La investigación en España ha
experimentado un extraordinario avance en los últimos veinticinco años, viendo
multiplicada su producción científica por nueve en tanto que la mundial sólo lo
ha hecho por dos. Nuestro país ha pasado así de ser la trigésima potencia en el
campo de la ciencia a ser la novena: únicamente China ha tenido un crecimiento
más rápido que el nuestro. De aquel displicente “que inventen ellos” que
caracterizó a una España encerrada en sí misma, hemos pasado a estar presentes
en la mayor parte de los grandes proyectos internacionales, y es el momento de
establecer las bases que nos permitan alcanzar metas más ambiciosas y un mayor
protagonismo en el escenario donde se trazará el cambio de modelo de desarrollo
económico.
La ley que hizo posible ese
importante impulso de la investigación científica en España es de 1986, y no es
necesario decir cómo han cambiado las cosas desde entonces, máxime cuando
hablamos de una época de rápidas transformaciones y de un ámbito cuya evolución
es vertiginosa. Para empezar, la comunidad científica española es seis veces
mayor que entonces, la estructura autonómica está plenamente consolidada y la
construcción del Espacio Único Europeo de Investigación exige una mayor
coordinación de nuestros recursos de I+D. De ahí que, tras casi dos años de
trabajo, esté pronta a iniciar su andadura parlamentaria la nueva Ley de la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación, cuyo anteproyecto está previsto que sea
aprobado por el Consejo de Ministros el próximo día 12 de marzo.
El nuevo marco legislativo
será un instrumento determinante para afrontar los desafíos de cambio y
consolidación del sistema científico español, para atraer y retener el talento,
para gestionar más eficazmente el gasto público en investigación y para
fortalecer la cooperación entre el Gobierno central, los autonómicos y los
países de la Unión Europea. Introduce, además, sustanciales mejoras en la
carrera científica, sustituyendo, por ejemplo, las becas a los investigadores
en etapa predoctoral por contratos de trabajo con todas las garantías sociales
–entre ellas, la prestación por desempleo o la baja por maternidad, derechos de
los que hoy carecen nuestros jóvenes investigadores-. Igualmente, se facilitará
la movilidad de los recursos humanos, y la carrera científica se basará en los
méritos.
Un gobierno socialista dio
hace veinticinco años el primer gran impulso a la investigación científica en
España y es un Gobierno socialista quien ahora da el segundo, con un objetivo
muy claro: que la ciencia y la tecnología se sitúen en el centro mismo de ese
imprescindible cambio en el modelo productivo que ha de garantizar un
crecimiento sostenible y sostenido, un modelo que nos capacite para competir en
igualdad de condiciones con los países más desarrollados de nuestro entorno y
haga posible la creación de empleos estables y de calidad. Se trataría de
conseguir, en definitiva, que el conocimiento generado por nuestros científicos
contribuya de manera más eficaz al desarrollo económico y al bienestar social,
de ahí la importancia de difundir los resultados de las investigaciones y de
potenciar una cultura científica y tecnológica en los ciudadanos, transmitiendo
los avances más relevantes e implicando en ellos a la gente. Sólo de este modo
será realmente posible llevar a cabo la transformación que necesita nuestra
sociedad.
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