidad económica del individuo, si es justo o no que el resultado de la lucha que todo hombre y toda mujer han de librar alguna vez contra la enfermedad debe  depender exclusivamente de sus ingresos. La Ley aprobada en la Cámara de Representantes ha venido a decir que no es justo, y ha puesto las bases para ir reduciendo lo que el escritor Carlos Fuentes ha denominado “la excentricidad de Estados Unidos en materia de sanidad”. 

Hay entre los republicanos -acérrimos detractores de esta ley- quienes han vaticinado que está reforma dañará tanto al partido demócrata como ya lo hiciera en los sesenta la Ley sobre Derechos Civiles, siendo ésta la que estableció ni más ni menos que la igualdad racial. Sin duda una comparación que, sin ser su propósito, constituye el mayor elogio que podría hacerse a esta reforma sanitaria. 

Como nota curiosa, el ex presidente Aznar, a quien uno le imaginaría más cerca del modelo sanitario europeo, se ha permitido, en Washington, sumarse a las tesis de los republicanos, poniendo en tela de juicio la constitucionalidad de la medida, subrayando que la salud es una responsabilidad de cada persona, y no del Estado, y argumentando, de manera incierta, que la mayoría de los estadounidenses está en contra (ahí están las encuestas para desmentirlo). Sin duda, en Aznar pesa mucho su afinidad ideológica con los neocons, y, de alguna extraña manera, Bush y él siguen “trabajando en ello”.

España sostenible

Hace una semanas el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en Sevilla el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que supone una profunda reforma transversal de múltiples aspectos que rigen la actividad económica y que supone un nuevo paso en la modernización de la economía española.

Este proyecto de ley, enmarcado en la estrategia de economía sostenible, es ambicioso y significa ser más innovadores y más competitivos. Es una ley para el presente y el futuro, que debe contribuir a la recuperación económica y a volver a la senda de la creación de empleo.

El objetivo fundamental es cambiar el modelo productivo, apuntando que no se puede depender tanto de la construcción de nuevas viviendas, ni de la ocupación del suelo, ni mucho menos de la especulación urbanística, por lo que hay que apostar firmemente por la rehabilitación.

Es prioritario impulsar los sectores innovadores y competitivos donde tenemos capacidad de liderazgo en España y que deben ampliarse en número y crecer en tamaño. Sectores como el de la biotecnología, el automóvil o el aeronáutico hay que potenciarlos debidamente.

El Gobierno ha remitido este proyecto de Ley al Parlamento de la Nación con la máxima voluntad de consenso entre todos los partidos políticos. A partir de ahora este proyecto ha iniciado su trámite parlamentario, se articula a través de medidas horizontales que se aplican tanto a agentes públicos como privados y nace con un doble objetivo fundamental: mejorar la posición de salida de la crisis económica, y reorientar la actividad económica hacia sectores con potencial de crecimiento a largo plazo, generadores de empleo y sostenibles desde un punto de vista económico, social y medioambiental, reforzando al mismo tiempo los elementos más sólidos y estables de nuestros modelo productivo.

Entre los principales ejes de la norma, se encuentran la mejora del entorno económico, que concentra las reformas en el sector público que se orientan a garantizar un entorno económico eficiente y de apoyo a la competitividad de las empresas y la economía españolas. Como aspectos más destacados, se regula el principio de buenas prácticas en las administraciones públicas y se establece la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas.

Aborda también la reforma de los organismos reguladores de carácter económico; incluye medidas de reforma del mercado financiero, con la reforma de la Ley del Mercado de Valores; contiene medidas de reforma de los mercados de seguros y fondos de pensiones para mejorar la tutela de los derechos de los asegurados y fomentar el desarrollo de la actividad económica en este sector.

Esta ley se encuentra enmarcada dentro de las medidas que el Gobierno ya ha puesto en marcha al amparo de la Estrategia de Economía Sostenible, destacando el plan de prevención contra el fraude, nuevas líneas de crédito del ICO, la Ley de la Ciencia o el plan de austeridad.

Para  llevar todos estos proyectos a buen puerto hay que seguir luchando por el consenso entre los diferentes grupos políticos, poniendo sobre la mesa medidas para la recuperación del empleo y continuar desarrollando y explicando la Estrategia de Economía Sostenible. El objetivo claro que se ha marcado el Gobierno de España es el de crear empleo, darle una salida social a la crisis y poner los cimientos de un nuevo modelo productivo que evite los errores del pasado.

Para crear empleo, tenemos primero que impulsar y afianzar la recuperación. El Gobierno y todos los socialistas españoles estamos convencidos de que la aplicación de este tipo de reformas va a contribuir en ello.

NO DA IGUAL, NI MUCHO MENOS

A Esperanza Aguirre, ese autoproclamado verso libre del PP, el hecho de que exista un Ministerio dedicado exclusivamente a favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, “da-igual”. Puesto que Esperanza Aguirre es presidenta de una importante comunidad autónoma, diciendo tal cosa elevó a categoría institucional un chascarrillo más bien burdo que viene circulando desde hace tiempo entre los círculos más reaccionarios de la sociedad española, esos que siguen encajando mal cada palmo de terreno que las mujeres van ganando en la conquista de sus legítimos derechos. 

Bajo la superficie de su facilona jocosidad, además, el juego de palabras encierra una lectura más inquietante en forma de traición del subconsciente, pues es la propia igualdad la que les da-igual, no el Ministerio que trabaja en favor de ella. Aquí el verso suelto no lo es tanto, sino que forma parte plenamente del conjunto de los principios conservadores, y rima con desconfianza: desconfianza hacia el papel que las mujeres quieren y deben jugar en toda sociedad avanzada. 

Pero con ser inquietante este más bien pobre intento de ingenio por parte de Esperanza Aguirre, lo que resulta muy preocupante es que tan destacada dirigente de la derecha llame a la rebelión (rebelión, nada menos) contra una decisión adoptada por el Parlamento de España, la de la subida limitada del IVA. No es la primera vez que amenaza con no aplicar medidas o leyes democráticamente aprobadas. 

Lo hizo con la Ley antitabaco y con la incorporación a los planes de estudio de la asignatura Educación para la Ciudadanía, sin que en ninguno de los casos el presidente de su partido la haya desautorizado. Y créanme que éste es un territorio peligroso, que sienta bases resbaladizas en un Estado de Derecho: buscar el modo de burlar la legalidad cuando ésta no se ajusta a nuestros criterios ideológicos y llamar a la rebelión (rebelión, repito) si no se encuentra, prescindir del principio de que son los gobiernos centrales los que, en el ejercicio de sus competencias, impulsan iniciativas legislativas estatales y de que son las mayorías parlamentarias surgidas de las urnas, es decir, los representantes de la voluntad popular, quienes las aprueban. Parece como que también diera igual aceptar o no aceptar las reglas del juego democrático.

Más allá  de esta actitud inaceptable del PP, lo cierto es que las razones que aconsejan la subida del IVA, aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, del 16% al 18%, no sólo responden a razones sólidas, no sólo es una medida adecuada para reducir el déficit sin que afecte a la evolución del crecimiento económico, como indicó el  Comisario de Economía de la Unión Europea, y no sólo afectará poco o nada a los productos de primera necesidad, sino que además se enmarca dentro de una presión fiscal que seguirá siendo menor que cuando llegamos al Gobierno en 2004 y que se situará por debajo de la media europea y, desde luego, por debajo del de países como Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Portugal o Paises Bajos. Eso por no hablar de todo cuanto tiene de hipocresía el hecho de que el PP critique esta medida (y se  declare en rebeldía respecto a ella, repito una vez más) en tanto que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en las que gobiernan estén subiendo desaforadamente todo tipo de tasas e impuestos.

Hablamos, en cualquier caso, de un pequeño esfuerzo fiscal acompañado de un gran esfuerzo de austeridad por parte del Gobierno de España, que ha recortado hasta 2.500 millones de euros del ejercicio anterior y tiene la previsión de reducir 50.000 millones de euros en los próximos tres años; esfuerzo que le pedimos al conjunto de la ciudadanía para mantener las políticas sociales, es decir, de protección frente al desempleo, de atención a la dependencia, de incremento de becas o de aumento de las ayudas a las familias.

Y en mi opinión, no da igual que tales políticas sociales se lleven o no a cabo.

Apoyo a la financiación de los municipios

El Fondo Estatal de Inversión Local que puso en marcha el Gobierno central en 2009 para generar empleo, estimular la economía y ayudar a los Ayuntamientos a realizar proyectos que no contemplaban en sus presupuestos municipales, ha sido todo un éxito. 

Para este fondo se destinaron 8.000 millones de euros que se tradujeron en la realización de 31.000 proyectos y en trabajo para 426.000 personas, 181.000 de nueva contratación y 245.000 ya integradas en las empresas encargadas de la ejecución de los proyectos. Estas unas cifras que superaron las previsiones iniciales en un 53%. 

En la provincia de Almería, los 102 Ayuntamientos que la componen han podido ejecutar 377 proyectos con cargo al FEIL e invertir más de 114 millones de euros, que han permitido la creación o el mantenimiento de 5.067 puestos de trabajo. Se trata de datos incontestables, y el Partido Popular tanto a nivel nacional como provincial no ha podido sostener la posición que defendió cuando se aprobó la puesta en marcha de este fondo, entonces lo tachaban como un despilfarro de los erarios públicos. 

Para 2010 el Gobierno socialista ha proyectado otro fondo estatal dotado con 5.000 millones, con el que los Ayuntamientos españoles, de nuevos fuera de los proyectos contemplados en sus presupuestos, puedan seguir financiando nuevas actuaciones generadoras de empleo y mejorando sus equipamientos, sus dotaciones y sus infraestructuras. Este Nuevo Fondo Estatal para 2010 se ha proyectado a la vez con el objetivo de impulsar la renovación del modelo de crecimiento económico, garantizar nuestro sistema de protección social y continuar combatiendo la crisis económica. La previsión es que este fondo genere o sirva para mantener 274.000 empleos directos en España, de los que 1.900 empleos corresponden a la provincia de Almería. Se echa de menos una propuesta económica del principal partido de la oposición haga que busque frenar el desempleo en España y que sea seria y ambiciosa. Por el momento, hemos escuchado del Partido Popular solicitudes al Gobierno de España en materia económica que son populistas y a la vez insostenibles: quieren que se amplíe la inversión en todas las áreas de gestión del Gobierno y a la vez que se reduzcan algunos impuestos y se eliminen otros. 

Esta política económica y presupuestaria es la defendida por el Partido Popular a nivel nacional, que no la que desarrollan en las instituciones en las que gobiernan, algo que podemos apreciar claramente en casos como el de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Almería, donde los impuestos y las tasas se han incrementado de forma que los ciudadanos madrileños y almerienses tienen que pagar más, los primeros al Gobierno de su Comunidad Autónoma y otros al Gobierno municipal. Esa es la realidad, por mucha maniobra mediática que unos y otros planteen diciendo que reducen un determinado impuesto; en la práctica ese impuesto afecta a un pequeño número de ciudadanos y ciudadanas y la cuantía que se reduce es ridícula. Nuestros municipios tienen problemas de financiación y muchos de ellos muy serios. Los Ayuntamientos pueden también colaborar con los ciudadanos y ciudadanas a superar sus dificultades económicas, como de hecho están haciendo muchos, pero que a nadie quepa la menor duda de que nuestras entidades locales están teniendo un gran apoyo en el Gobierno de España para poder realizar importantes inversiones en sus municipios en 2009 y 2010, al igual que muchos trabajadores, sobre todo vinculados al sector de la construcción, han encontrado una salida laboral en las obras y proyectos que se han desarrollado y se siguen desarrollando gracias a los Fondos Estatales de inversión municipal. Los Fondos de Empleo Local de 2009 y 2010 realizarán una inversión extraordinaria, en sólo 2 años de 13.000 millones de euros en nuestros Ayuntamientos. Son la mayor inversión pública realizada desde el Estado. 

Quien considera un despilfarro esta inversión demuestra que jamás habría sido capaz de plantear ni siquiera una iniciativa parecida. Sólo un Gobierno comprometido con los ciudadanos y ciudadanas, con los problemas de financiación de los Ayuntamientos, un Gobierno solidario, responsable y progresista ha tenido la capacidad y el arrojo para hacerlo.

EN EL CONGRESO REGIONAL EXTRAORDINARIO 12 Y 13 DE MARZO 2010

UNA NUEVA ETAPA

El socialismo andaluz ha escrito este fin de semana una de sus páginas más emotivas y vibrantes: una larga etapa, definida por la cohesión, la modernidad y la credibilidad, ha dado paso a otra que se proyecta hacia el futuro sobre la base de la energía y la fortaleza acumuladas; un compañero, Manolo Chaves, le cedía el testigo del liderazgo a otro, Pepe Griñán, tras dieciséis años de intenso y fructífero trabajo en que el PSOE ha estrechado aún más los lazos que le vinculan al corazón y al destino de Andalucía, y en tan significativo momento no faltó el apoyo masivo de todo el socialismo español, del que el andaluz es piedra angular y referente. 

El Congreso Extraordinario de marzo de 2010 supone, para el PSOE de Andalucía, un nuevo  impulso en nuestra larga trayectoria al servicio de los andaluces. Los socialistas somos quienes más y mejor nos hemos identificado con las aspiraciones de libertad y progreso de esta tierra. No se puede entender la enorme trasformación social y cultural experimentada por Andalucía en los últimos treinta años sin admitir el protagonismo político del PSOE, de ahí que algunos nieguen los avances, no los perdonen ni los acepten y hayan enquistado su discurso político en el resentimiento. La derecha no ha sabido nunca traducir fielmente los sentimientos del pueblo andaluz, y aun se sorprenden de no recibir su respaldo en las urnas. 

Andalucía estaba obligada a avanzar con pasos más largos que el resto de las Comunidades porque debía superar un atraso mayor que el de cualquiera de ellas, y así lo ha hecho. Modernidad e innovación son dos de las señas de identidad de la Andalucía de hoy, y al mismo tiempo hemos abierto el camino a muchas políticas sociales que luego se han extendido a buena parte del territorio nacional. Detrás de todo ello ha estado y seguirá estando el PSOE-A.  Ahora llega el momento de la renovación, una renovación generacional que lo es también de nuestras ilusiones, y que se produce en una coyuntura económica que, por su gravedad y por la naturaleza de su origen, precisa de una mirada progresista, atenta a quienes más al descubierto se quedan en tiempos de crisis. 

José Antonio Griñán alcanza la Secretaría General del PSOE-A con el apoyo de las ocho Ejecutivas provinciales y de la Ejecutiva federal; también de quienes le han precedido en la Presidencia de la Junta de Andalucía. Es un hombre de sólida cultura, caracterizado por la moderación y la cercanía, que representa la esperanza frente al catastrofismo y la resignación, las ideas frente a la descalificación. En el horizonte, las elecciones municipales del 2011 y las generales y autonómicas del 2012, donde los socialistas intentaremos que los andaluces vuelvan una vez más a otorgarnos su confianza. 

Somos plenamente conscientes de que la apreciación que los ciudadanos tienen de la actividad política y de quienes la llevamos a cabo no pasa por sus mejores momentos, por ello mismo los socialistas redoblaremos nuestro esfuerzo para plantear soluciones a sus problemas, para que nos sientan próximos, tan próximos como siempre hemos querido estar, implicados por completo en sus aspiraciones y necesidades, porque no otra es la razón de ser de nuestro partido.

Capeando el temporal

Nuestra comunidad se ha visto empañada muy duramente por las lluvias acaecidas durante los últimos meses llegando a producir daños muy importantes, causando el desbordamiento de ríos, numerosas evacuaciones, cortes en carreteras y vías de ferrocarril, el realojo de familias afectadas e importantes daños en bienes privados e infraestructuras de titularidad pública.

Para paliar los efectos, el Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para que el Ministerio del Interior, en colaboración con los representantes de la Administración Periférica del Estado, las Administraciones Territoriales competentes y el Consorcio de Compensación de Seguros, proceda con la máxima urgencia posible a realizar las valoraciones y a tramitar los procedimientos administrativos de pago de los daños que se han producido como consecuencia de los episodios meteorológicos adversos que se han sucedido en Andalucía durante el mes de febrero.

Además, el Gobierno duplicará las ayudas mediante la aplicación a Andalucía de la Ley de Medidas Urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas, recientemente aprobada. La aplicación de esta Ley permitirá la cobertura de otros daños no previstos por el Real Decreto de 2005 y que han sido en este caso muy importantes, como los sufridos en la agricultura y los caminos rurales.

La actuación conjunta entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía ha sido inmediata, porque ambas administraciones son conscientes de la situación tan desesperada y al límite que están viviendo muchos ciudadanos andaluces. Un grupo de trabajo compuesto por personal de ambas administraciones se encargará de hacer un seguimiento exhaustivo para cuantificar los daños y perjuicios.

Estos días ha quedado de manifiesto el compromiso firme del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con nuestra tierra y, en especial, con los afectados por el temporal poniendo todo de su parte para paliar en lo posible esta terrible situación.

Este próximo martes el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, se reunirá con el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía, Luis Pizarro, así como con los delegados provinciales de la Administración andaluza de cada provincia y con los subdelegados de Gobierno de la región para coordinar la actuaciones en materia administrativa que se llevará a cabo para indemnizar a los afectados por el temporal en Andalucía.

De esta manera, se van a asentar las labores que realizará cada una de las administraciones con el objetivo de no duplicar el esfuerzo que tienen que hacer los ciudadanos en el momento de presentar sus solicitudes de indemnización.

Se trata de realizar actuaciones en el menor tiempo posible y del modo más eficaz para todos los andaluces. Por ello, las subdelegaciones de Gobierno, junto con el Gobierno andaluz, podrán poner en marcha en cada provincia un plan de actuación conjunto para recoger todas las reclamaciones que haya de empresas y particulares que se hayan visto afectados y así tramitarlas de forma conjunta.

Ambas administraciones están desarrollando un trabajo eficaz y minucioso como es el caso del iniciado por el Ministerio de Fomento para la reparación de daños en las infraestructuras de comunicación viaria y ferroviaria a través de un Plan Especial para nuestra región o el del Ministerio de Trabajo e Inmigración que intenta compensar las pérdidas de jornales que ha habido en el sector agrario.

POR LA LIBERTAD DE CONCIENCIA EN CUBA

Por razones históricas que no escapan a nadie, América Latina ha constituido siempre una prioridad estratégica para España, aunque tal vez fuera más acertado decir casi siempre, pues los ocho años de gobierno del PP supusieron una excepción a esta regla de política exterior. No es en absoluto exagerado decir que Aznar dio la espalda a los países hermanos de aquella región del mundo, salvo cuando intentó mediar ante alguno de sus gobiernos para que apoyaran la guerra de Irak. 

La llegada del PSOE al Gobierno de España tras las elecciones de 2004 supuso la recomposición de nuestras dañadas relaciones con toda Latinoamérica y también un cambio en la estrategia diplomática con respecto a Cuba: es evidente que la táctica de bloqueo a la que se sumó el PP no ha logrado llevar la democracia a la isla ni ha mejorado en modo alguno la vida de los cubanos, ni en esos ocho años ni en los cincuenta que lleva siendo aplicada. El PSOE ha apostado por un diálogo crítico y exigente, entendiendo que éste era el modo más eficaz de favorecer un proceso de transición democrática. También la UE lo ha hecho, y el propio Obama dio señales de apertura liberalizando en abril de 2009 la posibilidad de viajar a la isla y de enviar remesas de dinero o de determinados productos, todo ello con un mensaje que los socialistas españoles compartimos: el de apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio destino. 

En este sentido, la muerte del preso de conciencia Orlando Zapata tras permanecer más de ochenta días en huelga de hambre supone un paso atrás en el camino emprendido y cuestiona la situación de los derechos humanos en Cuba. De acuerdo con la declaración institucional aprobada por unanimidad en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, esta muerte supone un motivo de profunda preocupación por la situación de los presos de conciencia en la isla y una nueva ocasión para pedir la liberación de todos ellos y para condenar las limitaciones a las libertades públicas –también a la libertad para disentir- en cualquier parte del mundo.  

A pesar del mensaje claro del PSOE en contra de las circunstancias que han rodeado la muerte de Orlando Zapata, la derecha española, tal y como era previsible, no ha perdido ocasión para reiterar esa caricatura permanente que hace de la política exterior de nuestro Gobierno, ahora a cuenta del tiempo que el presidente Zapatero tardó en condenar este hecho y del grado exacto de contundencia con que lo hizo, ese tipo de matices a los que el PP se agarra a falta de mejores argumentos políticos. Lo cierto es que el PP se olvida permanentemente de que no existe una única disidencia cubana, la que le es más próxima ideológicamente, sino también una disidencia socialdemócrata, víctima igualmente de las restricciones en materia de libertad de conciencia, cuyos activistas siguen defendiendo, aun a pesar de la trágica muerte de uno de los suyos, la actual disposición al diálogo que mantienen el Gobierno español y la UE. 

¿Debemos mantener la ayuda a Cuba? La Junta de Andalucía ha financiado estos tres últimos años veintitrés proyectos de cooperación directa, ejecutados por la propia Administración autonómica, y otros doce proyectos de varias ONG. Se ha facilitado, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable a un municipio cubano de veintisiete mil habitantes y se reconstruyeron cinco mil viviendas en la zona de Pinar del Río, arrasada por los huracanes Ike y Gustav. Plantearse la posibilidad de que la ayuda exterior que reciben los pueblos pueda o no favorecer al régimen político bajo el que estos malviven, es un lujo que no pueden permitirse los cubanos. Un lujo más que no pueden permitirse.

A por la recuperación

Este año 2010 será el año en el que todos los países desarrollados deberán afrontar el reto de la recuperación económica, y si duda también será así para España. La crisis ha tenido en España una manifestación y una consecuencia particularmente grave como es la destrucción del empleo que se ha producido con una intensidad sin equivalente en el resto de Europa.

El Gobierno durante los dos años transcurridos de la Legislatura ha adoptado una sucesión ordenada de disposiciones que han tratado de dar respuesta a las distintas manifestaciones de la crisis, reactivar la economía,  favorecer la creación de empleo y mantener la cohesión social.

 Pero la masiva destrucción del empleo en nuestro país y la crisis consiguiente en los ciudadanos, han exigido una actuación más rápida y urgente.

Por ello, el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado ahora un paso más y, atendiendo a una demanda ampliamente sentida por la sociedad española y a las peticiones y ofertas de los distintos grupos políticos, ha propuesto un gran acuerdo político para la recuperación del crecimiento económico, la creación de empleo y conseguir que lleguen créditos a las PYMES.

En lo que se refiere al sector de la construcción, se han presentado una serie de acciones centradas en la construcción sostenible, se trata de construir de forma sostenible, es decir, no construyendo más, sino renovando y mejorando lo que ya tenemos. Para ello, se propone un IVA reducido del 8%  para todo tipo de rehabilitación de la vivienda por un periodo de dos años,deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual, ampliar el concepto de obras consideradas de rehabilitación estructural y aplicación de un plan de rehabilitación y eficiencia energética, para ahorrar un 20% de consumo energético.

El conjunto de estas actuaciones permitirá la creación de, al menos,350.000 empleos en los próximos dos años, que se sumarán a los que generará este año el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local y otras iniciativas puestas en marcha ya por el Gobierno.

La prioridad absoluta es el empleo; esto es, asegurar la vuelta al crecimiento para empezar cuanto antes a crear empleo. Y ello requiere,además de culminar todas las reformas previstas, reconsiderar la eficacia de los vigentes estímulos directos al empleo y plantear en su caso nuevo estímulos o medidas. El gobierno esta abierto a todas las propuestas que hagan los grupos conciliables  con los demás objetivos de la lucha contra la crisis.

Otra de las medidas propuestas a destacar por el Ejecutivo, de la amplia batería presentada, son los créditos para las PYMES, directos del ICO, que consistirán en créditos con un importe máximo de 200.000 euros concedido directamente por el ICO con cobertura de riesgo del 100% y comercializado a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionado por concurso. Con esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa cuente con financiación.

Pero sobre todo esta medida supone un salto cualitativo en el respaldo público a las PYMES, porque ya no es una línea ICO, sino que va a ser el propio ICO quien atienda las peticiones de crédito en las oficinas.

LA CIENCIA COMO MOTOR DE TRANSFORMACIÓN

La investigación en España ha experimentado un extraordinario avance en los últimos veinticinco años, viendo multiplicada su producción científica por nueve en tanto que la mundial sólo lo ha hecho por dos. Nuestro país ha pasado así de ser la trigésima potencia en el campo de la ciencia a ser la novena: únicamente China ha tenido un crecimiento más rápido que el nuestro. De aquel displicente “que inventen ellos” que caracterizó a una España encerrada en sí misma, hemos pasado a estar presentes en la mayor parte de los grandes proyectos internacionales, y es el momento de establecer las bases que nos permitan alcanzar metas más ambiciosas y un mayor protagonismo en el escenario donde se trazará el cambio de modelo de desarrollo económico.  

La ley que hizo posible ese importante impulso de la investigación científica en España es de 1986, y no es necesario decir cómo han cambiado las cosas desde entonces, máxime cuando hablamos de una época de rápidas transformaciones y de un ámbito cuya evolución es vertiginosa. Para empezar, la comunidad científica española es seis veces mayor que entonces, la estructura autonómica está plenamente consolidada y la construcción del Espacio Único Europeo de Investigación exige una mayor coordinación de nuestros recursos de I+D. De ahí que, tras casi dos años de trabajo, esté pronta a iniciar su andadura parlamentaria la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo anteproyecto está previsto que sea aprobado por el Consejo de Ministros el próximo día 12 de marzo. 

El nuevo marco legislativo será un instrumento determinante para afrontar los desafíos de cambio y consolidación del sistema científico español, para atraer y retener el talento, para gestionar más eficazmente el gasto público en investigación y para fortalecer la cooperación entre el Gobierno central, los autonómicos y los países de la Unión Europea. Introduce, además, sustanciales mejoras en la carrera científica, sustituyendo, por ejemplo, las becas a los  investigadores en etapa predoctoral por contratos de trabajo con todas las garantías sociales –entre ellas, la prestación por desempleo o la baja por maternidad, derechos de los que hoy carecen nuestros jóvenes investigadores-. Igualmente, se facilitará la movilidad de los recursos humanos, y la carrera científica se basará en los méritos. 

Un gobierno socialista dio hace veinticinco años el primer gran impulso a la investigación científica en España y es un Gobierno socialista quien ahora da el segundo, con un objetivo muy claro: que la ciencia y la tecnología se sitúen en el centro mismo de ese  imprescindible cambio en el modelo productivo que ha de garantizar un crecimiento sostenible y sostenido, un modelo que nos capacite para competir en igualdad de condiciones con los países más desarrollados de nuestro entorno y haga posible la creación de empleos estables y de calidad. Se trataría de conseguir, en definitiva, que el conocimiento generado por nuestros científicos contribuya de manera más eficaz al desarrollo económico y al bienestar social, de ahí la importancia de difundir los resultados de las investigaciones y de potenciar una cultura científica y tecnológica en los ciudadanos, transmitiendo los avances más relevantes e implicando en ellos a la gente. Sólo de este modo será realmente posible llevar a cabo la transformación que necesita nuestra sociedad.

Educación de primera

La formación es, sin duda, uno de los pilares del nuevo sistema productivo que va a sacar a España de la crisis y será un modelo del que formen parte jóvenes más cualificados y preparados. 

Ante la crisis económica actual, los principales objetivos que el Gobierno socialista se ha puesto como meta son proteger, apoyar, atender y hacer políticas para que ningún joven tenga que salir del sistema educativo para echar una mano en casa. Los socialistas no estamos dispuestos a dejar a nadie en la cuneta y menos a los estudiantes cuyas familias tienen pocos recursos, nuestra prioridad son los ciudadanos sin que prime nada por encima de esto.

Nuestro sistema educativo es inclusivo, equitativo, quiere llegar a todos y a todas y tiene un reto gigante, como es el de garantizar una formación que permita a los jóvenes tener un empleo mejor, un empleo estable: y eso se consigue con la adaptación de las cualificaciones al nuevo modelo productivo, más basado en la calidad y la competitividad que el que nos ha llevado a la crisis.

Sin duda, también es importante modernizar nuestro sistema educativo para que responda a los retos y posibilidades que ofrece el siglo XXI. Hay que centrarse en medidas para mejorar el rendimiento escolar y la FP, y luchar así contra el fracaso y el abandono.

Es muy loable el esfuerzo y el empeño por parte del Ministerio de Educación por alcanzar un gran pacto político y social. Merece la pena dejar a un lado las diferencias y hay que escuchar las opiniones, no sólo de los partidos políticos, sino también de las organizaciones juveniles, de los estudiantes, del profesorado, de todos aquellos colectivos implicados en la formación de las próximas generaciones.

Un pacto que esta semana ha avanzado notablemente con el documento que el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha presentado a los consejeros autonómicos reunidos en la Conferencia Sectorial de Educación. Este documento es un catalizador excelente para aunar voluntades en algo que a toda la sociedad le importa y en lo que nos jugamos el futuro.

El escrito contiene 12 objetivos y 137 acciones concretas que están claramente destinadas a mejorar el sistema educativo y responder a los retos que tiene que tiene que asumir. 

Es necesario un consenso de todas las partes para poner en práctica el nuevo modelo educativo en el que trabaja el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Éste es el único camino para poder cambiar el actual modelo económico y crear uno nuevo, cuyos pilares sean los valores y la valentía, para que así predomine la igualdad de oportunidades, la no discriminación, y la lucha contra la injusticia social. 

Tenemos que aunar voluntades para lograr una mayor calidad de la educación, mejorar el éxito escolar y luchar contra el abandono prematuro, así como avanzar en medidas modernizadoras como las nuevas tecnologías en el aula y el avance en el aprendizaje de idiomas.

El Gobierno del PSOE tiene como prioridad absoluta darle a la educación una enorme dimensión social mediante las becas, la movilidad, la igualdad de oportunidades y los discursos inclusivos. Para ello sólo hay un camino, que es del consenso y el acuerdo para buscar con ahínco lo que nos es común, porque ni un ministro solo, ni un Gobierno solo, ni nadie solo, logrará esta transformación, sino es toda la sociedad unida.

Lograr un Pacto por la Educación tiene una relación directa con dar respuestas al reto de cambio de modelo de crecimiento económico y lograr bases más sostenibles de crecimiento en el futuro.