MÁS ALLÁ DEL CÁLCULO ELECTORAL

Si queremos analizar con propiedad la actual situación política en nuestro país, conviene no olvidar un dato fundamental: lo que nos diferencia del resto de los países de la Unión Europea no es que el Gobierno haya tenido que adoptar una serie de duras medidas para combatir la crisis, apoyar la estabilidad del euro, reducir el déficit público y defender el Estado del Bienestar, pues planes de ajuste económico similares han sido aplicados o anunciados por nuestros socios europeos; lo que de verdad nos singulariza hoy por hoy es que aquí, en España, sobre el principal partido de la oposición sobrevuelan los fantasmas del cohecho, la financiación ilegal y la irregularidad electoral, delitos todos ellos recogidos en el auto del juez que investiga la trama corrupta que afecta al PP valenciano, baluarte del PP nacional.  

Un reflejo de esta situación fue la algarada parlamentaria que los “populares” provocaron el pasado martes en el Senado, donde más allá de toda responsabilidad política respondieron con una bronca desmesurada a los planes de austeridad aprobados por el Gobierno de Zapatero, planes que, repito, han adoptado ya, o están a punto de hacerlo, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Irlanda o Reino Unido, y que tienen como principal punto en común –tal y como todos hemos podido seguir a través de los medios de comunicación- el recorte en el gasto público. Los “populares” pidieron por ello la dimisión del presidente, pero mantienen en su cargo, contra toda lógica, a un Camps bajo sospecha; pidieron elecciones anticipadas, pero sin aclarar si en su pretensión de ganarlas está también la de dar luego la espalda a Europa, si renunciarían a actuar conjuntamente con otras economías para salvar nuestra moneda, si están o no de acuerdo con los organismos internacionales que han defendido el ajuste planteado por nuestro Gobierno. 

Que la derecha española trate ahora de erigirse en defensora de las políticas sociales es un sarcasmo muy difícil de digerir. Durante estos seis años no han apoyado ni una sola de las medidas impulsadas por el Ejecutivo socialista, y desde luego no el progresivo y sustancial incremento de las pensiones, la multiplicación de las becas de estudio o las ayudas al alquiler, de las que se benefician doscientos mil jóvenes. Criticaron duramente la aplicación del llamado cheque bebé, pero ahora que ha sido inevitable suprimirlo se desgarran las vestiduras. Han retrasado en Madrid y Valencia la aplicación de la Ley de Dependencia, de la que ya están beneficiándose más de medio millón de personas, y parece como si consideraran un despilfarro el hecho de que más de tres millones de españoles sin empleo estén recibiendo una prestación. Porque a pesar del ruido y la furia del PP, lo cierto es que el recorte en gasto social recientemente aprobado ha sido de un uno y medio por ciento si tenemos en cuenta que lo incrementamos un cincuenta por ciento en los últimos cinco años. 

Todo en el PP es estrategia –electoral, se entiende-, y parte de esa estrategia consiste en minimizar el carácter global de esta crisis económica y exagerar su incidencia en España, al tiempo que rechaza todas y cada una de las medidas que han venido siendo adoptadas para salir de ella. Pero lo cierto es que se trata de una coyuntura mundial extraordinariamente compleja, no conocida hasta ahora, una crisis que no supieron detectar ni las instituciones financieras ni los analistas, que no es uniforme e invariable, sino que va cambiando, de ahí que sea necesario también ir cambiando la forma en que se la combate. Eso sí: todo se está haciendo de forma coordinada con el resto de países, también a la hora de pedir un gran esfuerzo de solidaridad a los ciudadanos. El objetivo para la inmensa mayoría es recuperar la senda del crecimiento; para el PP, el objetivo es ganar las próximas elecciones. Raro será que en las urnas no le digan los ciudadanos: gracias por nada.