lunes, 31 de mayo de 2010

No bajan las pensiones


Los pensionistas almerienses y españoles han de saber que el Gobierno no ha aprobado que se bajen sus pensiones ni que las vayan a perder, como incluso he llegado a escuchar estos días.

El Gobierno lo que ha propuesto es que los pensionistas con una pensión mínima, o con una pensión no contributiva, o con una pensión del SOVI que no concurran con otras, sigan como hasta ahora ganando un poco más cada año, según el IPC. Y el resto de pensionistas tampoco van a cobrar menos que hasta ahora, cobrarán la misma pensión que tienen ahora pero no cobrarán la subida del IPC a partir de 2011.

Si ya de por sí  es difícil dar a conocer a la ciudadanía las decisiones que un Gobierno va adoptando, en el caso de cuestiones de índole económica es mucho más complejo, y más aún al tratarse de asuntos que interesan sobre todo a personas que habitualmente no están acostumbrados a manejar la terminología económica que empleamos la clase política y los medios de comunicación.

A fecha 1 de mayo el número de pensiones contributivas en Almería se situó en 91.151, el dato más numeroso hasta la fecha. El importe medio de una pensión se situó en 631,47 euros, un 3,60% más que mayo de 2009.

En Andalucía hay 140.530 beneficiarios de prestaciones no contributivas, estos continuarán cobrando un incremento en su pensión.

El Pacto de Toledo estableció como principio “la revalorización automática de las pensiones en función de la evolución del índice de precios al consumo”. Sin embargo, durante 2009, por ejemplo, las pensiones experimentaron una revalorización del 2%, mientras que la inflación real, de noviembre sobre noviembre, fue del 0,3%. Esto refleja que el Gobierno socialista ha incrementado las pensiones por encima de lo acordado en el Pacto de Toledo. Así en 2004 la inversión en pensiones en España era de 71,6 millones de euros y en 2010 asciende a 108,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento de la inversión en pensiones del 51,2%. Así los pensionistas en España han ganado poder adquisitivo, además el Gobierno de España ha triplicado el esfuerzo presupuestario para financiar el complemento de las pensiones mínimas.

Volviendo a las medidas actuales es también importante que los pensionistas conozcan que el Gobierno se subirá a todos y a todas las pensiones según el incremento del IPC de noviembre de 2010 frente a noviembre de 2009. Esto ocurrirá si el IPC sube más del 1%, si no el Gobierno no va a bajar las pensiones, sino que mantendrá el incremento. El compromiso de los Gobiernos socialistas con los pensionistas sigue en pie.

Desde 2004 las pensiones mínimas han crecido con el PSOE más que la pensión media. Con el PSOE cada año el número de pensionistas que se sitúan en España por debajo de la denominada “línea de pobreza relativa” viene bajando continuamente y continuará haciéndolo pese a la crisis, algo que destaca sobre frente al resto de países europeos.

Durante la etapa de Gobierno de Zapatero las pensiones mínimas se han subido en un 49% y así por ejemplo, una pensión de jubilación de 65 años con cónyuge a cargo en 2004 era de 6.788 euros al año y ahora es de 10.152 euros anuales. Una persona con este tipo de pensión disfruta de un incremento en su pensión del 50% y de una ganancia de poder adquisitivo del 25%.

El Gobierno socialista ha destinado ha aumentado el gasto social en 6 años en un 58% y las medidas económicas que acaba de aprobar supondrán únicamente una reducción el gasto social del 1,5%. Es el Gobierno que más ha apostado por el gasto social dedicando más de 50% de los Presupuestos Generales del Estado en todos los años desde 2005 y en el Presupuesto para 2011 continuará destinando 1 de cada 2 euros a gasto social, por lo que es y sigue siendo el Gobierno que más ha invertido en mejorar las prestaciones sociales de todos los ciudadanas y ciudadanas, donde también están incluidas las pensiones.

MÁS ALLÁ DEL CÁLCULO ELECTORAL

Si queremos analizar con propiedad la actual situación política en nuestro país, conviene no olvidar un dato fundamental: lo que nos diferencia del resto de los países de la Unión Europea no es que el Gobierno haya tenido que adoptar una serie de duras medidas para combatir la crisis, apoyar la estabilidad del euro, reducir el déficit público y defender el Estado del Bienestar, pues planes de ajuste económico similares han sido aplicados o anunciados por nuestros socios europeos; lo que de verdad nos singulariza hoy por hoy es que aquí, en España, sobre el principal partido de la oposición sobrevuelan los fantasmas del cohecho, la financiación ilegal y la irregularidad electoral, delitos todos ellos recogidos en el auto del juez que investiga la trama corrupta que afecta al PP valenciano, baluarte del PP nacional.  

Un reflejo de esta situación fue la algarada parlamentaria que los “populares” provocaron el pasado martes en el Senado, donde más allá de toda responsabilidad política respondieron con una bronca desmesurada a los planes de austeridad aprobados por el Gobierno de Zapatero, planes que, repito, han adoptado ya, o están a punto de hacerlo, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Irlanda o Reino Unido, y que tienen como principal punto en común –tal y como todos hemos podido seguir a través de los medios de comunicación- el recorte en el gasto público. Los “populares” pidieron por ello la dimisión del presidente, pero mantienen en su cargo, contra toda lógica, a un Camps bajo sospecha; pidieron elecciones anticipadas, pero sin aclarar si en su pretensión de ganarlas está también la de dar luego la espalda a Europa, si renunciarían a actuar conjuntamente con otras economías para salvar nuestra moneda, si están o no de acuerdo con los organismos internacionales que han defendido el ajuste planteado por nuestro Gobierno. 

Que la derecha española trate ahora de erigirse en defensora de las políticas sociales es un sarcasmo muy difícil de digerir. Durante estos seis años no han apoyado ni una sola de las medidas impulsadas por el Ejecutivo socialista, y desde luego no el progresivo y sustancial incremento de las pensiones, la multiplicación de las becas de estudio o las ayudas al alquiler, de las que se benefician doscientos mil jóvenes. Criticaron duramente la aplicación del llamado cheque bebé, pero ahora que ha sido inevitable suprimirlo se desgarran las vestiduras. Han retrasado en Madrid y Valencia la aplicación de la Ley de Dependencia, de la que ya están beneficiándose más de medio millón de personas, y parece como si consideraran un despilfarro el hecho de que más de tres millones de españoles sin empleo estén recibiendo una prestación. Porque a pesar del ruido y la furia del PP, lo cierto es que el recorte en gasto social recientemente aprobado ha sido de un uno y medio por ciento si tenemos en cuenta que lo incrementamos un cincuenta por ciento en los últimos cinco años. 

Todo en el PP es estrategia –electoral, se entiende-, y parte de esa estrategia consiste en minimizar el carácter global de esta crisis económica y exagerar su incidencia en España, al tiempo que rechaza todas y cada una de las medidas que han venido siendo adoptadas para salir de ella. Pero lo cierto es que se trata de una coyuntura mundial extraordinariamente compleja, no conocida hasta ahora, una crisis que no supieron detectar ni las instituciones financieras ni los analistas, que no es uniforme e invariable, sino que va cambiando, de ahí que sea necesario también ir cambiando la forma en que se la combate. Eso sí: todo se está haciendo de forma coordinada con el resto de países, también a la hora de pedir un gran esfuerzo de solidaridad a los ciudadanos. El objetivo para la inmensa mayoría es recuperar la senda del crecimiento; para el PP, el objetivo es ganar las próximas elecciones. Raro será que en las urnas no le digan los ciudadanos: gracias por nada.

lunes, 24 de mayo de 2010

Por una Seguridad Vial mejor

Unas 100 millones de personas han muerto en todo el mundo desde que el coche se empezó  a usar como medio de transporte. En nuestro país los accidentes de tráfico siguen siendo uno de las principales causas de muerte, por ello, el Gobierno de España se está esforzando por paliar esta situación.

Desde el 1 de julio de 2006 se puso en marcha en España el carnet por puntos, implantado por la DGT, que perseguía la reeducación vial y el castigo a los conductores reincidentes, dejando de ser la autorización para conducir vitalicia y convirtiéndose en crediticia.

Desde ese año ha habido un cambio de conducta entre los conductores que se ha visto reflejado en una reducción significativa de la mortalidad en las carreteras y además se ha visto la necesidad de llevar a cabo una reforma integral del procedimiento sancionador de modo que sea más eficaz, más justo y sencillo para el ciudadano.

Basándose en esta tónica, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, presentaba esta semana pasada la nueva Ley de Seguridad Vial, que fue aprobada en noviembre y que entrará en vigor el próximo martes 25 de mayo afectando a los más de 25 millones de conductores censados en España. Una Ley que se presenta como más sencilla, más justa y que ahorrará dinero a la mayoría de los conductores que pagan sus multas y, sobre todo, acabará con la impunidad de aquellos conductores que constantemente incumplen las normas. 

Esta Ley tiene una máxima marcada y es la de favorecer a los conductores que quieran pagar la multa, que son la mayoría de los ciudadanos, por tanto, quienes la paguen pagarán menos y de forma más sencilla y quienes no lo hagan lo van a tener más difícil. Esto se traduce en que se eleva del 30 al 50% el descuento de las multas por pronto pago y se crea un expediente sancionador abreviado a quien no lo haga.

La nueva norma, aprobada por el Congreso de los Diputados, también reduce de 27 a 20 las infracciones que acarrean la pérdida de puntos con el fin de sancionar únicamente conductas graves y muy graves. 

Otra novedad es que se amplían de 4 a 6 los puntos que un conductor pueda recuperar cuando ha perdido parte del crédito inicial, al realizar el curso de recuperación de puntos.
También esta norma establece una cuantía única y fija para cada infracción que será de aplicación obligatoria para todas las administraciones. Ahora las infracciones leves serán sancionadas con multa de 100 euros, las graves, con multa de 200 euros y las muy graves con multa de 500 euros.

En el texto además se contempla la creación del Registro Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico y que el importe de las sanciones económicas obtenidas por infracciones de tráfico, en el ámbito de la Administración General del Estado, se destine íntegramente a la financiación de actuaciones y servicios en materia de seguridad vial, a la prevención de accidentes de tráfico y ayuda a las víctimas.

Otro de los cambios más importantes que contempla la Ley se refiere al Procedimiento Sancionador. Se establecen tres  novedades importantes como son la creación de un procedimiento abreviado, la terminación de oficio del procedimiento ante la falta de actuaciones por parte del infractor y el diseño de un nuevo protocolo de notificaciones en donde se incluyen los nuevos sistemas telemáticos de comunicación.

Para que la sociedad conozca los cambios que se recogen en la nueva Ley, se ha preparado una campaña de información con el mensaje Cambiamos para mejorar dirigida a los ciudadanos en general y a los conductores en particular.

MIGUEL HERNÁNDEZ

En una hermosa canción de los años setenta escrita por Patxi Andión en recuerdo de Federico García Lorca hay un verso que estremece por su sensitiva mezcla de sencillez y hondura: “Tú poeta y ellos tantos...”. Esa misma imagen de vulnerabilidad poética frente a la sangrienta barbarie del rencor y la tiranía viene también a la mente cuando se piensa en Miguel Hernández y en el desolador desenlace de una vida dedicada a las letras y a la encendida defensa de la justicia y de la dignidad del pueblo.

Hernández hubiera cumplido cien años este 2010, pero murió con apenas treinta y uno en una prisión de Alicante, enfermo sin tratamientos, conmutada hacía poco una condena a muerte que había sido dictada “por escribir versos y ser el poeta del pueblo”. Los españoles de entonces ni siquiera supieron de su fallecimiento, porque además de a muerte y, luego, a treinta años de prisión, las autoridades franquistas le habían condenado al olvido. Dejaba, a pesar de su juventud, un legado literario imperecedero y un ejemplo personal de compromiso, pero su familia hubo de vivir durante décadas en la oscuridad, procurando no llamar la atención de los opresores, “amargaicos”, como dijo recientemente alguien que los conocía bien. Él poeta y ellos tantos y durante tanto tiempo y con tanta crueldad acumulada.

Miguel Hernández será para siempre ese retrato a carboncillo que de él hizo Antonio Buero Vallejo en la celda que compartieron, y los versos arrebatados y arrebatadores que cantó Serrat en la primera mitad de los setenta, aquel “Para la libertad” que vibraba en la garganta de Joan Manuel y era un apasionado aviso a navegantes: “Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, /ella pondrá dos piedras de futura mirada / y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan / en la carne talada”.

Coincidiendo con la conmemoración del centenario de su nacimiento –que ha salpicado de actos de homenaje toda la geografía española-, el Gobierno español ha rehabilitado oficialmente la memoria y el nombre del escritor mediante una Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal aprobada por el Ministerio de Justicia de acuerdo con la Ley de Memoria Histórica. En dicho documento, todo un ejercicio de desagravio a quienes sufrieron persecución y violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, se deja claro que Hernández “ingresó injustamente en prisión y fue condenado a muerte en virtud de una sentencia dictada sin las debidas garantías por el ilegítimo Consejo de Guerra”. Para la Historia de la Literatura es un grande entre los grandes; a los suyos les faltaba que también su imagen fuera definitivamente rehabilitada.

No ha quedado al margen Almería de los homenajes que se le tributarán a lo largo de todo el año. La figura y la obra de Miguel Hernández, su sensibilidad e intensidad, serán objeto de atención en diversos actos culturales, entre ellos unas Jornadas Literarias organizadas por la Diputación Provincial a través del Instituto de Estudios Almerienses. Y es que en la hora de la admiración bien podemos afirmar: él poeta y nosotros tantos.