Unas 100 millones de personas han
muerto en todo el mundo desde que el coche se empezó a usar como medio de
transporte. En nuestro país los accidentes de tráfico siguen siendo uno de las
principales causas de muerte, por ello, el Gobierno de España se está esforzando
por paliar esta situación.
Desde el 1 de julio de 2006 se puso en
marcha en España el carnet por puntos, implantado por la DGT, que perseguía la
reeducación vial y el castigo a los conductores reincidentes, dejando de ser la
autorización para conducir vitalicia y convirtiéndose en crediticia.
Desde ese año ha habido un cambio de
conducta entre los conductores que se ha visto reflejado en una reducción
significativa de la mortalidad en las carreteras y además se ha visto la
necesidad de llevar a cabo una reforma integral del procedimiento sancionador de
modo que sea más eficaz, más justo y sencillo para el ciudadano.
Basándose en esta tónica, el ministro
del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentaba esta semana pasada la nueva
Ley de Seguridad Vial, que fue aprobada en noviembre y que entrará en vigor el
próximo martes 25 de mayo afectando a los más de 25 millones de conductores
censados en España. Una Ley que se presenta como más sencilla, más justa y que
ahorrará dinero a la mayoría de los conductores que pagan sus multas y, sobre
todo, acabará con la impunidad de aquellos conductores que constantemente
incumplen las normas.
Esta Ley tiene una máxima marcada y es
la de favorecer a los conductores que quieran pagar la multa, que son la mayoría
de los ciudadanos, por tanto, quienes la paguen pagarán menos y de forma más
sencilla y quienes no lo hagan lo van a tener más difícil. Esto se traduce en
que se eleva del 30 al 50% el descuento de las multas por pronto pago y se crea
un expediente sancionador abreviado a quien no lo haga.
La nueva norma, aprobada por el
Congreso de los Diputados, también reduce de 27 a 20 las infracciones que
acarrean la pérdida de puntos con el fin de sancionar únicamente conductas
graves y muy graves.
Otra novedad es que se amplían de 4 a 6
los puntos que un conductor pueda recuperar cuando ha perdido parte del crédito
inicial, al realizar el curso de recuperación de puntos.
También esta norma establece una
cuantía única y fija para cada infracción que será de aplicación obligatoria
para todas las administraciones. Ahora las infracciones leves serán sancionadas
con multa de 100 euros, las graves, con multa de 200 euros y las muy graves con
multa de 500 euros.
En el texto además se contempla la
creación del Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico y que el
importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico, en el
ámbito de la Administración General del Estado, se destine íntegramente a la
financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, a la
prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.
Otro de los cambios más importantes que
contempla la Ley se refiere al Procedimiento Sancionador. Se establecen tres
novedades importantes como son la creación de un procedimiento abreviado, la
terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte
del infractor y el diseño de un nuevo protocolo de notificaciones en donde se
incluyen los nuevos sistemas telemáticos de comunicación.
Para que la sociedad conozca los
cambios que se recogen en la nueva Ley, se ha preparado una campaña de
información con el mensaje Cambiamos para mejorar dirigida a los
ciudadanos en general y a los conductores en particular.
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