Al
celebrar el aniversario de la Constitución española celebramos también el
consenso que hizo posible la transición a un Estado de Derecho plenamente
democrático desde el largo túnel de la dictadura franquista. En aquella
encrucijada histórica de la segunda mitad de los setenta, todas las fuerzas
políticas asumieron que sólo desde la responsabilidad y la altura de miras,
sólo dejando a un lado las naturales divergencias ideológicas y los intereses
partidistas, sería posible construir un futuro sólido. Así fue, y España ha
vivido desde entonces el periodo de mayor estabilidad, modernización y
bienestar de toda nuestra historia.
Hoy
estamos en una nueva encrucijada no menos histórica y en medio de una nueva
transición, la que va de un modelo económico neoliberal, basado en la
especulación y la desigualdad, que se ha venido abajo estrepitosamente, y un
nuevo modelo productivo más justo que habremos de propiciar mediante
ineludibles reformas. La diferencia es que en esta encrucijada no estamos
solos: todo el mundo, y especialmente la Europa de la que formamos parte y en
la que ocupamos un lugar importante, está en ese mismo punto del camino, y será
entre todos como salgamos de esta difícil situación, cada cual cumpliendo con
los compromisos que adquiera y sabiendo que quienes provocaron la debacle
económica internacional no renunciarán fácilmente al dominio de los mercados
financieros.
España
está cumpliendo con sus obligaciones, poniendo en marcha los ajustes y reformas
a las que nos hemos comprometido, actuando con firmeza y determinación, y sin
olvidar que en cualquier caso las medidas de hoy deben también garantizar las
políticas sociales de mañana. Las medidas adoptadas ya han logrado reducir el
déficit público un 47% en un año, lo que significa que estamos en la buena
dirección. Pero en ese esfuerzo, que no es sólo del Gobierno, sino de toda la
sociedad española, el principal partido de la oposición no ha querido entrar en
ningún momento. El ejercicio de responsabilidad que hizo posible el pacto
constitucional ha desaparecido por completo de la hoja de ruta que sigue la
derecha en España: el PP vio desde el principio que la crisis económica, lejos
de ser un problema, era una extraordinaria oportunidad electoral.
Durante
estos dos últimos años, el Partido Popular no ha movido un solo músculo para
empujar en contra de la crisis. No han apoyado ni una sola de las medidas
puestas en marcha, ni siquiera aquellas con las que estaban de acuerdo, ni
siquiera las que eran fruto de compromisos adoptados en el seno de la Unión
Europea y que vinculaban a todos los socios. Ése ha sido su papel hasta hace
apenas unos días. Ahora, al parecer, los dirigentes de la derecha han decido
que es el momento de pasar a la acción, pero no a una acción que favorezca los
intereses de España, sino que, generando desconfianza, los debilite.
Puesto
que a nuestro país le hubiera resultado mucho más fácil luchar contra la crisis
si el principal partido de la oposición hubiera ayudado a ello, ¿por qué no la
han hecho? Si el PP sabe que la solvencia de España está fuera de toda duda,
¿por qué se empeña en trasladar una falsa imagen de inestabilidad política,
económica e institucional? Si la confianza en nuestro país es un elemento
fundamental para recuperar el ritmo de crecimiento y favorecer la creación de
empleo, ¿por qué construir un discurso que atemoriza a los ciudadanos y alienta
a los especuladores? ¿Acaso la derecha española estaría dispuesta a ganar unas
lecciones incluso a costa de heredar un terreno calcinado, si eso fuera
necesario? No cabe ya mayor insensatez.
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