Este podría ser el año en que
se alcanzara un gran pacto social y político por la educación, lo que
constituiría por sí mismo el hecho más relevante de cuantos pudieran tener lugar
a lo largo de estos doce meses. Demandado por el conjunto de los ciudadanos como
una necesidad, impulsado por el Gobierno central y considerado viable por el
principal partido de la oposición, lo que este gran pacto de Estado pretende es,
fundamentalmente, preservar tan importante cuestión de la confrontación política
y dotar a nuestro país de un modelo educativo estable, que pueda ser asumido en
sus líneas maestras por todos los partidos con opciones de alternarse en el
gobierno y que permita alcanzar por fin la tan ansiada convergencia con los
mejores sistemas educativos europeos.
Hay un dato que no deja lugar
a dudas: desde 1980 han sido aprobadas doce leyes orgánicas de ámbito estatal en
materia educativa. Demasiadas. Es preciso alcanzar una estabilidad normativa, y,
al mismo tiempo, un gran acuerdo de financiación. Es decir, que gobierne quien
gobierne e independientemente de la coyuntura económica de cada momento, hay que
garantizar la equiparación con los países de nuestro entorno en relación con el
PIB y en gasto por alumno. A partir de ahí, el Ministerio ha establecido una
serie de cuestiones prioritarias: la reducción del abandono y el fracaso
escolar, el impulso de la Educación Infantil, una nueva Formación Profesional
que responda a los actuales retos del mercado laboral, la modernización
tecnológica del sistema educativo, el Espacio Europeo de Educación Superior, las
becas o el respeto a la labor del profesorado, entre otras.
Es encomiable el esfuerzo del
ministro Ángel Gabilondo, que está llevando a cabo el diálogo para el Pacto en
tres escenarios o mesas: con las Comunidades Autónomas, con los grupos políticos
y con los agentes sociales; y es también digno de elogio la aparente disposición
del PP a alcanzar dicho acuerdo. De lograrse, sería mérito de todos, de quien
gobierna y de quien aspira a gobernar. Desde una perspectiva estrictamente
política, los ciudadanos celebrarían que unos y otros, conservadores y
progresistas, hubiéramos sido capaces de ponernos de acuerdo en aquello que es
más importante para el futuro de nuestro país. Desde luego, hay más puntos en
común que de desencuentro, y el propio ministro ha manifestado que existe una
confianza mutua, circunstancia que permite estar más atentos a aquello en lo que
se está de acuerdo que a las diferencias.
No ha de entenderse este Pacto
como un fin, sino como un medio que haría posible un sistema educativo
coherente, sólido y cohesionado, y que profundizaría en el modelo de sociedad en
el que creemos. La educación es como un nudo de conexiones entre todas las
políticas públicas, desde la economía hasta la sanidad, desde el medio ambiente
a la energía, desde la cultura a la seguridad ciudadana. El propio Presidente de
la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que desde su toma de posesión
remarcó la prioridad absoluta que en su acción de gobierno tendría la educación,
ha dejado claro que es ésta la que hace de la economía algo sostenible y que no
hay mejor inversión que la que se realiza en este terreno, pues le es devuelta a
la sociedad multiplicada.
Cuantas mayores son las
deficiencias educativas de un país más incierto es el futuro de su sociedad. Ésa
es la verdad a la que nos enfrentamos, y ésa la razón principal para alcanzar un
acuerdo.
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