Durante esta semana el Presidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado el Plan Extraordinario de
Infraestructuras, cuyas obras va a licitar el Gobierno durante el año 2010 y el
2011, utilizando el modelo de colaboración público- privada.
El objetivo prioritario del Gobierno
Socialista sigue siendo el de reactivar la economía y crear empleo. Este Plan va
a movilizar una inversión de 17.000 millones de euros anticipando a 2010 y a
2011 las obras previstas en el Plan de Infraestructuras (PEIT) para años
posteriores. Lo cual permitirá también anticipar todos sus beneficios y
aprovechar su capacidad para relanzar la actividad económica y generar empleo,
cuando más falta hace para impulsar la salida de la crisis.
Sobre todo es de vital importancia este
Plan porque se va a generar empleo, tanto a corto plazo para la construcción de
las infraestructuras, como a largo plazo para el mantenimiento y la conservación
de las mismas, siendo una fuente de trabajo muy importante para el sector de la
construcción tan mermado en estos últimos tiempos.
El 70% de las inversiones de este Plan
se realizarán el ámbito del ferrocarril (alta velocidad, cercanías y trasportes
de mercancías) y el 30% en la mejora de carreteras de toda nuestra geografía.
Estamos ante un Plan de Colaboración
público privada que consiste en un modelo concesional, en el que manteniéndose
el 100% de la titularidad pública de las infraestructuras, la gestión de su uso
la realizará el sector privado, durante un tiempo determinado.
La duración de las concesiones con
carácter general es de 25 años para las inversiones en ferrocarril y 30 años
para las inversiones en carreteras, en función de la vida útil de las
infraestructuras.
El hecho de que el Gobierno haya
querido recurrir a este modelo es porque adelantar inversiones, cuando al mismo
tiempo se está haciendo un gran esfuerzo para reducir el déficit público, obliga
a recurrir a fórmulas que permitan diferir su pago en el tiempo y esta cumple
ese objetivo.
La ventaja de este modelo es que
permite repercutir el pago de las infraestructuras a lo largo de un amplio
período de tiempo. Se empiezan a pagar cuando finalizan las obras y se ponen en
servicio, y se acaban de pagar cuando concluye el plazo de la concesión (25 ó 30
años después). Las obras del Plan se licitarán en 2010 y 2011; y la mayor parte
entrarán en servicio en 2014. Por tanto, la inversión de 17.000 millones de euros en
infraestructuras que se va a hacer ya con este Plan no empezará a pagarse hasta
el año 2014 y su impacto presupuestario, incluso en ese año, será relativamente
reducido. Y eso hace posible que se realice una fuerte inyección de inversiones
para la reactivación económica y la creación del empleo, cuando más falta les
hace a los ciudadanos españoles y sobre todo sin comprometer los objetivos de la
disminución de déficit público para 2013.
También se va a intentar que la actual
necesidad de austeridad en el gasto público sea compatible con el mantenimiento
de la fuerte inversión de las infraestructuras que está haciendo el Gobierno
Socialista para dotar a España de la mejor y más moderna red de transportes que
ha tenido nunca.
Los beneficios de las empresas privadas
vendrán de la ejecución de las obras y de los trabajos de conservación y
mantenimiento de las infraestructuras que correrán a su cargo a los largo del
período concesional. La Administración les abonará un canon durante dicho
período, para pagarle la obra ejecutada y los trabajos de conservación que
lleven a cabo.
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