En España, los Gobiernos Socialistas iniciaron y desarrollan las políticas sociales.
El acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos básicos han conformado el Estado del Bienestar. Así se ha consolidado a través de la universalización de derechos como la Sanidad en 1986 que afectó entonces a seis millones de ciudadanos y ciudadanas; de la Educación pública y gratuita de los 6 a los 16 años; el fuerte incremento de las becas y expansión de la educación universitaria, a lo largo de los años 80 del siglo XX; la Ley de integración social de los minusválidos creada en 1982, que inició el reconocimiento de derechos asistenciales económicos y de empleo; la racionalización de las pensiones de jubilación e invalidez a partir de 1985; la concesión de pensiones no contributivas aprobada en 1990 y que supuso el reconocimiento de este derecho a muchos de nuestros mayores.
Estos hitos innegables conseguidos con Gobiernos Socialistas en los inicios de la Democracia se vieron interrumpidos durante 8 años donde no se avanzó en el desarrollo y mejora de los servicios de la sanidad, la educación, o las pensiones, ni en incorporar nuevos derechos.
En materia sanitaria, por ejemplo con el Gobierno del Partido Popular se inició la privatización bajo fórmulas de ceder la gestión de nuevos hospitales públicos a Fundaciones Sanitarias y así continúa en las Comunidades Autónomas donde gobiernan, ahora directamente con empresas privadas, como es el caso de Madrid y de Valencia.
Gracias al trabajo por la protección social de los Gobiernos Socialistas además de la sanidad pública, la educación gratuita y universal y las becas al estudio, los españoles disfrutamos de permisos de paternidad y maternidad, de estudios universitarios públicos con los que el estudiante sólo abona el 15% de su coste efectivo, uno de los más bajos de la UE; de un sistema de cobertura de desempleo con atención personalizada para la recualificación y reincorporación al mercado laboral; de ventajas fiscales, de reducción de trámites y de reducción de costes para la puesta en marcha de un negocio propio; de prestación asistencial y programas de integración para personas con discapacidad y dependencia; entre otros.
Todo esto hace que, sin contar las prestaciones por desempleo, el Gobierno de Zapatero en materia de política social ha destinado el 40% más de recursos que el Gobierno del Partido Popular. Y además ha creado y mantenido, pese a la crisis, nuevos derechos sociales a través de la Ley de Dependencia, del permiso de paternidad y la ampliación del permiso de maternidad, de derechos asociados a las parejas de hecho como el reconocimiento de la pensión, de la protección y ayuda a las víctimas de la violencia de género, de derechos de prestación por desempleo a los autónomos, de derechos de los emigrantes como el resto de españoles a la sanidad y la dependencia, o de nuevos derechos para personas sordas y sordociegas.
Las cifras hablan: frente a los 1.525 millones de euros que en 2004 destinó el PP a la educación en España en 2011 se han destinado 2.843 millones con el PSOE (un 86% más), frente a los 74.156 millones que destinó el Gobierno de Aznar en 2004 a pensiones en 2011 el de Zapatero ha destinado 112.216 millones (un 51% más) y así podríamos seguir enumerando las diferencias en las inversiones en sanidad (un 19% más), en el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (un 39% más) y otros.
El Gobierno Socialista, pese a la crisis, no paraliza su gran compromiso con los avances sociales, garantizar su sostenibilidad y atender las nuevas necesidades con un nuevo modelo productivo, frente al PP, cuya política social se basa en esperar que le caiga del cielo sin hacer nada.
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