La semana pasada, el
presidente del Gobierno tuvo que enfrentarse a uno de los trances más difíciles
de su trayectoria política al anunciar una serie de medidas impopulares
encaminadas a reducir el déficit público y a cumplir nuestros compromisos
europeos. Difícil porque siempre lo es pedir esfuerzos tan considerables a los
ciudadanos, pero particularmente porque estas medidas, sin duda duras, pero
también equitativas y plenamente justificadas, llegan precisamente cuando los
datos indican que la recuperación económica ha comenzado a producirse en el
primer trimestre de este año. Ocurre que los intereses de España están muy por
encima de cualquier cálculo electoral, o al menos es así como lo entendemos
desde el Partido Socialista.
Las turbulencias en los
mercados financieros, que no cesan, los vaivenes bursátiles, los ataques por
parte de especuladores sin escrúpulos, han dejado al descubierto, una vez más,
la fragilidad del sistema en que se asienta la economía global. Europa, la
Europa de la que formamos parte, atraviesa por un momento clave para su futuro,
y así quedará registrado en los libros de historia. La Unión Monetaria nunca
había conocido una amenaza tan seria, y para su defensa se ha aprobado el
llamado Mecanismo Europeo de Estabilización, que supone movilizar nada menos que
setecientos cincuenta mil millones de euros: una respuesta rápida, firme,
claramente comprometida con el proyecto común por el que hemos apostado y que ha
sido determinante para la prosperidad de España.
Ahora bien, cuando la economía
europea se siente amenazada por los especuladores, nuestro país también, y
cuando la Unión Europea tiene que tomar medidas extraordinarias, España también
debe tomarlas. No hay que olvidar que el Gobierno que ahora pide nuevos
esfuerzos a sus conciudadanos para corregir los efectos de la crisis es el mismo
que en los años de bonanza volcó todo su empeño en mejorar las condiciones de
vida de todos, pero especialmente de los menos favorecidos; ésa ha sido y
seguirá siendo la seña de identidad de este Gobierno. Las medidas aprobadas la
semana pasada, destinadas a reducir el déficit público, son estrictamente
necesarias para reforzar la confianza de los mercados financieros en nuestra
economía, para mantener a nuestros inversores y transmitir una imagen de
estabilidad; y, en definitiva, y esto es lo más importante, son imprescindibles
para preservar nuestro Estado del Bienestar.
Es muy posible que en ocasión
tan comprometida para los intereses de España no todos estén a la altura de las
circunstancias. Al PP se le ha pedido por activa y por pasiva que defienda la
estabilidad de nuestro sistema financiero, que ayude a generar confianza, que
realice un ejercicio de patriotismo y no siembre sospechas infundadas acerca de
nuestra economía. Lamentablemente, cuando más responsabilidad cabría esperar del
principal partido de la oposición, éste lo que intenta es desviar la atención de
los casos de corrupción en que presuntamente está involucrado; de ahí, por
ejemplo, que después de haber clamado tantas veces en contra del déficit público
ahora se rasguen las vestiduras porque se adoptan medidas para reducirlo.
Nada puede hacerse para
favorecer la sensatez política en quien está empeñado en anteponer sus sed de
poder a las necesidades de su país. Pero más allá de unos intereses electorales
está el bienestar de nuestra sociedad, y su defensa exige un esfuerzo
colectivo.
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