A Esperanza Aguirre, ese
autoproclamado verso libre del PP, el hecho de que exista un Ministerio dedicado
exclusivamente a favorecer la igualdad efectiva entre hombres y mujeres,
“da-igual”. Puesto que Esperanza Aguirre es presidenta de una importante
comunidad autónoma, diciendo tal cosa elevó a categoría institucional un
chascarrillo más bien burdo que viene circulando desde hace tiempo entre los
círculos más reaccionarios de la sociedad española, esos que siguen encajando
mal cada palmo de terreno que las mujeres van ganando en la conquista de sus
legítimos derechos.
Bajo la superficie de su facilona jocosidad, además, el
juego de palabras encierra una lectura más inquietante en forma de traición del
subconsciente, pues es la propia igualdad la que les da-igual, no el Ministerio
que trabaja en favor de ella. Aquí el verso suelto no lo es tanto, sino que
forma parte plenamente del conjunto de los principios conservadores, y rima con
desconfianza: desconfianza hacia el papel que las mujeres quieren y deben jugar
en toda sociedad avanzada.
Pero con ser inquietante este
más bien pobre intento de ingenio por parte de Esperanza Aguirre, lo que resulta
muy preocupante es que tan destacada dirigente de la derecha llame a la rebelión
(rebelión, nada menos) contra una decisión adoptada por el Parlamento de España,
la de la subida limitada del IVA. No es la primera vez que amenaza con no
aplicar medidas o leyes democráticamente aprobadas.
Lo hizo con la Ley
antitabaco y con la incorporación a los planes de estudio de la asignatura
Educación para la Ciudadanía, sin que en ninguno de los casos el presidente de
su partido la haya desautorizado. Y créanme que éste es un
territorio peligroso, que sienta bases resbaladizas en un Estado de Derecho:
buscar el modo de burlar la legalidad cuando ésta no se ajusta a nuestros
criterios ideológicos y llamar a la rebelión (rebelión, repito) si no se
encuentra, prescindir del principio de que son los gobiernos centrales los que,
en el ejercicio de sus competencias, impulsan iniciativas legislativas estatales
y de que son las mayorías parlamentarias surgidas de las urnas, es decir, los
representantes de la voluntad popular, quienes las aprueban. Parece como que
también diera igual aceptar o no aceptar las reglas del juego
democrático.
Más allá de esta actitud
inaceptable del PP, lo cierto es que las razones que aconsejan la subida del
IVA, aprobada la semana pasada por el Congreso de los Diputados, del 16% al 18%,
no sólo responden a razones sólidas, no sólo es una medida adecuada para reducir
el déficit sin que afecte a la evolución del crecimiento económico, como indicó
el Comisario de Economía de la Unión Europea, y no sólo afectará poco o nada a
los productos de primera necesidad, sino que además se enmarca dentro de una
presión fiscal que seguirá siendo menor que cuando llegamos al Gobierno en 2004
y que se situará por debajo de la media europea y, desde luego, por debajo del
de países como Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Portugal o Paises Bajos. Eso
por no hablar de todo cuanto tiene de hipocresía el hecho de que el PP critique
esta medida (y se declare en rebeldía respecto a ella, repito una vez más) en
tanto que Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en las que gobiernan estén
subiendo desaforadamente todo tipo de tasas e impuestos.
Hablamos, en cualquier caso,
de un pequeño esfuerzo fiscal acompañado de un gran esfuerzo de austeridad por
parte del Gobierno de España, que ha recortado hasta 2.500 millones de euros del
ejercicio anterior y tiene la previsión de reducir 50.000 millones de euros en
los próximos tres años; esfuerzo que le pedimos al conjunto de la ciudadanía
para mantener las políticas sociales, es decir, de protección frente al
desempleo, de atención a la dependencia, de incremento de becas o de aumento de
las ayudas a las familias.
Y en mi opinión, no da igual
que tales políticas sociales se lleven o no a cabo.
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