Con demasiada frecuencia resulta necesario recordarles a
los dirigentes del Partido Popular que en política no todo vale. Es, a todas
luces, un hecho que todos los ciudadanos podemos suscribir, incluso que se da por supuesto,
pero no deja de asombrar cómo desde las filas conservadoras se sobrepasa una y
otra vez la línea que separa lo admisible de lo inadmisible.
En la vecina comunidad murciana se produjo hace apenas
unos días un hecho absolutamente execrable: la brutal agresión a un miembro del
Gobierno regional, el consejero de Cultura. Tan repudiable acción será
castigada donde corresponde, en los tribunales, pero parece como si los
dirigentes “populares” hubieran decidido que en las heridas de uno de los suyos
podrían pescarse algunos votos y, de paso, tratar de amordazar con ellas a la
oposición.
Algo así es tan difícil de decir como de asimilar,
créanme. Pero lo cierto es que, como sin duda ya saben, el presidente murciano
tardó muy poco en relacionar este acto de violencia con las protestas que
funcionarios y sindicatos están llevando a cabo en contra de los recortes que
su Gobierno ha impuesto a los empleados públicos, y, sobre todo, con las críticas
de la oposición. Lejos de desautorizarle, dirigentes “populares” de toda España
se sumaron a esta imputación, a esta calumnia, y con ello le han concedido a
los salvajes agresores, siquiera durante unos días, categoría política y la
capacidad de dividir a los demócratas.
Insinuar que quien critica públicamente lo que considera
una mala gestión de un Gobierno alienta la violencia no es sólo una insidia,
es, sobre todo, un inquietante intento de debilitar el funcionamiento
democrático. Naturalmente que los socialistas murcianos, como parte de su labor
de oposición, han expresado su discrepancia con aquellas medidas que consideran
inadecuadas; naturalmente que los duros recortes a los funcionarios de la
región vecina han provocado el descontento de los afectados y su movilización;
pero relacionar esa discrepancia, ese descontento, esas movilizaciones
pacíficas y legítimas con una agresión física es, simplemente, una canallada:
en democracia, quien gobierna está sometido a la crítica, faltaría más.
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