La agricultura de Almería ha tenido que
enfrentarse a diferentes campañas para desacreditarla en los medios de
comunicación de países que constituyen nuestros principales mercados de
exportación dentro de la UE.
Entre los asuntos en los que se han cebado
estos medios se encuentran las condiciones laborales de los trabajadores
inmigrantes del campo, que han sido tachadas pocos menos que de explotación
laboral, sin estar contratados legalmente, cobrando sueldos por debajo de lo
habitual y sin disponer de una vivienda digna, según señalaban.
Otro de los aspectos en los medios
extranjeros que se ha cuestionado de nuestra producción hortofrutícola ha sido su
salubridad, por el uso de productos fitosanitarios ilegales cuando el sistema
de alerta sanitaria ha funcionado siempre bien detectando e impidiendo que
llegara al mercado alguna partida que, de forma excepcional frente al inmenso
volumen de la producción de nuestra provincia, ha contenido este tipo de
sustancias.
Y en estas últimas semanas nuestro campo ha
padecido las acusaciones injustificadas del Gobierno alemán de ser el
responsable de la puesta en el mercado germano de productos contaminados con
una bacteria que se ha cobrado ya más de una quincena de víctimas mortales.
Esta acusación es, sin duda, la más grave
de las que nuestro campo ha tenido que encarar. La pérdida de vidas humanas por
el consumo de productos contaminados es un asunto de suma gravedad, más aún teniendo
en cuenta que hay además más de 300 personas afectadas por dicho consumo.
Es lógico que una administración pública
quiera tomar medidas para frenar en seco la contaminación de más personas con
esta bacteria, pero la forma en que el Gobierno alemán ha actuado, señalando
culpables sin pruebas y cerrando sus mercados a las producciones
hortofrutícolas españolas no tiene ningún sentido.
Hubiera sido suficiente, simplemente, con
que el Gobierno germano advirtiera y concienciara a sus compatriotas de que las
frutas y hortalizas que van consumir, para evitar riesgos, deben previamente estar
cocinadas o bien deben ser desinfectadas con lejía.
La primera reacción del Gobierno alemán ha
sido desacertada, irresponsable, insolidaria e ilegal y tendrá que responder de
la misma ante la UE, esa es la exigencia que ya ha expresado el Gobierno de
España. Quizá incluso tenga que hacerse responsable de su actuación en los
tribunales, ya que se ha anunciado por parte de los productores españoles que
llevarán el asunto ante la Justicia y el propio Ejecutivo se lo esté también
planteando.
Los productores de frutas y hortalizas
almerienses, junto a los Gobiernos de Andalucía y de España, exigen que se
restituya el daño económico ocasionado con la irresponsabilidad del Gobierno
alemán. No sólo están aún por calcularse las pérdidas millonarias que han
supuesto las acusaciones y el cierre de fronteras de Alemania a nuestros
productos, también hay que calcular la pérdida de jornales de trabajo en la
recogida y la manufactura de nuestros productos, así como del sector del
transporte. Además, el daño en la imagen de nuestra agricultura ha sido ingente
y costará años su recuperación.
Un país como Alemania, que ha dado ejemplo
de seriedad y de responsabilidad dentro de la UE, ha actuado en esta crisis del pepino de forma unilateral,
saltándose el sistema de alarma y de actuación establecido en el marco
comunitario para las alertas sanitarias, por ello esperamos que ahora que ha
reconocido ya su error actúe con la seriedad y responsabilidad de la que venía
haciendo gala para devolver a nuestra agricultura y a nuestro mercado de
trabajo lo que injustamente le ha robado.
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