Los españoles no olvidaremos fácilmente la fecha del 7 de
julio de 2010, el día en que la selección española de fútbol, tras un memorable
partido contra Alemania, logró nada menos que su pase a la final de un Mundial.
Sin duda un hecho verdaderamente importante, como importante fue también la
aprobación unánime en el Senado, ése mismo día, del proyecto de ley que
establece un sistema específico de protección por cese de actividad a los
trabajadores autónomos.
Objetivamente, ningún Gobierno anterior se
había mostrado tan claramente comprometido con el colectivo de autónomos como
los presididos por José Luis Rodríguez Zapatero. Los socialistas hemos
legislado en apoyo a un grupo que representa un motor fundamental del país. La
aprobación en junio de 2007 del Estatuto del Trabajo Autónomo ya supuso un
antes y un después en cuestiones tan fundamentales como los derechos de este
colectivo, el fomento del empleo autónomo y su protección social. Se trata de
un marco jurídico único en Europa que, buscando la equiparación efectiva del
trabajo autónomo y el trabajo por cuenta ajena, abría el camino para que en su
desarrollo normativo pudieran igualarse ambos en cuanto a protección laboral y,
más concretamente, en un aspecto tan importante como es la protección por
desempleo.
Todo este gran impulso legislativo estaba
fundamentado en el reconocimiento a la actitud emprendedora del colectivo
autónomo y a su capital contribución a la sociedad. El impacto de la crisis
económica, que ha afectado con igual dureza tanto a los asalariados como a los
autónomos –de manera muy particular en sectores como la construcción o el
comercio-, hacía aún más necesario que esa protección social se concretara en
una serie de requisitos y plazos. De este modo, y cuando el proyecto se
convierta definitivamente en ley y como tal entre en vigor, los trabajadores
por cuenta propia que hayan cotizado menos de 43 meses tendrán medio año de
prestación, los que lo hayan hecho entre 43 y 48 meses, ocho meses, y quienes
hayan cotizado más de 48 meses tendrán derecho a una prestación por desempleo
de un año.
Casi cincuenta y tres mil autónomos
almerienses, el veintiuno por ciento de los afiliados a la Seguridad Social en
nuestra provincia, podrán beneficiarse de esta medida, y, aunque no se trata de
una iniciativa coyuntural, no cabe duda de que supondrá un respiro para un
colectivo que lo está pasando especialmente mal en estos momentos. El cierre de
negocios ha sido una de las consecuencias más visibles de la crisis económica;
se trata de pequeñas empresas, en unos casos creadas recientemente, en otros
con una larga trayectoria a sus espaldas, detrás de las cuales hay siempre
hombres y mujeres que emprendieron la aventura de trabajar por cuenta propia y
que con esta futura ley podrán acogerse a una protección por desempleo si
llegase la hora, siempre amarga, de tener que poner fin a su actividad.
Los socialistas no les hemos fallado a los
autónomos, y, aunque no es ocasión para el reproche político, resulta
inevitable al menos mencionar que los gobiernos del PP no dieron un solo paso
en su favor. Quedémonos con el dato edificante y esperanzador de que tanto en
el Congreso como en el Senado el proyecto de ley ha sido aprobado por
unanimidad, lo que viene a demostrar una vez más que es posible trabajar
juntos: los ciudadanos lo saben, y esperan que ocurra con mucha más frecuencia.
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