TABACO O SALUD

No existe ninguna base sólida, ningún dato empírico, nada en absoluto, que avale la idea de que la prohibición de fumar en los locales de hostelería vaya a causar perjuicios económicos a este sector. Frente a esta verdad, sí está demostrado científicamente, sin embargo, que la acumulación de humo de tabaco en lugares cerrados causa enfermedades y muertes. La pregunta es: ¿por qué entonces la reforma de la Ley antitabaco encaminada a desterrar de los lugares públicos cerrados un hábito inequívocamente nocivo para la salud parece estar entorpecida por una afirmación no fundamentada, como es la del hipotético quebranto en los ingresos de bares y restaurantes? 

La semana pasada se celebró el Día Mundial sin Tabaco, y con tal motivo la OMS volvió a llamar la atención sobre la dramática incidencia de su consumo en la salud pública. Este año se ha querido subrayar la necesidad de proteger especialmente a las mujeres, por cuanto es en ellas y en los jóvenes en quienes la industria tabaquera se ha fijado como objetivo principal, relacionando el hábito de fumar con la igualdad de sexos o con el éxito profesional. El resultado de esta insana estrategia comercial es que la mortalidad por cáncer de pulmón en mujeres se ha duplicado en los últimos diez años, ya es la tercera causa de muerte por cáncer en ellas y se estima que en 2020 podría desplazar al de mama. Hoy por hoy, las jóvenes españolas fumadoras de entre dieciséis y veinticinco años ya superan en número a los chicos fumadores de esa misma franja de edad. Es necesario transmitir a las mujeres, pues, y muy particularmente a las adolescentes, que la igualdad que favorece la adicción al tabaco sólo es en cáncer, en graves y a menudo fatales dolencias cardíacas, en accidentes cerebro vasculares y en enfermedades respiratorias.  

 

Puesto que el daño que fumar le hace al cuerpo es tan evidente, ¿cómo es posible que se anteponga un supuesto perjuicio económico, sólo demostrado en lo que afecta a las propias tabacaleras y no a bares y restaurantes, que se anteponga, digo, a nuestra salud, la de todos, niños y mayores, hombres y mujeres, y muy particularmente a la salud de los profesionales de la hostelería? Cuando la portavoz de Sanidad del Grupo Popular en el Congreso dice que el proyecto de reforma de la Ley antitabaco va a hacer daño a bares y restaurantes, ¿en qué se basa? ¿De qué datos dispone? ¿O se trata simplemente de alimentar polémicas? Porque lo que sí se sabe es que en las Comunidades Autónomas en las que mejor se cumple la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, como en Cataluña, el gasto medio en hostelería de las familias ha crecido un cinco por ciento, en tanto que en Madrid, donde Esperanza Aguirre se lanzó a una cruzada en contra de esta normativa, tan solo lo ha hecho un uno y medio por ciento. Y si de datos se trata, está el de Irlanda, donde no se puede fumar ni en bares ni en restaurantes desde el 2004 y no obstante el número de personas empleadas en el sector hostelero ha crecido en casi un catorce por ciento. 

Recordemos que sólo un tercio de españoles fuman, y que no se trata de perseguir a una minoría, sino de animarles a que abandonen un hábito que muy probablemente reducirá su calidad de vida o incluso acabe con ella, de impedir, en cualquier caso, que ese daño se lo hagan a los demás y, fundamentalmente, de reducir de una manera importante la incorporación de adolescentes al consumo de tabaco. Y quien se empeñe en mantener el debate en el terreno económico, que calcule cuánto le cuesta al servicio público de salud, y por tanto a las arcas del Estado y de las Comunidades Autónomas, la atención de las enfermedades relacionadas con el tabaco.