UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD

Una parte de la ciudadanía cree aún que al hablar de políticas públicas que promuevan la igualdad de género se está hablando de beneficiar exclusivamente a las mujeres. No todos los que así opinan lo hacen porque sientan amenazadas posiciones de privilegio; también de buena fe se identifican conceptos como discriminación positiva con ventajas concretas para uno de los sexos. En realidad, de lo que se trata es de beneficiar al conjunto de la sociedad y de contribuir a la consecución de una democracia efectiva; de establecer, en suma, un modelo de convivencia realmente igualitario, en todos sus términos, en todas las facetas de la vida.

De más está decir que en este aspecto España ha avanzado mucho estos últimos treinta años, pero tampoco se descubre nada nuevo si se subraya el hecho de que todavía queda mucho por hacer. Un ejemplo: el nivel educativo de las mujeres ha mejorado ostensiblemente, y sin embargo este hecho no se refleja, en la misma medida, en el ámbito laboral. Se ha avanzado, cierto, pero es como si parte de esos avances no tuvieran luego un eco perfectamente reconocible en el terreno de los hechos prácticos.

Nos hemos impuesto, en este sentido, el importante reto de conseguir que conciliación signifique de verdad hacer compatible tener una familia, tener un puesto de trabajo y tener tiempo libre, y que signifique exactamente lo mismo para el hombre y para la mujer, en las mismas condiciones, con el mismo grado de responsabilidad. Y que la inmensa mayoría de las mujeres que trabajan fuera de casa no esboce para sí una sonrisa escéptica y algo resignada cuando oye hablar de estas cosas, pues no en vano el ochenta por ciento de ellas sigue ocupándose también de las tareas del hogar frente al treinta y cinco por ciento de los hombres empleados. Ése es el reto. Uno de ellos.

Dos leyes, una de ámbito estatal y otra andaluza, establecieron en 2007 un amplio marco legislativo que compromete a toda la sociedad en la consecución de la igualdad de trato. En Andalucía, nuestro renovado Estatuto de Autonomía había asumido ya la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como principio que vertebra todo su articulado, y ya antes la perspectiva de género venía propiciando iniciativas significativas, tales como la obligatoriedad del informe de impacto de género en todos los proyectos de ley y reglamentos, la incorporación del enfoque de género en los presupuestos de la Comunidad o la representación equilibrada en la composición del Consejo de Gobierno.

La semana pasada, y en cumplimiento de lo estipulado en la Ley andaluza para la promoción de la igualdad, el Gobierno autonómico aprobó el primer Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, con una vigencia de cuatro años y una inversión de casi tres mil millones de euros (dos mil novecientos setenta y ocho, para ser exactos). Su objetivo: eliminar las discriminaciones por razón de sexo en los ámbitos educativo, laboral, cultural y social. Involucra a todas las Consejerías, y fija como requisito imprescindible para una aplicación eficaz la implicación de todos los sectores de la sociedad andaluza; sólo así será una herramienta útil, que responda a necesidades reales y que reduzca el espacio que aún separa la noble aspiración de la igualdad de la igualdad misma, una igualdad plena, sin matices.