Las confesiones del PP

Con la excusa de la crisis, hay quienes se están atreviendo a hablar en público de ese retroceso en los derechos sociales que tanto tiempo llevaban deseando y que no se atrevían a confesar. En las últimas semanas, hemos podido escuchar la confesión del presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, sobre la conveniencia de establecer el copago para la sanidad y la educación. Parecidas señales se han producido en la Comunidad de Madrid, donde el Gobierno de Esperanza Aguirre ya lo tiene todo listo para implantar el copago sanitario.

Lo del copago, que suena a fórmula solidaria, es en realidad una manera educada de llamar a lo que todos conocemos como la ley de la selva: que sobreviva el más fuerte. En términos prácticos, el copago supone que los ciudadanos pagarán dos veces por lo mismo: la primera a través de sus impuestos y la segunda cuando utilicen la sanidad o la educación. Así, todos los contribuyentes destinaremos una parte de nuestros impuestos a estos dos servicios, pero a la hora de la verdad, sólo podrán disfrutar de una buena educación o de una atención sanitaria adecuada quienes puedan aflojar más dinero.

Contra toda lógica, quien se enferme más tendrá que pagar más. Y quien no pueda pagar una educación de primera deberá conformarse el resto de su vida con puestos de trabajo de segunda.

La sanidad y la educación son dos pilares fundamentales del Estado de Bienestar, y el acceso universal y gratuito a estas prestaciones favorece la igualdad de oportunidades y la justicia social, dos términos que algunos líderes de la derecha no han conseguido asimilar todavía en estos treinta años de democracia.

Gracias a las políticas desarrolladas por los distintos Gobiernos socialistas en las últimas décadas, el sistema sanitario público de salud se ha consolidado como el garante del derecho de los ciudadanos a la protección de la salud, de forma universalizada, sin que nadie se vea discriminado por razones económicas, sociales, raciales o geográficas. El esfuerzo realizado ha contribuido a una mejora indudable y comprobada de los niveles de salud de la población, alcanzando estándares comparables e incluso superiores a otros países de nuestro entorno político y socioeconómico.

Por lo que respecta al ámbito educativo, en Andalucía sólo tenemos que comparar el nivel de analfabetismo previo al primer Estatuto de Autonomía, superior al 14% de la población, con el que se registra hoy día y que es prácticamente residual. Este enorme avance se ha conseguido con medidas tendentes a la democratización del acceso a la educación como ha sido el aumento del número de becas, la gratuidad de los libros de texto o el transporte escolar gratuito.

La crisis no puede servir de excusa para esta reducción de los límites del Estado que plantea la derecha y que supondría, inevitablemente, un enorme retroceso en los derechos ciudadanos que tanto trabajo ha costado conseguir. Los Gobiernos socialistas de España y de Andalucía han demostrado que se pueden aplicar medidas de austeridad económica, de contención del gasto y de reducción del déficit público sin dar ni un solo paso atrás en políticas sociales. Por el contrario, han demostrado la viabilidad de un nuestro modelo, que incluye como elemento fundamental el mantenimiento del carácter universal y gratuito de los servicios públicos esenciales.

Lo más peligroso de las propuestas de la derecha es que se están lanzando disimuladamente. Pocos líderes nacionales han tenido la gallardía de reconocer que, aunque no lo digan, planteamientos como el del copago son la columna vertebral de sus programas. Por ello, el ciudadano debe estar más vigilante que nunca.