Una justicia más ágil en beneficio de todos

Cualquier ciudadano o ciudadana, sin esperarlo, puede requerir  los servicios judiciales para resolver un impago a su empresa, el reparto de sus bienes gananciales, o una denuncia de tráfico. Es en ese momento cuando realmente el ciudadano padece la lamentable lentitud de la Justicia en España.

Las causas que motivan las demoras en las resoluciones judiciales son múltiples: las garantías jurídicas que ofrece el sistema español, la alta litigiosidad, la necesidad más personal e infraestructuras judiciales, o de digitalización, conexión y modernización de los órganos judiciales, entre otras muchas.

El Gobierno socialista de España, desde su llegada a la Moncloa, está trabajando desde diversas perspectivas, de la mano de los representantes del personal judicial, para resolver, en la medida de sus posibilidades, este grave problema.

Una de las últimas actuaciones que inciden en esta línea es el proyecto de Ley de Medidas para la Agilización de la Justicia que ha sido aprobado a comienzos del mes de marzo por el Consejo de Gobierno.

Con esta Ley se pretende, sin recortar garantías o derechos judiciales, lograr que los procesos judiciales sean más ágiles, más rápidos y más baratos.

Se busca  precisamente mayor protección judicial para la parte más débil en los procesos, es decir, para las personas con menos recursos económicos que afrontan un proceso que se puede demorar años, con los costes que ello conlleva en abogados y procuradores.

También se persigue que el Tribunal Supremo pueda concentrar su actividad en unificar doctrina judicial, su tarea principal.

Este proyecto de Ley de Medidas para la Agilización de la Justicia está muy enfocado, entre otros, a agilizar un tipo de proceso judicial que en los últimos años ha crecido mucho, con la crisis, con la reducción del crédito bancario y con los impagos; son los llamados procesos monitorios.

Este tipo de proceso rápido, puede usarse según la legislación actual para reclamar cantidades inferiores a 250.000 euros. El proceso monitorio no precisa de abogado, ni de procurador y con esta nueva Ley el Gobierno pretende que este tipo de procedimiento pueda usarse también para reclamar más de 250.000 euros y extender su uso a los juicios de desahucio.

Además también el anteproyecto contempla que los procesos sean más cortos eliminando trámites innecesarios, pero siempre garantizando los derechos y garantías judiciales.

Y también la Ley pretende simplificar los recursos para agilizar la tramitación. Según la normativa actual cuando una de las partes de un proceso judicial no está de acuerdo con una sentencia puede recurrirla, lo que supone que sea revisada por una instancia superior. En el anteproyecto de Ley se plantea que no sean recurribles los juicios de menos de 6.000 euros, porque los costes y el retraso que supone apelar en casos de esta cuantía no compensa n a nadie, salvo a quien ha perdido el juicio y quiere dilatar el pago al que ha sido condenado.

Y tampoco se podrá recurrir al Tribunal Supremo cuando se recurra un pleito económico no alcance 800.000 euros, mientras que ahora se puede recurrir si se eleva a 150.000 euros.

Asimismo con este anteproyecto de Ley se acerca al ciudadano la administración de Justicia de forma que si un almeriense quiere pleitear por una decisión tomada por una administración de nuestra Comunidad Autónoma, ya no tendrá que hacerlo en Sevilla sino que podrá hacerlo en el Juzgado de Almería.

Una Justicia lenta es una justicia menos justa, que no satisface las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, que no representa realmente su calidad, que no hace justicia a la labor que desarrollan los trabajadores judiciales, que no refleja la modernidad nuestra legislación y de nuestro país. Agilizar el sistema judicial es mejorar un servicio público y de interés general, de ahí el compromiso del Gobierno Socialista con esta imperiosa necesidad.