Desde los Presupuestos
Generales del Estado de 2005 se puede apreciar cuantitativamente que el
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha trabajado para mejorar
las condiciones laborales de los trabajadores autónomos.
Así se han ido aprobando
anualmente cerca de 10 millones de euros para impartir formación continua; se
han aprobado proyectos EQUAL del Fondo Social Europeo por importe de 37,2
millones de euros, en los que participan organizaciones de la economía social y
de autónomos; se ha mejorado la medida de fomento del autoempleo de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único, entre otras medias e
inversiones para este sector de trabajadores.
Pero sin duda la
iniciativa más decisiva en favor de la protección y cobertura social y laboral
de los trabajadores autónomos, que responde también a las reivindicaciones
históricas del sector, fue la aprobación en junio de 2007 por el Congreso de los
Diputados del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Como en todos los avances
en derechos de la sociedad española, tuvo que ser un Gobierno Socialista llevara
adelante este Estatuto, mientras que la derecha ha utilizado las aspiraciones de
los autónomos buscando el rédito electoral, pero sin concederles a éstos tres
millones de personas los derechos de ciudadanía, como demostraron en la etapa de
gobierno de Aznar.
En el Estatuto del
Trabajo Autónomo se reconoce por primera vez el derecho de los trabajadores
autónomos a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, a la libre
elección de profesión u oficio, a la seguridad y salud en el trabajo y a la
conciliación de la vida familiar y profesional.
Además en este Estatuto
se mejoran las prestaciones sociales, se contempla una política de fomento del
trabajo autónomo y se regula el trabajo autónomo económicamente dependiente.
Cabe destacar igualmente de este Estatuto que recoge el reconocimiento para que
los autónomos puedan contratar laboralmente además, de a los familiares que no
convivan con él, a los hijos menores de 30 años que aún están en el hogar del
titular de la actividad.
Desde la aprobación en
junio de 2007 del Estatuto de Trabajo autónomo el Gobierno socialista ha seguido
dando pasos para atender las demandas del colectivo de los autónomos, como por
ejemplo la aprobación en los PGE de 2008 de diversas actuaciones para favorecer
el autoempleo en el trabajo autónomo, tales como el establecimiento de una base
de cotización mínima al RETA de 700 euros al mes para autónomos que se dediquen
a la venta ambulante o a domicilio y la devolución del 50% de la cotización al
RETA que exceda al año de 10.440 euros en los casos de pluriactividad (pago por
el Régimen General de la Seguridad Social y por el Régimen Especial de Trabajo
Autónomo).
También ha supuesto un
paso fundamental la constitución de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y las
asociaciones representativas del sector en el mes de marzo de 2009. Poco
después, en mayo, el ministro de Trabajo firmó con ATA, CEAT y UPTA un acuerdo
de 18 medidas que se articulaban alrededor del fomento del desempleo, fomento de
la contratación laboral y medidas de protección social y de mejora de la
financiación de este sector.
Fruto de este clima de
diálogo con los agentes del sector, está el hito que se ha logrado con la
aprobación hace un par de semanas por parte del Congreso de los Diputados del
Proyecto de Ley para la protección social por cese de actividad del trabajador
autónomo, cuya medida más sobresaliente es que podrán acceder a una prestación
de desempleo de 12 meses, lo que supone un mayor acercamiento de los autónomos a
los derechos que disfrutan los trabajadores por cuenta
ajena.
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