lunes, 29 de marzo de 2010

SANIDAD: ACUERDOS Y DERECHOS

Estos días, la sanidad ha estado muy presente en los informativos, y por dos razones inequívocamente positivas. De un lado, en España se alcanzaba un importante acuerdo entre el Ministerio del ramo y las Comunidades Autónomas con el fin, entre otras cuestiones, de lograr un ahorro en el gasto farmacéutico de mil quinientos millones de euros. Se trata garantizar la sostenibilidad del sistema público de salud, cuyo déficit anual no está ligado a la crisis económica, sino sobre todo a factores tales como a la evolución técnica de los tratamientos y al aumento de la esperanza de vida –y, por tanto, también al incremento de enfermos crónicos-. 

La necesidad de aplicar medidas que recorten el gasto viene, por tanto, de atrás, y el hecho de que se hayan adoptado ahora en el marco de un gran pacto entre Administraciones de distinto signo político, comprometidas por el igual en garantizar el futuro de nuestro modelo sanitario, dice mucho acerca de las posibilidades de alcanzar acuerdos más amplios para garantizar, también, una estabilidad económica. Dicho de otro modo: cuando hay voluntad, se pueden buscar puntos de encuentro, dejar al margen las diferencias y empujar en la misma dirección. 

Además del ahorro en los gastos farmacéuticos (modificación del sistema de precios de referencia, rebaja en los medicamentos genéricos y fijación de precios máximos para fármacos para síntomas menores), el acuerdo incluye el establecimiento de un calendario vacunal único, normas sobre tiempos máximos de espera quirúrgica en todo el territorio español o la mejora de la historia clínica digital común, todo ello encaminado a lograr algo tan fundamental como la equidad del sistema en todo el país, independientemente de que las competencias en la materia estén transferidas a todas las Comunidades Autónomas. 

Por otro lado, ha sido también noticia, y de amplia repercusión internacional, la histórica aprobación en Estados Unidos de la reforma sanitaria, un éxito de Barak Obama, pero sobre todo un triunfo de todo el pueblo estadounidense, pues culmina así una aspiración que venía siendo perseguida desde hace prácticamente un siglo por distintos presidentes. Lo que estaba en disputa, lo que llevaba en disputa desde hace tanto tiempo, era si el derecho a la salud debía estar ligado únicamente a la capacidad económica del individuo, si es justo o no que el resultado de la lucha que todo hombre y toda mujer han de librar alguna vez contra la enfermedad debe  depender exclusivamente de sus ingresos. La Ley aprobada en la Cámara de Representantes ha venido a decir que no es justo, y ha puesto las bases para ir reduciendo lo que el escritor Carlos Fuentes ha denominado “la excentricidad de Estados Unidos en materia de sanidad”. 

Hay entre los republicanos -acérrimos detractores de esta ley- quienes han vaticinado que está reforma dañará tanto al partido demócrata como ya lo hiciera en los sesenta la Ley sobre Derechos Civiles, siendo ésta la que estableció ni más ni menos que la igualdad racial. Sin duda una comparación que, sin ser su propósito, constituye el mayor elogio que podría hacerse a esta reforma sanitaria. 

Como nota curiosa, el ex presidente Aznar, a quien uno le imaginaría más cerca del modelo sanitario europeo, se ha permitido, en Washington, sumarse a las tesis de los republicanos, poniendo en tela de juicio la constitucionalidad de la medida, subrayando que la salud es una responsabilidad de cada persona, y no del Estado, y argumentando, de manera incierta, que la mayoría de los estadounidenses está en contra (ahí están las encuestas para desmentirlo). Sin duda, en Aznar pesa mucho su afinidad ideológica con los neocons, y, de alguna extraña manera, Bush y él siguen “trabajando en ello”.

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